Educación: El limbo legal de los futuros abogados: Tenemos título y no podemos ejercer
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El limbo legal de los futuros abogados: "Tenemos título y no podemos ejercer"

Son ninis por obligación. Se han graduado, han hecho un posgrado y están ansiosos por iniciar una carrera profesional, pero necesitan una orden ministerial

Foto: Manifestación de estudiantes de Derecho contra la implantación del máster de acceso a la profesión.
Manifestación de estudiantes de Derecho contra la implantación del máster de acceso a la profesión.

Son ninis por obligación, no de la coyuntura económica, sino de los ministerios de Justicia y Educación. Se han graduado, han realizado un posgrado y están ansiosos por iniciar una carrera profesional, pero la indeterminación de los departamentos que dirigen Alberto Ruiz-Gallardón y José Ignacio Wert les impide ejercer en la profesión para la que se han formado, la abogacía.

“Estamos en un limbo legal desde hace varios meses por culpa de la ineficacia ministerial. No tenemos la consideración de estudiantes, pero tampoco la de profesionales, por lo que no podemos trabajar ni realizar prácticas, a pesar de tener los títulos”, lamenta Natalia Corcobado, titulada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid e impulsora de la plataforma Abogados sin Toga, una organización que representa a los 400 afectados que se encuentran en esta situación.

Desde el pasado mes de octubre, cuando la primera promoción de egresados en Derecho por el Plan Bolonia remataron el posgrado pertinente, estos abogados sin toga siguen sin noticias de la prueba nacional de acceso a la abogacía. Para colegiarse es preciso superar este examen, del que nada se sabe aún, además de haber realizado antes las prácticas y posgrado correspondiente. Un nuevo requisito exigido por la polémica Ley de Acceso a la Abogacía.

Confusión y contradicciones por el MIR de la abogacía

El examen estatal obligatorio, bautizado como el MIR de la abogacía, ha generado una fuerte contestación entre los profesionales del sector, haciendo que el Gobierno amagase con tumbar la ley en varias ocasiones, como ya informó este diario. Al asumir el cargo, Gallardón planteó que los licenciados no hicieran el acceso, luego se retractó y quien aprobó el cambio fue el Congreso.

El ministerio está colapsado y todavía no tiene clara la estructura del examenA pesar de todo, el año 2013 fue el año del bum de colegiaciones, coincidiendo con el final del plazo otorgado para los ya licenciados que desearan evitar el máster y la prueba, ahora obligatorios para acceder a la profesión. En total se alcanzaron los 233.000 abogados, lo que supone un aumento de un 25,5% respecto a 2012.

Desde que la norma entró en vigor mediante un real decreto tras casi una veintena de borradores, el 31 de octubre de 2011, se han sucedido las declaraciones confusas y las contradicciones de Justicia y Educación. El departamento del exministro Francisco Caamaño incluso llegó a publicar en los últimos días de su mandato un modelo de evaluación para orientar a profesores y estudiantes. Esa prueba piloto se eliminó con la llegada de Gallardón y, desde entonces, está siendo reelaborada, pero la estructura del examen aún no está del todo clara.

Entrevistas a los afectados. AST

“Estamos sin poder hacer nada hasta que se decidan”

“Primero nos dijeron que constaría de dos partes tipo test y llegamos a hacer algún simulacro de examen en el máster, pero luego el profesorado nos admitió que no había nada en claro, que no se sabía cómo sería la prueba”, explica Corcobado. Sin embargo, insiste en que lo peor no es la incertidumbre sobre la tipología o el temario que entrará en el examen, para lo que el Gobierno aún debe aprobar una orden ministerial que lo regule, sino que todavía no se ha comunicado ninguna fecha de forma oficial.

En el mejor de los casos nos examinaríamos en junio, lo que para muchas personas significa estar casi un año sin poder ejercer“Todo lo que sabemos es a partir de rumores. Hay mucha incertidumbre y no podemos permitirnos estar un año sin hacer nada mientras esperamos a que se decidan. El último rumor que he oído es que comunicarán la convocatoria en unas dos o tres semanas. A estas alturas yo no me creo nada porque en principio dijeron que sería en enero, pero nadie se ha pronunciado aún”, añade la titulada en Derecho. Según fuentes del Ministerio de Justicia, actualmente “se está abordando el estudio del dictamen realizado por el Consejo de Estado, para evaluar sus recomendaciones e introducir las modificaciones que se consideren oportunas”.

Hasta que no se tenga este texto definitivo, el Consejo de Ministros no podrá aprobarlo, como Real Decreto, para su posterior publicación en el BOE, lo que permitiría convocar el examen. Eso sí, nunca antes de los tres meses posteriores a la fecha de su publicación, como dicta la norma. “En el mejor de los casos nos examinaríamos en junio, lo que para muchas personas significa alargar la carrera casi un año más, con todo lo que eso significa a nivel económico y profesional. Vas a una entrevista y el despacho te pide que estés colegiada, pero sin el examen no puedes”, apunta Corcobado.

A día de hoy, los aspectos que aún faltan por definir son numerosos, según la información que algunos decanos han trasladado a los alumnos. El comité de juristas expertos en la materia que asesoran en la elaboración de la prueba tiene que decidir aún si será un examen tipo test o de casos prácticos a desarrollar. Todo apunta a que se decantarán por la primera opción, como han corroborado fuentes ministeriales a este diario, pero en ese caso no se ha decidido si las respuestas sólo deben sumar o que, como ocurre con el MIR, las fallidas también resten.

Protesta de estudiantes de Derecho, en marzo de 2012. (Álvaro Rigal)
Protesta de estudiantes de Derecho, en marzo de 2012. (Álvaro Rigal)

Indeterminación y opacidad

Alejandro Soto Carbajal, presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), ya anunció a finales del pasado mes de octubre, tras reunirse con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde Díaz, que “los estudiantes se quedarán sin posibilidad de hacer prácticas ni colegiarse durante meses”. En su opinión, “el ministerio está colapsado y todavía no tiene clara la estructura del examen”.

Cuando empezamos a estudiar el grado no sabíamos que teníamos que hacer este examenUna incertidumbre que ha llevado a los afectados congregados en la plataforma Abogados sin Toga a preparar un calendario de acciones reivindicativas, que se iniciarán este viernes con el envío masivo de reclamaciones a Justicia y Educación y continuará con una manifestación el próximo 22 de febrero por las calles de la capital y que rematará frente a las puertas del Ministerio de Justicia. Su reivindicación es que se anule el requisito del examen para poder colegiarse y ejercer. Además, desde la plataforma de afectados han comenzado a recoger firmas (de momento llevan 3.500) con el objetivo de apoyar una petición que enviarán al ministro Gallardón para que elimine la prueba.

La primera generación de graduados en Derecho dice sentirse vilipendiada por la falta de trasparencia y contradicciones del ministerio. “Cuando empezamos a estudiar el grado no sabíamos que teníamos que hacer este examen, y el posgrado ni siquiera estaba enfocado a preparar esta prueba”, protestan desde Abogados sin Toga. Un posgrado en el que el precio de los créditos es más del doble que en el grado y ni siquiera existen vías de especialización.

“Es una prolongación de la carrera, poco más que ahondar en la materia de Derecho Procesal”. Precisamente, desde CONEDE se ha presentado una propuesta al ministerio, respaldada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), para desbloquear esta situación de inseguridad jurídica de los egresados y procurar que los másteres ofrezcan varias vías de especialización en lugar de una formación generalista, tal y como están planteados en la actualidad.

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