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Una campaña promueve la insumisión fiscal contra el pago de la deuda española
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Una campaña promueve la insumisión fiscal contra el pago de la deuda española

Con el terreno abonado por los recortes en servicios públicos y la alargada sombra del rescate económico, la campaña sobre insumisión fiscal para no contribuir al

Foto: Una campaña promueve la insumisión fiscal  contra el pago de la deuda española
Una campaña promueve la insumisión fiscal contra el pago de la deuda española

Con el terreno abonado por los recortes en servicios públicos y la alargada sombra del rescate económico, la campaña sobre insumisión fiscal para no contribuir al pago de la deuda estatal y otros gastos en la declaración de la renta está cayendo como agua de mayo entre la ciudadanía ‘indignada’. Una propuesta de “desobediencia civil masiva” que, según explican sus impulsores, consiste en redirigir los impuestos hacia la autogestión fiscal de las asambleas populares locales, surgidas en muchas poblaciones a raíz del 15-M”. Pero ¿cómo lo hacen? La propuesta consiste en no contribuir al pago de la deuda en la declaración de la renta y destinar la cantidad 'defraudada' a proyectos sociales

Según han explicado a El Confidencial voluntarios y asesores de la oficina de desobediencia económica recientemente abierta en Madrid, que tiene clones en Barcelona, Castellón y Zaragoza, se trata de “una propuesta inspirada en la objeción fiscal a los presupuestos militares, la cual lleva años funcionando con éxito, realizando esta acción sobre el 6% de la declaración que corresponde­ría al gasto militar. Así pues, en este caso se trataría de ampliar el porcentaje sumando otras partidas que también consideramos injustas”, principalmente, el pago de la deuda pública y sus intereses, que superaría el 20% de la declaración de la renta, según sus cálculos. “El gasto en intereses y amortización de deuda será cerca del 25% de los presupuestos, mientras que sani­dad, educación y cultura juntos ya no llegarán ni a la mitad de ese gasto”, lamentan desde la oficina madrileña.

Las partidas propuestas son las correspondientes a la deuda pública (14,58% de amortización y 8,48 de intereses), Defensa (2,21%), Policía Nacional, Guardia Civil, Monarquía, Senado, Prisiones e Iglesia. Luis Torres, activista del 15M, es una de las personas que ha decidido sumarse a esta novedosa protesta. “No quiero que una parte de mis impuesto se destine a una serie de partidas con las que no estoy de acuerdo, como las destinadas a gastos militares o a la deuda ilegítima de España y los intereses que acarrea”. Maite Blasco, también activista del 15M, pretende convertirse en insumisa fiscal porque “no estoy de acuerdo en destinar mis impuestos a pagar la deuda pública mientras se desmantela la sanidad y la educación. En cambio, prefiero financiar con este dinero proyectos afines que puedan transformar este mundo”.

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Destino de los impuestos no declarados

Los insumisos fiscales presentarían la declaración de la renta eximiendo el porcentaje de dichos pagos o reclamando el dinero de “todos aquellos conceptos con los que no estés de acuerdo pagar con tus impuestos”. Cada insumiso ingresaría este dinero en la cuenta corriente de proyectos o entidades sociales a su elección, especificándolo en la declaración de la renta y adjuntando el comprobante como ‘ingreso proveniente de la insumisión fiscal 2012’. Los asesores de las oficinas de desobediencia económica se muestran sorprendidos por el gran interés generado

En el manual de desobediencia fiscal, cofinanciado colectivamente mediante una plataforma de crowdfunding, se recomienda destinar el dinero a proyectos que el ciudadano pueda tener cerca para poder comprobar de forma directa el desarrollo de los mismos.

En la página web donde se ha lanzado la iniciativa se recomienda una lista de proyectos afines autogestionados. La opción elegida tanto por Luis Torres como por Maite Blasco para destinar el 25% de sus impuestos es la Cooperativa Integral Madrileña. Ambos coinciden en resaltar la capacidad de este proyecto para “cubrir todas las necesidades de las personas, económicas y sociales, al margen de lo que se plantea desde el Estado capitalista. Además, es una buena iniciativa que puede salvar a una capa de la población que se encuentra marginada por el sistema económico actual, parada y precrarizada”.

Consecuencias legales

Los asesores de la oficina madrileña situada en el número 8 de la calle General Lacy (la próxima semana se abrirá una segunda en la calle Embajadores) no esconden su sorpresa por “el gran interés que se ha generado” y las numerosas consultas recibidas durante las últimas semanas, a pesar de que “es el primer año que se lanza la campaña”. Las dudas más frecuentes tienen que ver, en primer lugar, “con los riesgos legales que implica y cómo evitarlos” y, en segundo, “con el procedimiento”.

La posibilidad de afrontar multas económicas y de devolver la cantidad 'defraudada' es una realidad, pero no parece amedrentar a los insumisos. Estos se apoyan en una resolución judicial en la que se eximió de pagar los intereses a un insumiso al gasto militar por considerar que “no había intención de fraude, al destinar este dinero a otros proyectos”, explica uno de los asesores que prefiere mantenerse en el anonimato. El objetivo de esta protesta es provocar el inicio de una transición hacia un nuevo modelo económico basado en el empoderamiento social

Maite Blasco, que dice estar a la espera de recibir el borrador de la renta para sumarse a esta campaña de protesta, es consciente de que “puede haber multas y que Hacienda te vuelva a reclamar la cantidad donada a proyectos sociales”. Sin embargo, de ocurrir esto, cree que tampoco sería tan negativo porque “se pondrá el problema sobre la mesa y se dejará claro que la deuda no es legítima”.

Estrategia a corto, medio y largo plazo

Luis Torres dibuja dos escenarios futuros tras la finalización de la campaña. “Si es minoritaria y no se adhiere mucha gente quedará oculta, Hacienda no la hará pública y se conseguirá financiar con este dinero todo tipo de causas sociales. Si por el contrario, se hace masivamente y la bola se ca agrandando, no ya este ejercicio fiscal sino el próximo, saldrá a la luz de la opinión pública y se visibilizarán las razones por las que no queremos sufragar estas partidas ilegítimas”.

Las oficinas informativas están realizando un censo de insumisos fiscales, aunque “como es el primer año hemos cometido algunos errores y también hay gente que recela a dar sus datos personales”, indican sus responsables. De todos modos, confían en que cada año vaya creciendo el número de insumisos al fisco y adelantan que “estarán abiertos los locales durante todo el año, no sólo durante la campaña, para informar a la gente e ir creando conciencia”.

El objetivo planteado a medio plazo sería que “el Estado no pague para satisfacer y engordar el negocio de los bancos y demás especuladores financieros, más dinero que el que se ha visto ‘obligado’ a recortar en las diversas partidas presupuestarias”. Mientras que con estas y otras acciones pretenden generar, a largo plazo, una transición hacia un “empoderamiento social frente al modelo capitalista depredador que vivimos”.

Con el terreno abonado por los recortes en servicios públicos y la alargada sombra del rescate económico, la campaña sobre insumisión fiscal para no contribuir al pago de la deuda estatal y otros gastos en la declaración de la renta está cayendo como agua de mayo entre la ciudadanía ‘indignada’. Una propuesta de “desobediencia civil masiva” que, según explican sus impulsores, consiste en redirigir los impuestos hacia la autogestión fiscal de las asambleas populares locales, surgidas en muchas poblaciones a raíz del 15-M”. Pero ¿cómo lo hacen? La propuesta consiste en no contribuir al pago de la deuda en la declaración de la renta y destinar la cantidad 'defraudada' a proyectos sociales