“Hijo, sabes bien que los funcionarios sois muy vagos”

Jorge es ingeniero de caminos y funcionario del Ministerio de Fomento. Aprobó las oposiciones para ingeniero del Estado en 2004, en pleno boom de la construcción, “cuando nadie quería ser funcionario porque se cobraba poco”. Desde que empezó a trabajar le han bajado el sueldo un 25%. Reconoce que no se puede quejar, pues tiene un futuro estable del que no gozan ninguno de sus compañeros de promoción. Pero hay algo que le saca de quicio: que todo el mundo piense que se toca las narices.

“Los funcionarios estamos viviendo una auténtica caza de brujas”, explica Jorge. “Estamos saliendo en todos los titulares. Dicen que es justo que se nos baje el sueldo, que nos van a poner un control horario, que tenemos que trabajar 37,5 horas porque somos unos privilegiados… Yo siempre he tenido control horario y siempre he trabajado 37,5 horas. Todas estas medidas ya estaban [se aprobaron en 2007, en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que firmó la mayoría de sindicatos] pero ahora se saca a la luz y dicen, 'fíjate todo lo que estamos haciendo para que el vago del funcionario empiece a trabajar, que ya va siendo hora”.

Al final, Jorge llega un día a casa de su madre y esta le dice:

­­­ –“Ya era hora de que los vagos de los funcionarios moviesen un dedo”

–“Madre, que yo soy funcionario”– le recuerda su hijo.

–“Bueno sí, pero tú ya sabes, Jorge, que sois unos vagos”.

No puedes movilizar a la gente contra los funcionarios si no creas una imagen distorsionada de ellos Para Miguel Martínez Lucio, profesor de derecho laboral de la Escuela de Negocios de Manchester, el discurso antifuncionariado de España es una copia directa de los discursos antisindicalistas de Thatcher en los años 80: “Cada vez que hay una política de privatización y de cambio necesitas representar a la fuerza de trabajo de una forma muy determinada. Aquí pasó en los años 70: todos eran comunistas. No puedes movilizar a la gente contra los funcionarios si no creas una imagen distorsionada de ellos”. Una imagen que, tal como explica el profesor británico, parte de un concepto político, no económico y “no se basa en la realidad”.

¿Son tan vagos los funcionarios?

Según Martinez, el concepto del funcionariado genera multitud de problemas en nuestro país. Para empezar, es una figura que pocos conocen en realidad. En España se suele utilizar “funcionario” como sinónimo de “empleado público”, cuando solo una parte de éstos son realmente funcionarios (tienen un vínculo laboral permanente con el Estado) pero, además, sólo se ve como funcionario a los empleados de consejerías, ayuntamientos o ministerios que se dedican a la administración, y el discurso público, explica Martinez, va en función de esa figura.

La imagen colectiva del funcionario es la del señor que se pasa el día en la cafetería y, entre medias, sella un par de cartas. Al hablar o hacer chistes de funcionarios nadie piensa en el soldado que está en Afganistan, ni en un médico, ni en un ingeniero del Estado, piensan en la persona que está detrás de la ventanilla en la oficina de hacienda. “Se ha creado una ficción kafkiana del funcionario como una persona que no hace nada, cuando la realidad es muy distinta”, asegura Martinez.

Pero, ¿no hay nada de cierto en el tópico? La realidad es que casi todos los funcionarios conocen a alguien en su centro que hace poco o nada, y continúa en su puesto sin represalias aparentes. Jorge asegura que en su entorno “la gente trabaja mucho, muchísimo, mañanas, tardes y noches en muchos casos”, pero hay algunas personas que, en su opinión, deberían desaparecer de la función pública, porque no aportan nada y generan crispación en el entorno.

