Nada es gratis: ¿Le pasamos la factura informativa a nuestros políticos?

Una breve publicación en formato PDF a medio camino entre la sátira, la denuncia y la propuesta jurídica real recorre internet desde hace unos días como prendida en un reguero de pólvora.

Se trata de una crítica abierta a la implantación de la factura informativa en la que se propone que “cada vez que el rey, el presidente del gobierno, el ministro, el presidente de comunidad autónoma, el diputado, el senador, el presidente de la diputación, el alcalde […] se suba a su coche oficial, se le entregue la factura; que cuando se suba en trenes o aviones para viajar en clase especial, se le entregue la factura; que cuando asista a la multitud de fiestas, recepciones, comilonas que se organizan por cualquier cosa, se le entregue la factura; […] todo ello con la intención de que tomen conciencia de lo que nos cuesta a los ciudadanos mantener tantos cargos públicos”.

Aunque el texto aparece sin firma, es CAS Madrid –Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid– quien le da alojamiento online y ha asumido su promoción. Su portavoz, Antonio Gómez Liébana, explica a El Confidencial que la medida pretende “conceder visibilidad” a una cuestión “que trasciende la anécdota del fenómeno viral”. La de la factura informativa, declara, “es una medida cosmética que no tiene ningún sentido, pero que tiende a culpabilizar al usuario", intentando responsabilizarle del coste de las enfermedades que padece.

Durante estos días, el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid emprende la segunda fase estratégica en la plantación de la llamada factura sanitaria informativa, un documento que se envía a los pacientes en el que se detalla el montante al que asciende el servicio sanitario prestado con la intención de concienciar a los ciudadanos madrileños de una noción básica: que la sanidad es gratuita, pero tiene un coste. A partir de ahora se le enviará a los usuarios de atención primaria –el médico de cabecera– que hayan superado las cinco visitas en el último año.

¿Es de verdad necesaria?

La factura informativa es más tendencia que hecho aislado y no parece entender de color político. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía –que hace ya un tiempo aprobó la implantación de la factura informativa en el Servicio Andaluz de Salud– sorprendía hace unos meses extendiendo esa misma factura a otros 16 servicios públicos no sanitarios, medida que presentó como “pionera en España”. La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, aseguró entonces que se trataba de “la primera fase” de un programa que afectaría a “los servicios sociales que se prestan en todos los ámbitos de la administración autonómica” con la intención de “informar, de sensibilizar y de defender los servicios públicos”. En un ejercicio poco sutil de retórica del acrónimo, bautizaron el programa como Plan FIJA-TE: Factura Informativa de la Junta de Andalucía Transparencia Efectiva.

La puesta en marcha del Plan FIJA-TE ha supuesto el envío de 3,98 millones de documentos a los hogares andaluces, para informar de un gasto en servicios públicos que asciende, entre los 16 comprendidos, a casi 4.985 millones de euros. Entre otros, se informará de su coste a los usuarios del Servicio de Orientación Jurídica o del Servicio de Ayuda a Domicilio, por ejemplo, aunque los principales afectados serán beneficiarios de la cultura y la educación pública: se enviarán cartas para concienciar de lo que cuesta el Servicio Complementario de Transporte Escolar, la dotación de ordenadores en Primaria y Secundaria, las becas universitarias o la visita a exposiciones, espacios escénicos y museos de titularidad autonómica. “No se trata de pagar”, según la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, “sino de informar para defender esa naturaleza pública de los servicios porque muchas veces lo gratuito no se valora adecuadamente”.

No tenemos ley de transparencia

La misma consejera explicó que se trataba de “una medida de sensibilización y de transparencia sobre el gasto público”. En la nota informativa que este mismo Gobierno traslada a El Confidencial se insiste en es una medida que “incrementará la transparencia […] en la Administración autonómica” y se explica que “el Plan FIJA-TE […] se enmarca en las nuevas fórmulas de 'Gobierno Abierto' que informan a la ciudadanía sobre la gestión del dinero público”.

Un discurso, el de la transparencia, que choca no obstante con la realidad jurídica nacional. Pese a haber más de una directiva comunitarias al respecto, España sigue siendo uno de los cinco países de la Unión que carecen de una ley de transparencia, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo. Todos los gobiernos de la última década han anunciado su creación y hasta la fecha, todos han evitado aprobarla. José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, la incluyó en sus programas electorales de 2004 y 2008, pero sólo llegó a desarrollar un borrador; Mariano Rajoy,  hizo lo propio en 2011, emplazándola  a “los 100 primeros días” de su Gobierno, aunque el anuncio oficial ahora es que la medida estará preparada para su trámite parlamentario  –lo que no implica su aprobación– “antes de verano”.

En España, y ante la ausencia de norma a nivel nacional, sólo Navarra cuenta con un anteproyecto de Ley Foral de la Transparencia y el Gobierno Abierto que recoge medidas en “el convencimiento de que la transparencia […] debe ser abordada desde una perspectiva integral”. Entre éstas no figura en modo alguno la implantación de la factura informativa.