“No podremos cuidar a los enfermos como lo hacíamos hasta ahora”

No hay fisuras en la defensa a ultranza de la calidad, accesibilidad, universalidad, excelencia, brillantez e innovación de la medicina pública española ni entre los que la practican a diario, ni entre sus usuarios. Tampoco entre los colegas internacionales que comparten la profesión. Tal vez por ello no se entiende que la Administración, lejos de no poner a salvo uno de sus mejores buques insignia, pilar fundamental del estado del bienestar, esté adoptando medidas, que tal y como apuntan todos los expertos consultados por El Confidencial, pueden llegar a hundirlo.

Si no, basta con poner en el punto de mira la situación que está atravesando, por ejemplo, la sanidad en la Comunidad de Madrid. Jesús Frías Iniesta, director de la Unidad de Ensayos Clínicos del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario La Paz, aclara: “La sanidad pública madrileña es una de las mejores del país, los hospitales y centros están entre los mejores en términos de calidad asistencial, investigación y docencia; no hay nada más que ver el número de publicaciones y comunicaciones científicas de los profesionales que trabajan en los hospitales de la capital para entender que lo que estoy diciendo es una verdad reconocida incluso por los gestores de la sanidad madrileña, cuando no se dedican a vilipendiar a sus trabajadores”.

El ambiente de enfado, desencanto e incomprensión entre los sanitarios es un hechoSegún este experto, lo mismo sucede si atendemos a la docencia. “Los hospitales y facultades están entre los primeros elegidos por los médicos en formación para hacer la especialidad. Y si hablamos de eficiencia, es sin duda de las mejores. Sólo hay que recordar que Madrid es de las comunidades que menos dinero dedica, en términos porcentuales, a la salud de sus ciudadanos. Ahora bien, es obvio y muy triste, pero hay que reconocer que desde que la Administración anunció su plan para privatizar o, como dicen, externalizar la gestión de seis hospitales y veintisiete centros de salud, las cosas están cambiando muy rápidamente”.

Es por ello que hoy, como define el doctor Frías, “el ambiente de enfado, desencanto e incomprensión entre todos los sanitarios es un hecho. La Consejería está actuando con una falta de responsabilidad evidente. En los últimos tres meses ha despedido a casi un 10% de la plantilla de los hospitales, ha cerrado camas, ha suspendido una buena parte de la actividad en horario de tarde y ha enviado a hospitales y clínicas concertadas un sin número de exploraciones que pueden y deben hacerse en los centros públicos. Y lo que es más importante reseñar, toda esta actividad que se venía haciendo en los hospitales ahora se hace fuera con el mismo dinero que se niega para el funcionamiento normal de los mismos. Esta situación es incomprensible, los sanitarios no podemos entender por qué se está actuando de esta manera tan poco transparente y con tanta irresponsabilidad”.

Se suma a estas críticas Pedro de la Oliva, médico adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital La Paz. “La sanidad madrileña es una de las mejores del mundo, pero se encuentra en estos momentos baja amenaza de desaparecer tal y como la conocemos. Si el Plan de Medidas de Sostenibilidad del Gobierno regional se llevase a cabo se desestructurarían todos los equipos de atención especializada de los hospitales públicos y estos se hundirían”.

Además, recalca este experto, “los contratos que la Consejería firma con los hospitales de gestión privada obligan a pagarles más cada año. Por ello, cada año quedará menos dinero para los de gestión pública y los gobernantes dirán que no tienen más remedio que seguir recortando en sanidad. Para justificar los recortes, insistirán en que los médicos de los centros públicos son ineficientes porque son funcionarios y reducirán su número, así como de enfermeras, y no renovarán la tecnología sanitaria, que quedará anticuada. Entonces habrán destruido completamente los centros públicos y dirán: “Veis cómo teníamos razón, la gestión privada es más eficiente”.

“La envidia internacional”

El sistema sanitario español es el tercero más valorado del mundo, en gran medida por ser uno de los pocos con cobertura universal. Pero no sólo eso. Estamos en el top ten en indicadores sanitarios como la expectativa de vida al nacer (las españolas son las más longevas de Europa, según el informe de salud de la OMS de 2012) y la mortalidad infantil.

Y todo con una inversión económica menor que la que realizan otros países. En España, el gasto sanitario es del 9,6% del PIB, mientras que países con una extendida sanidad privada como es EEUU tienen peores indicadores sanitarios a pesar de que su gasto es del 17,6%. La OMS sitúa a España como el 7º mejor sistema sanitario del mundo (el 3º entre los países más poblados), mientras Alemania está en el 25º y EE UU en el 37º.

Pese a que datos como estos pueden hacernos sentirnos orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), la tijera ha llegado a todos los ‘rincones médicos’ nacionales. “Estamos hablando de que ni siquiera sabemos hasta dónde va a llegar esta política de recortes y reformas. Parece que asistimos a una caída libre. Actualmente, por ejemplo, las bajas por maternidad, guardias o enfermedad de los sanitarios no se cubren, por lo que la carga asistencial para los que están trabajando aumenta considerablemente. Por si esto fuera poco, les han recortado el sueldo un 25% para que así trabajen más, con menos medios, y ‘contentos’. Estamos hablando de cierres de centros de salud y de urgencias. Desde 2010 el paro en enfermería, un colectivo que no tenía apenas desempleo, ahora alcanza cerca de las 20.000 personas”, agrega Alejandro Laguna, secretario general del sindicato de enfermería SATSE.

