"Escasean la lógica y el sentido común entre nuestros legisladores"

Abogada desde los años 60 y fundadora de los primeros despachos laboralistas, Manuela Carmena ha dedicado toda su vida a luchar contra la injusticia, la corrupción y la burocracia. Ni el atentado contra los abogados de Atocha, que acabó con la vida de varios de sus compañeros y amigos, ni la difícil situación que vivió como vocal del Consejo General del Poder Judicial y delegada para el País Vasco amedrentaron su firme voluntad de contribuir a la construcción de una sociedad más justa.

Ahora, alejada de su labor como magistrada y jueza desde su jubilación en 2010, sigue empecinada en “reinventar la justicia”. Todo ello en un momento en el que, según asegura a ACyV, “escasea la lógica y el sentido común” entre los legisladores. Unas reflexiones en las que profundiza, intercalando con sus vivencias, en Por qué las cosas pueden ser diferentes(Clave intelectual). Como afirma Carmena, “los cambios uno a uno significan poco, pero la acumulación de muchos pequeños cambios puede hacer que el mundo sea diferente”.

Para la exjueza, el punto de partida para poner regenerar el sistema judicial y ponerlo al servicio de la ciudadanía pasa por analizar y evaluar constantemente el efecto que las leyes tienen en la sociedad. “No puede ser que no exista un seguimiento de lo que ocurre con las leyes una vez promulgadas, que no se evalúe cuál ha sido su resultado, y si sus efectos han sido positivos o negativos. Me sorprende que no exista ningún gabinete oficial de análisis de la legislación. Vamos a ciegas”, lamenta.

La necesidad del management

Esta evaluación resultaría especialmente necesaria de cara a la modificación de toda ley anterior si lo que se pretende es mejorarla. Por el contrario, la práctica habitual es “lanzarse al vacío”, sin ensayar las leyes antes de promulgarlas, critica Carmena. Un error de planteamiento, insiste, que nos ha llevado a “legislar siguiendo un proyección geométrica, sin ton ni son”, hasta el punto de que muchos de los responsables del poder legislativo “ni siquiera saben qué leyes están en vigor y de qué tratan. Es aterrador”.

Como ejemplo, cita un artículo del Código Civil en el que se interpreta que “si existe la duda sobre si el patrón le ha pagado o no al trabajador, siempre habrá que creer al primero. Aunque esto está tácitamente derogado por la legislación laboral, ni siquiera nos hemos molestado en eliminarlo”.

La llamada “rutinización” en el modo de elaborar las leyes es otra de las críticas que realiza Carmena, lo que entronca, dice, con la falta de formación práctica de los juristas, que “nada sabemos de gestión y, menos aún de gestión pública. Estudiamos y memorizamos las normas procesales, pero no nos interesamos en cómo llevarlas a la práctica ni en cómo se producen”. Como consecuencia, se ha extendido la idea entre jueces y políticos de que para gestionar bien “basta con promulgar procedimientos y dotarse de medios, pero la realidad nos dice lo contrario”.

La antítesis de esta mala praxis es EEUU, en donde sí se ha desarrollado una formación específica profesional en la gestión judicial. Sin embargo, reconoce que en la mayor parte de los países europeos, la gestión judicial es profundamente desconocida y no se tienen en cuenta para administrar los organismos judiciales. La despreocupación y la carencia de conocimientos en torno al denominado management judicial, apunta la exjueza, alimenta una visión errónea, porque “lo decisivo nunca son los medios materiales y personales, sino la capacidad de gestionarlos bien”.

La trampa de la tecnificación

Por todo ello, para Carmena es apremiante reinventar el sistema judicial e introducir una variable en las reglas del juego que le parece fundamental: la ciudadanía. “Cada ciudadano debería poder dirigirse al Parlamento, y los diputados deberían estar obligados a discutir las propuestas que les llegan de la sociedad porque, además, la gran mayoría de estas están llenas de sentido común y lógica”.

Las iniciativas legislativas populares son un mecanismo insuficiente para la exjueza. Más bien son un recurso desesperado, que refleja “la reacción de una parte de la sociedad cuando le afecta muchísimo una ley, como pudo ocurrir con el tema de las hipotecas, y se ve obligada a hacer algo heroico como una ILP, cuando encima no tienen la acogida que deberían tener. Las normas se supone que se hacen para resolver los problemas sociales, y no hay nadie mejor para ello que las personas que están cerca de estos problemas. Por eso, siempre debería haber representantes de los colectivos afectados en el Parlamento para que se les escuche antes de elaborar o modificar una ley, pero no es así”.

Para mejorar los canales de participación, Carmena apunta que “es urgente cambiar la Constitución del 78 para acoplarla a las necesidades de la ciudadanía, como en otros países. Es cierto que en la Constitución existe un cierto marco para la intervención, pero no lo hemos sabido aprovechar”. Además, asegura que los diferentes gobiernos “han cercenado esta posibilidad, impidiendo la participación y acceso a las instituciones por parte de la ciudadanía”.

Una de las causas que explicarían la manifiesta incapacidad para “aprovechar” los canales de participación existentes tiene que ver fundamentalmente con la exigente burocracia. “La tecnificación es la gran trampa. Hay que cuestionar las técnicas y los métodos de elaboración de las leyes. Una ley, en principio, es una conducta que se obliga a acatarla desde el poder, pero para que esto sea justo la ciudadanía debería decidir previamente qué es interesante o que no, y poder hacer propuestas”.

La situación actual, en la que abundan los escándalos por corrupción y las normas nofavorecen una mayor igualdad social, “ha obligado a la ciudadanía a buscar rendijas para hacer acusaciones y llevar los excesos a los tribunales. Cuando sus reivindicaciones no se escuchan, la única esperanza que queda es a través de los poderes judiciales, mediante sanciones o derogaciones. Hoy hay una actitud de respuesta por el incumplimiento de leyes, los recortes y la disminución de derechos”. Pequeñas luchas que, siguiendo la filosofía de la que fue relatora de la ONU, por si solas significan poco, pero si se acumulan pueden acabar cambiando las cosas.