Primero fue el tabaco, luego la hamburguesa XXL y ahora… la sal

No se engañe, madre no hay más que una, y cuando el Estado prohíbe el consumo de tabaco, recomienda comer frutas, veta las hamburguesas XXL o le obliga a ponerse el cinturón de seguridad lo hace por su salud sí, pero también por la del gran bolsillo, el de las arcas públicas.

Ahora le toca el turno a la sal. Desde el Consejo de Ministros se acaba de dar luz verde a un Plan que afecta a lo más “salao” de nuestra gastronomía.  Prepárense porque si ya de por sí son sosos los menús en los hospitales pronto veremos lo que se avecina. El objetivo que se persigue es rebajar para el 2014 el consumo diario de 10 a 8,5 gramos/día.

Se calcula, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que esta reducción en la ingesta de sal evitaría cada año 10.000 lesiones cerebrovasculares y hasta 15.000 enfermedades cardíacas. Háganse una idea del ahorro que supondría para las arcas del Estado. Valga además como referencia este dato: en España las enfermedades cardiovasculares suponen un coste anual de 7.000 millones de euros, esto es el 7% del montante global de los presupuestos en Sanidad. Surge por tanto la pregunta ¿preocupados por nuestros corazones o por el gasto contante y sonante?

Tomemos otro ejemplo, el tabaco, prevenir el tabaquismo ahorraría a Sanidad 5.500 millones al año. Los gastos por tabaquismo ascienden a 14.710 millones mientras los ingresos por vía de impuestos son de 9.266 millones y no cubren la factura que provocan el asma, el cáncer de pulmón, las enfermedades cerebrovasculares y las coronarias. He aquí de nuevo el gran interrogante ¿preocupados por nuestros pulmones o pendientes de la calculadora?

Demos un paso más y analicemos ahora el coste de los accidentes de tráfico. En 2009 la carretera se cobró la vida de 1.897 personas, 282 menos que en 2008. Es difícil cuantificarlo porque son muchos los elementos que hay que tener en cuenta. Un estudio realizado por Francisco Javier Saura y Ramón Crespo arrojó los siguientes resultados:

- Una víctima mortal supone un coste de entre los 34.800 y los 47.000 euros.

- Un herido grave entre los 241.000 y los 328.000 euros.

- Un herido leve entre 5.900 y 8.000 euros.

- Los daños en vehículos por colisiones con salida de vía entre 3.450 y 4.690 euros.

- Por comunidades, Cataluña y Madrid, con el mayor número de accidentes y número de kilómetros en red, superan un coste de hasta 100.000 euros por kilómetro.

Si a todos esos gastos se suman los que provocan las bajas laborales, las indemnizaciones, los costes administrativos, los hospitalarios, los de rehabilitación… en sólo un año la cifra total puede sobrepasar los 15.000 millones de euros, esto es cerca de 2,5 billones de las antiguas pesetas. Y tras las cifras, otra vez la duda: ¿Vidas o costes?

El Confidencial se ha puesto en contacto con las diferentes asociaciones de consumidores para plantearles abiertamente este asunto, cuando los gobiernos, independientemente de su signo político, toman medidas que afectan a nuestros hábitos de vida y consumo ¿lo hacen pensando en el ciudadano o en el bolsillo?

Al Secretario General de la Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid-UCE, Eustaquio Jiménez, no le cabe la menor duda: “Yo creo que la salud es lo primero, aunque luego con esas medidas se ahorre. Tengo la convicción de que lo hacen por protegernos, lo que sí me sorprende es que no lo hagan antes, por ejemplo, el tabaco ¿por qué tanto tiempo para que llegue una ley?”. 

Antonio López, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU, también está convencido de que lo primero es la salud, “lo que pasa es que, indirectamente, se beneficia el ahorro. Son, además campañas agradecidas, los gobiernos hacen también su marketing particular por un lado cuidan de la salud y por otro ahorran, una medida que siempre es de agradecer en tiempos de crisis”.

Para Rubén Sánchez, portavoz de la Asociación en Defensa de los Consumidores FACUA, “aquí no impiden el consumo, no prohíben, se limitan a recomendar, a implantar hábitos de consumo o a promover códigos de conducta. Creemos que la prioridad es la salud pero, salvo en casos como la ley del tabaco, los gobiernos no se atreven a legislar. Por ejemplo, quedan prohibidos en los colegios el consumo de determinados productos con ciertos índices de grasa, la bollería industrial, o se eliminan determinados refrescos gaseosos con elevados niveles de azúcar. Las medidas que se toman son casi siempre educativas y en este sentido los gobiernos son timoratos. Recomiendan pero no dan el paso de legislar”.

Es curioso, comprobar que entre los ciudadanos a los que hemos entrevistado la opinión que predomina es justo la contraria: el Estado toma las decisiones por una cuestión de dinero y de paso cuida de nuestra salud. Para Mar, de 43 años, “quienes gobiernan lo que hacen es un presupuesto. De las mil posibilidades que hay para ahorrar, ¿qué podemos hacer? Pues esto, ahorramos en salud. Si tan malo es el tabaco para la salud lo tendrían que haber prohibido ya, pero claro, está en juego el dinero en impuestos”.

Según Richard, 41 años, “no sé qué es antes si el huevo o la gallina pero la crisis agudiza el ingenio”. Para Jesús de 55 años, “creo que lo primero en lo que piensan es en las arcas públicas porque se ahorran un montón de dinero y en crisis hay que meter tijera”. Javier, de 30 años entiende que “lo hacen para ahorrar más recortando libertades de la gente y no otros gastos que son más innecesarios en tiempos de crisis”. Armando entiende que al fin y al cabo “sólo están pensando de cara a la galería. Entre otras cosas ¿alguien me puede decir que ponen un inspector en nuestras vidas para comprobar si se cumplen o no las medidas que toman?”.

El debate tiene como pueden comprobar su punto de sal. Visto el panorama igual hasta se cumple el viejo refrán “ajo, sal y pimiento, y lo demás es cuento”.