Con menos trabajadores no se puede otorgar el nivel de atención a los enfermos que se estaba ofreciendo hasta ahoraPero peor aún es la repercusión directa en la atención a los pacientes. “Aunque todos los profesionales de la salud velan por el paciente y realizan su trabajo con entrega y responsabilidad, lógicamente con menos trabajadores no se puede otorgar el nivel de atención y cuidados a los enfermos que estábamos ofreciendo hasta ahora. La consecuencia es que el riesgo de morbilidad y mortalidad pueden aumentar. Un claro ejemplo es el posible mayor número de casos de úlceras en los pacientes encamados de más edad que tienen largas estancias hospitalarias. Son enfermos que requieren de muchos cuidados”, insiste Laguna.

Comparte una misma visión sobre el posible riesgo de aumento de mortalidad y morbilidad de los pacientes Marciano Sánchez Bayle, secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): “Medidas como el copago están determinando que más del 17% de los pensionistas estén dejando de tomar la medicación prescrita. Tal vez en un primer momento esto no tenga un efecto pernicioso sobre su salud, pero es previsible que a medio o a largo plazo empeoren de sus patologías. Efectos similares pueden tener el cierre de servicios de urgencias en áreas rurales, donde el retraso en la atención sanitaria puede traer un grave perjuicio al paciente o el cobro por uso de servicio de ambulancia en Galicia. Y otro hecho a tener en cuenta es el recorte en las actuaciones preventivas, cuya repercusión se verá a largo plazo”. 

La llegada de las quejas

No hay datos que aventuren lo que pasará en un futuro próximo, pero sí existen los que delatan el impacto de la crisis sanitaria en la población española hoy. Así, el Informe del Defensor del Pueblo 2012 recoge que los expedientes de queja en el área de Sanidad son casi el triple de los 595 notificados el año anterior, la mayoría relacionados con la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por las medidas adoptadas por las comunidades. Presentado en el Congreso de los Diputados, muestra un incremento tanto de las quejas individuales (779 en 2012, frente a las 573 del año anterior) como, sobre todo, de las presentadas por colectivos (893, frente a las 18 de 2011). 

Según destaca el Defensor del Pueblo, 2012 ha supuesto un "punto de inflexión" en los motivos de las quejas, que hasta ahora habían sufrido una tendencia progresiva hacia aspectos cualitativos, es decir, exigencias de calidad y excelencia. Sin embargo, en el último año han aumentado las relacionadas con limitaciones en el acceso y por el nivel de las prestaciones sanitarias del SNS. En concreto, las quejas formuladas están relacionadas con una reducción de prestaciones sanitarias, exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, financiación de medicamentos, supresión de centros de urgencias en Atención Primaria, insuficiente dotación de personal sanitario, demoras en pagos a proveedores de centros sanitarios y a oficinas de farmacia y retrasos en el reconocimiento de reclamaciones de carácter económico.

Sin dialógo ni consenso

La falta de diálogo y negociación de la Administración con los profesionales sanitarios a la hora de elaborar la reforma sanitaria y de implantar los recortes es, precisamente, uno los puntos más criticados. Así, Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), que representa a más de 20.000 médicos del país, admite que “una reforma como la que se está llevando a cabo obliga a un debate que cuente con la participación de los sanitarios”. Destaca que “no se nos ha escuchado pese a que incluso hemos presentado distintas alternativas para evitar los recortes que ya están teniendo sus consecuencias, como es el aumento de las listas de espera”.

Palabras similares son las del doctor Frías, que recuerda que “en cualquier país civilizado, cuando se plantea un cambio tan trascendente en un bien común tan importante como la salud, antes de llevarlo adelante se discute, se escuchan las opiniones de quienes saben del tema y de los ciudadanos afectados, se plantean los términos con transparencia y se busca entre todos la mejor salida posible. No puedo entender por qué no se puede llegar a un acuerdo, tiene que ser posible”.

No invertir en Atención Primaria, a la larga, aumenta los costes del sistema sanitarioUna queja que se suma a la formulada por Basora cuando destaca que “no existen evidencias científicas de que avalen las medidas adoptadas ni estudios económicos que demuestren que se va a producir el ahorro que se defiende”. Por el contrario, “el cierre de centros por la tarde, de puntos de atención continuada para urgencias, la no sustitución de profesionales conlleva que los pacientes no acudan a sus centros y vayan a urgencias al hospital, lo que a la larga, al no invertir en atención primaria (AP) aumenta los costes del SNS”, agrega. La propia OMS promueve que los países inviertan en AP.

