Máster de Cifuentes: crónica de una coartada fabricada en 24 horas

La carrera política de Cristina Cifuentes quedó arruinada en poco más de un mes. Transcurrieron 36 días entre las primeras informaciones sobre su máster irregular y su dimisión, que intentó evitar hasta el final. Y terminó sentada en el banquillo de los acusados por la exclusiva que reveló El Confidencial: dos de las tres firmas que contenía el acta que enseñó para demostrar que había realizado el curso en Derecho Autonómico se falsificaron. Ni hubo tribunal de evaluación ni existió la presentación del examen final, como ella aseguró.

Los días previos a la publicación de la primera noticia clave del caso, el 4 de abril de 2018, fueron muy tensos en la redacción. Por dos vías distintas, teníamos la certeza de que el acta del máster se había fabricado de un día para otro, cuando ‘elDiario.es’ contó que las notas que salían en su expediente académico no eran reales. Pero la información que llegó a la redacción de El Confidencial iba un paso más allá, siendo de extraordinaria gravedad para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid: se había construido una coartada que implicaría más adelante la acusación de un delito de falsedad documental. De hecho, Cifuentes terminó en el banquillo de los acusados solo por esa razón.

[Escucha en el siguiente audio a Paloma Esteban narrar cómo se gestó la exclusiva]

El primer aviso lo dio una fuente a través de una segunda persona con la que mantuvimos un encuentro directo. Aquella reunión sirvió para concretar datos y darnos cuenta de que en la piscina había agua. Teníamos que seguir investigando, ya que la información era muy sensible por distintas razones. Las consecuencias de la revelación podían contribuir, como finalmente ocurrió, a la dimisión y procesamiento judicial de la dirigente. Cifuentes atesoraba, además, mucho poder. No solo era la presidenta regional, sino también un talento político al alza, ya que figuraba en todas las quinielas como posible sucesora del entonces presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Durante varios días, los periodistas más implicados en la investigación, José María Olmo, David Fernández y Rafael Méndez, se centraron en ir comprobando cada indicio, averiguar más detalles y contrastar. Las informaciones eran cada vez más coincidentes, a pesar de que llegaban por distintas fuentes: horas después de que se hubiera publicado la información del máster irregular, se puso en marcha una operación para salvar a la presidenta.

Cifuentes grabó un vídeo a altas horas de la noche para enseñar el acta sobre su trabajo fin de máster. La intención, obviamente, era dar carpetazo al asunto. Pero, al final, solo consiguió agrandar las sospechas. El folio, sabía ya El Confidencial, se había fabricado en unas pocas horas y contenía dos firmas falsas. La propia directora del máster, Cecilia Rosado, reconocería más tarde haberlas usurpado siguiendo las órdenes de Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público (y fallecido en 2019 en mitad del proceso judicial).

Al consultar a su entorno, se limitaron a asegurar que ella solo mostró el documento de la URJC, dando a entender que no sabían nada

Después de reuniones internas con los principales responsables del periódico y tiras y aflojas constantes con las fuentes para atar cabos, el 4 de abril de hace tres años publicamos: “El acta del máster que exhibió Cifuentes tiene al menos dos firmas falsificadas”. Al consultar al entorno de la presidenta para que explicara su versión, se limitaron a asegurar que ella simplemente mostró el documento que la Universidad Rey Juan Carlos le hizo llegar, dando a entender que no sabían nada de lo que íbamos a publicar.

La misma tarde en que El Confidencial sacó su exclusiva, Cifuentes compareció en el pleno de la Asamblea y se negó a dimitir, insistiendo en que lo que había era “una operación política y de descrédito” contra ella. También insistió en que completó el máster y que ella en persona acudió a defender su trabajo final en el campus que la universidad tenía en Vicálvaro. Pero al día siguiente este periódico desvelaba que nunca hubo un tribunal que la examinara, ni las profesoras se reunieron para evaluar el trabajo fin de máster. Mientras íbamos obteniendo más detalles del caso, ni las profesoras del máster ni Álvarez Conde contestaban a las llamadas y mensajes de texto. El trabajo de verificación de este periódico fue crucial ante el silencio sepulcral de los protagonistas, que iban viendo cómo el hoyo se hacía cada vez más profundo.

Y es que políticamente las cosas se ponían feas para Cifuentes. Dentro del PP, se vivió una especie de esquizofrenia transitoria. Justo después de la revelación de la falsificación de las firmas, el partido celebraba su convención nacional en Sevilla y allí hubo un cierre de filas sin matices con la presidenta madrileña. “Siento el apoyo. Si no, no estaría aquí”, dijo en la capital andaluza ante decenas de medios de comunicación. Tres días más tarde, todo cambió. Su socio de gobierno, Ciudadanos, amenazaba con descabalgarla de la Puerta del Sol si no se apartaba y ahí sí saltaron todas las alarmas en Génova.

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Mariano Rajoy, de viaje en Argentina, evitó dar un apoyo expreso a la dirigente. Una semana más tarde, nadie dentro del PP quería mostrar su respaldo públicamente. Algunos incluso entendían un “desafío” su resistencia a dimitir, desconfiando de que otra solución fuera posible. Fue el 24 de abril cuando por la mañana y sin que Rajoy se lo llegara a pedir (no hizo falta), la presidenta, enfundada en un traje blanco y su característica coleta rubia, dimitía tras el caso máster y ahogada por el vídeo en el que aparecía robando unas cremas de un supermercado Eroski. Cifuentes abandonó la política de manera radical.

Hace apenas dos meses y medio, el 15 de febrero de este 2021, la Audiencia Nacional de Madrid la absolvió por el caso máster. La Fiscalía había pedido para ella tres años y tres meses de cárcel. Sí condenó a las otras dos acusadas (Rosado, como autora de la falsificación de las firmas, y María Teresa Feito, asesora de la Consejería de Educación, como inductora de la falsificación). El personaje de Feito fue clave, porque actuó como intermediaria entre la universidad (donde había dado clases de inglés tiempo antes) y la Comunidad de Madrid.

La verdad judicial dice que no se pudo probar “contacto alguno” entre las dos condenadas y Cifuentes. Parece improbable que Feito decidiera por sí misma organizar una operación para falsificar el documento clave para Cifuentes, pero la sentencia insiste en que no se pudo probar que existiera una orden desde la presidencia de la comunidad para fabricar la coartada. La gran promesa del PP no tiene ya causas pendientes con la Justicia, pero se tuvo que apartar de la política por completo.