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El juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, ha asegurado que la investigación de la trama de corrupción urbanística y municipal en Marbella le ha cambiado la vida. El magistrado reconoció, en su primera comparecencia ante los medios a raíz de su participación como ponente en uno de los cursos de verano de Ronda, que trabajar en un caso de tal magnitud y que ha concitado tal revuelo social "te cambia absolutamente tu vida, tus actividades rutinarias e incluso tus relaciones personales".

Torres, que próximamente abandonará la instrucción del caso Malaya para regresar a su plaza en un juzgado de Granada, no quiso precisar en qué momento se encuentra la investigación y cuando será sustituido por el nuevo juez Oscar Pérez. En la conferencia, titulada La corrupción urbanística como forma de crimen organizado, el magistrado aludió de forma velada al funcionamiento de la trama de corrupción marbellí como el uso de entramados societarios o la compra de inmuebles a través de testaferros.

Según Torres, "parece que los casos de corrupción urbanística se han puesto de moda en España, y existe la falsa creencia de que los hay en todos los Ayuntamientos, pero con ese pensamiento sólo se consigue quitar importancia al delito". A su juicio, el desarrollo de un grupo organizado en una determinada zona no es casual ya que los criminales "se instalan en aquellos ambientes más favorables", indicó el magistrado. En su opinión, podría haber mejores mecanismos de control por parte de las comunidades autónomas, si bien "los Ayuntamientos son entidades autónomas que no pueden estar sometidas a un control absoluto".

El juez explicó que hasta ahora la actividad inmobiliaria se había aceptado "porque generaba riqueza para los municipios y cuando las cosas van bien la gente no se plantea qué hay detrás". Por esta razón, insistió en que "hay que dejar de ver la corrupción municipal como un mal necesario porque, aunque siempre existirá, se pueden tomar medidas contra él".

No obstante, Torres lamentó que "en muchos casos la actividad criminal va por delante del legislador" ya que, según él, no existe una clara tipificación de los delitos, no hay unas leyes adaptadas a las nuevas conductas penales, y muchas normativas sobre mecanismos necesarios como las escuchas telefónicas o los registros "están obsoletas". Criticó que muchos de estos delitos se consideren "simples infracciones administrativas y no penales para no crear alarma social", ya que al final se consigue dar a los delincuentes una sensación de impunidad.

Torres advirtió de que cada vez hay tramas de corrupción más complejas y difíciles de investigar porque se revisten de apariencia de licitud y opinó que la mejor forma de hacerles frente es con una reforma del marco legislativo. En este sentido, propuso que se regulen claramente los tipos de delitos y sus penas, que se mejore la cooperación jurídica internacional, que se haga más accesible la información bancaria, que se creen juzgados específicos para casos de corrupción o que se adopten figuras ya utilizadas en otros países "como el testigo protegido o el agente encubierto". El magistrado también se mostró partidario de endurecer las penas e investigar todos estos casos de corrupción por la vía penal.

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