Casi todos los funcionarios conocen a algún compañero que hace poco o nada y continúa en su puestoEn opinión de Jorge, que desde hace unos años es delegado sindical de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado –un sindicato que aglutina a los funcionarios de más alto nivel y que, en su opinión, “no está sirviendo para nada”– todo depende de lo que te guste tu trabajo y del cargo que tengas: “Los niveles que están por debajo, y no me taches de clasista, suelen ser más propensos al absentismo. Si una persona tiene un trabajo que no es apetecible, que está muy mal pagado, y del que no te pueden echar, puede ser más propensa, si es un poco vaguete, a estar en un café eterno”.

Si la mayoría de los funcionarios son conscientes de que tienen compañeros de este tipo, y sus jefes lo saben, ¿por qué no se les aprietan las tuercas? Jorge no puede entender por qué no se presiona más en este sentido: “Aunque no me quitasen la paga extra me molesta mucho la gente que no hace nada, porque se me queda cara de tonto. Yo trabajo y veo que el de al lado no trabaja, pero llega la nómina y gana más que yo por la antigüedad, los trienios y esas palabras que se usan para denostar a los funcionarios. No es cierto que no se pueda echar a un funcionario, se le abre un expediente y punto. Y a mí me encantaría que se abriera expediente al 5 o al 10 % de la gente”.

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¿Para qué sirve un funcionario?

Maite es doctora en microbiología. Tiene 55 años y, después de ganar tres oposiciones, cobra 2.300 euros al mes trabajando como investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. “Es cierto que ha habido abusos de parte de muchos funcionarios”, explica, “pero al final estamos pagando justos por pecadores. El recorte ha sido grande. Al final te están quitando sueldo y días de vacaciones, es decir, trabajas más por menos”.

La actuación de uno u otro funcionario, tal como explica Maite, la tiene que controlar los departamentos de personal. Y ahí, asegura, siempre hay chanchullos: “Hay alguien que es medio amiguete, que medio ha entrado por ti, porque hay muchos contratados, y hay situaciones irregulares. Y no sé hasta qué punto los centros cuentan con mecanismos para evitar esto. Eso hace que haya agravios comparativos. Hay gente que supuestamente hace el mismo trabajo, y cobra lo mismo, pero uno curra y el otro se escaquea. Eso es así. Y en todos sitios hay casos. ¿Cuántos? No lo sé. Yo diría que es un porcentaje muy bajo, pero hace mucho daño”.

Para Jesús Ángel Fuentetaja, profesor de derecho administrativo en la UNED y autor de varias investigaciones sobre la función pública, uno de los grandes problemas del empleo público en España es que hemos dejado de saber, valga la redundancia, cuál es la función del funcionario. “Las razones por las que se creó el carácter permanente del funcionariado”, explica el profesor, “siguen siendo perfectamente válidas: garantizar la independencia, la imparcialidad y la objetividad de la función pública. Hay una serie de cuerpos básicos y esenciales de la administración que no pueden no ser permanentes. Lo que ocurre es que hay que identificar muy claramente dónde es necesaria esa permanencia y dónde es necesaria una temporalidad”.

Para entender la razón de ser de los funcionarios, cuenta Fuentetaja, debemos pararnos a pensar por qué se crea la administración pública, y por qué sus empleados tienen un régimen jurídico distinto: “Se crea para lograr un interés público que en muchas ocasiones entra en colisión con los intereses privados o particulares de distintos colectivos. Por eso los empleados públicos tienen un régimen jurídico distinto al de los empleados privados, para garantizar en última instancia la primacía del interés público sobre el interés partícular e, incluso, y este es uno de los grandes aspectos de la crisis de la función pública, respecto a intereses particulares de quien está por encima: la política y los políticos” 

La bestia negra de los políticos

Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), es muy claro al respecto: “Los empleados públicos estamos siendo los paganos de una reforma de la administración que no es tal. Recortar no es reformar”. Para Borra es indignante que los políticos echen la culpa a los funcionarios del desastre que ellos han creado. “Es igual que decir que la culpa de la crisis bancaria la han tenido los señores que trabajaban de cajeros o de auxiliares administrativos”, explica el sindicalista. “Si la administración funciona mal es su culpa. Los jefes son los políticos y nosotros hacemos lo que dicen. Si llevan 20 años sin hacer las cosas como deberían hacerse es difícil arreglarlo en tres meses, pero desde luego no me puede echar a mí la culpa”.

