Rajoy vence a las constructoras y se ahorra 1.200 millones por las expropiaciones

La ministra de Fomento, Ana Pastor, lleva más de un año metida en un túnel sin salida para resolver el agujero de 4.500 millones derivado de la quiebra de hasta ocho autopistas de peaje construidas por numerosas empresas privadas con la garantía del Estado. No obstante, la responsable de las carreteras del país y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, han encontrado en el Consejo de Estado un aliado para reducir en al menos 1.200 millones el coste de las expropiaciones que reclaman empresas como ACS, Ferrovial, OHL, Abertis y Acciona, entre otras.

El supremo órgano consultivo del Gobierno de España respondió de esta manera a una pregunta solicitada por la propia ministra de Fomento el pasado año para acotar la responsabilidad patrimonial de la Administración ante la demanda de dos familias que se había sentido perjudicada por las expropiaciones de sus terrenos en Torrejón de Velasco (Madrid) para construir una de las autopistas de pago que, posteriormente, entró en concurso de acreedores.

Como las familias de Jesús Lorenzo y Martín Alguacil no habían podido cobrar por la venta forzosa de sus parcelas por las que se trazó la R4 que une Madrid con Ocaña y Toledo, los afectados decidieron solicitar el pago al Estado. En un principio, reclamaron 166,3 millones de euros, pero el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid rebajó la compensación a 87,55 millones a mediados de 2012. Los demandantes exigían que la Administración les abonara su dinero sin necesidad de esperar a la resolución del concurso de acreedores, que aún sigue encallado.

Por este motivo, Fomento pidió un informe a la Abogacía del Estado, que dictaminó que no era el Estado, sino la concesionaria, quien debía hacerse cargo del coste de la expropiación. No contentos con este informe, en 2013 los reclamantes elevaron su consulta al Consejo de Estado, organismo que también reiteró la posición del Tribunal Supremo al estimar “palmario” que la insolvencia de la concesionaria -Ferrovial y Sacyr- no era consecuencia del funcionamiento de ningún servicio público.

No obstante, el ente jurídico consultivo fue más allá en un informe que carga con dureza contra las pretensiones de las concesionarias a la hora de reclamar al Estado el pago de las compensaciones –las cuales define como de derecho constitucional a favor del ciudadano- en el caso de que finalmente las autopistas fueran a disolución y el Gobierno tuviera que hacerse cargo de los pasivos. En ese extremo, cada vez más plausible a tenor de los acontecimientos, el organismo jurídico sostiene que el coste de las expropiaciones de todos los afectados por las ocho carreteras en concurso deberá ser minorado del importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración o RPA.

La amenaza de la patronal

El Consejo de Estado se apoya para llegar a esa conclusión en el real decreto ley 1/2014 del 24 de enero, según el cual hay que evitar que, en el caso de que el Gobierno tenga que hacerse cargo de los justiprecios, “acabe asumiendo dos veces el pago de la expropiación, en beneficio del concesionario”. Es decir, “de un lado paga al expropiado, obligado por la resolución judicial, y de otro entrega al concesionario el importe de la responsabilidad patrimonial”.

Este dictamen es un palo muy duro para las empresas involucradas en este agujero, ya que además de exigir los 3.400 millones de la RPA, reclaman otros 1.200 millones por los justiprecios a las personas a las que compraron los terrenos por los que se trazaron las autopistas. Más aún, el presidente de la CEOE, envió directamente una dura carta a finales del pasado año al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que le instaba a activar de forma inmediata el rescate de las autopistas si no quería recibir demandas por hasta 8.000 millones de euros.

Una misiva enviada en nombre de Ferrovial, Sacyr, ACS, OHL, Abertis, FCC, Isolux, Acciona, Sando y Comsa, y entidades financieras como Bankia, Unicaja, BMN y las antiguas CCM y CAM, para reclamar un derecho que, según Rosell, está reconocido por ley y cuyo incumplimiento por parte del Gobierno “ha originado la insolvencia de las sociedades” y su más que probable futura liquidación.