“Hay un cambio de paradigma en la salud. Con el envejecimiento de la población se está pasando del enfermo agudo tanto médico como quirúrgico, al enfermo crónico que representa el 80% de las consultas de AP, además de que el coste sanitario alcanza el 70% del presupuesto sanitario. El pasado mes de junio el Consejo Interterritorial del SNS aprobó la estrategia para el abordaje de la cronicidad elaborada por el Ministerio. Se están produciendo algunos cambios, pero hay que imprimir más velocidad a los mismos y aumentar su regulación”, apostilla el presidente de la SemFYC.

Todos los expertos consultados recuerdan que la privatización de la gestión es una de las medidas que puede repercutir en la calidad asistencial de los pacientes. El doctor Pedro de Oliva lo esclarece: “Hay que tener en cuenta que las empresas privadas a las que la Consejería de Sanidad de Madrid ha concedido y quiere conceder los seis hospitales de gestión mixta y su área de población tienen ánimo de lucro. Esas empresas reciben al principio del año unos 500 euros por habitante. A partir de ese momento, esas empresas obtendrán más beneficios económicos si los habitantes de su área de protección no enferman y si su enfermedad se cura pronto y fácilmente. Cuantos menos análisis de laboratorio hagan, cuanto más baratos sean los tratamientos que administren al paciente y cuanto menos tiempo esté el paciente ingresado, más beneficios obtendrán. Es fácil deducir cuáles son los riesgos para los pacientes con este tipo de privatización de hospitales en régimen de concesión”.

Si algún otro objetivo compite con el bienestar del paciente, necesariamente habrá interferenciasDefiende también “que los médicos podrían verse coaccionados por las gerencias de esos hospitales de gestión privada para que, por ejemplo, den de alta precoz al paciente o para que no trasladen a los pacientes a hospitales públicos aunque exista en estos un tratamiento mejor para ellos. De hecho, eso ya ha pasado”.

Mariano Prudencio, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) admite que “el producto básico de salud debe ser el bienestar del paciente. No debe haber otro más importante. Nuestra razón de ser es el paciente. Si algún otro objetivo compite con este, necesariamente, puede haber interferencias. Creo que la sanidad pública es un bien irrenunciable que la propia sociedad se autoconcede y con sus impuestos mantiene. Como ciudadano quiero que mis impuestos se gestionen con equidad, transparencia y eficiencia”.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Eduardo Lobo, vocal de atención especializada y hospitales de la organización y jefe del Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital Ramón y Cajal, apunta, además, que se “está produciendo la derivación de los pacientes a estos centros privados con la consigna de que en la pública van a tardar tres o cuatro meses en recibir terapia cuando eso no es cierto. Es real que las listas de espera han aumentado en la asistencia no urgente, pero seguimos tratando con prioridad enfermedades como el cáncer, que inician el tratamiento en las tres primeras semanas tras el diagnóstico. Ya hay casos en los que a los enfermos se les ha dado esta información errónea”.

“La medicina no es una cadena de producción”

Al doctor Lobo le preocupa también la externalización de las pruebas diagnósticas. “Nos ha costado años crear y desarrollar equipos multidisciplinares para el abordaje de los tumores en pacientes que demuestran elevar su supervivencia. No es lo mismo que un oncólogo o un cirujano pida unas pruebas de imagen al experto de su equipo que las pruebas se realicen por un radiólogo externo. Las cadenas de producción revolucionaron la industria, pero no sirven para la medicina. De hecho, en estos centros privados se están repitiendo las pruebas. Por ejemplo, cuando tú haces una colonoscopia en ese mismo acto puedes extraer los pólipos detectados sin tener que volver a someter al paciente unos días después de nuevo a la misma técnica dado que esta conlleva ciertos riesgos como es la perforación del colon, que se da en un caso de cada 1.500. Repitiendo, duplicas el riesgo”.

La calidad de la docencia y la investigación no la vamos a poder medir, será algo que se irá viendo en un futuro próximoDesde la Institución recuerdan que ya están recibiendo denuncias de médicos a los que “sus gestores privados les invitan a ahorrar, con lo que todo ello significa”. Otra de las futuras realidades a las que nadie quiere mirar a la cara es el futuro de la docencia y la investigación. “Antes de la privatización de la Fundación Jiménez Díaz, en 2003, el centro estaba en el puesto número ocho del país en ser solicitado para hacer la residencia, en 2012 en el 58. Un indicador de la falta de calidad de la docencia que a largo plazo puede repercutir en la salud de los españoles como sucede cuando no se realiza investigación, algo que parece que puede llegar a pasar. Nos ha costado mucho tiempo y mucho dinero crear y mantener nuestra sanidad de alta calidad asistencial, docente e investigadora, reconocida por todo el mundo como para arriesgarnos a perderlo todo ahora, porque cómo se va a volver a invertir lo que llevamos décadas invirtiendo”, puntualiza Eduardo Lobo.

Este experto recuerda que ya se ha creado una comisión de calidad “para evaluar la calidad asistencial los centros de la Comunidad, tanto públicos, como privados o de gestión mixta. Desgraciadamente, la calidad de la docencia y la investigación no la vamos a poder medir, será algo que se irá viendo en un futuro próximo”.