El presidente del CSI-F cree que los empleados públicos son muy incómodos para los políticos porque son los únicos que se interponen en sus decisiones, y esa es precisamente su función. “Si yo tengo mi plaza en propiedad ya me puede venir el alcalde o el director de turno a mandarme hacer algo que no debo hacer que le voy a decir que no puede hacerlo”, asegura Borra. El problema es que los políticos se han buscado todo tipo de estratagemas para saltarse el control del funcionariado.

Los funcionarios deben salvaguardar el interés público respecto a intereses particulares de quien está por encima: los políticosJorge, que asegura haber visto de todo en el Ministerio de Fomento, es muy claro al respecto: “Está estudiado desde hace muchos años si una obra vale la pena o no vale la pena. Si la va a usar mucha gente y no es cara, vale la pena, si es muy cara y no la va a usar ni el Tato, no vale la pena. ¿Por qué se hacen entonces aeropuertos sin aviones y trenes de alta velocidad que no se utilizan? Se están primando ciertas infraestructuras que no son rentables en absoluto, ni a nivel social ni económico, como el AVE a Galicia, y se están abandonando, porque no hay dinero, infraestructuras que sí son muy rentables, pero que no generan votos, como el corredor del Mediterráneo”.

Tal como explica Jorge, los políticos tienen todos estos informes de los funcionarios, pero hacen como si no los conocieran.  “El que acumula toda la información y hace el informe definitivo ya es un cargo de libre designación. Los que estamos por debajo sabemos que lo que dice no es lo que debería hacerse, pero no podemos hacer nada. Para los técnicos es muy frustrante que cuando ya tienes todo negro sobre blanco el político haga caso omiso de tu informe técnico y decida que va a hacer algo que no tiene ningún sentido”.

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El agujero negro de la administración pública

En un Ministerio todo lo que se hace está muy controlado. Los presupuestos se miden al dedillo y los funcionarios supervisan todas las contrataciones. Cualquier irregularidad, tarde o temprano, acaba viendo la luz. La prueba es que, pese a la creencia general, en la administración central apenas se han registrado en los últimos tiempos casos de corrupción. Pero para el político, tal como explica Borra, es muy sencillo operar al margen de los funcionarios: “Haces una fundación, una empresa pública o una agencia, y eso ya no está sujeto a la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad, ni a la ley de compras y contratos del Estado, y el déficit no computa”.

Para Fuententaja, que ha estudiado en profundidad el asunto, “las empresas públicas son el gran agujero negro de la administración pública, desde un punto de vista ético, jurídico y presupuestario”. En España ha llegado a haber en torno a 4.000 empresas públicas: instituciones que dependían sólo del organismo que las creaba y sobre las que no se ejercía ningún tipo de control. Empresas en las que se ha invertido cantidades ingentes de dinero público y cuya utilidad, en muchos casos, era dudosa. Pero empresas, al fin y al cabo, legales.

La cuestión más dañina, tal como apunta Fuentetaja, es que muchos escándalos con los que ahora nos rasgamos las vestiduras nunca podrán ser castigados: “Son los políticos elegidos democráticamente los que han hecho todo esto”. Y esto ha ocasionado, según explica el profesor, un tremendo descontrol: “Cuando ahora desde Europa nos intentan decir que tiene que haber un cierto control se está demostrando que el sistema político y administrativo alumbrado por la Constitución, y tal como ha sido desarrollado en los últimos 30 años, no se sostiene. Todo el mundo levanta la bandera de la autonomía para hacer lo que le de la gana. Y eso es insostenible”.

¿Qué futuro le espera a la función pública? Lea aquí la segunda parte de este reportaje.