La pesadilla judicial de Valdebebas: 200 procedimientos y casi 20 millones de euros

Casi 200 procedimientos administrativos, mercantiles, civiles y penales abiertos y archivados y un coste cercano a los 200 millones de euros. Este es el balance, a grandes rasgos, de la pesadilla judicial que ha marcado los últimos 15 años de existencia de Valdebebas, el mayor desarrollo urbanístico de Madrid.

Este ámbito no nació precisamente con un pan bajo el brazo, sino con un tortuoso camino judicial que ha supuesto un coste económico directo a la junta de compensación de más de siete millones de euros en recursos, cantidad a la que habría que sumar otros cinco millones en costes de gestión y un coste financiero de otros seis millones. En total, la nada despreciable cifra de 18 millones de euros.

Una batalla judicial que llegó a provocar la paralización de obras y la concesión de licencias de primera ocupación —las que impiden a los dueños de sus viviendas entrar a vivir en ellas—, y que ha prolongando el proceso urbanizador del ámbito en más de cuatro años, con el consiguiente impacto económico, no solo en las cuentas de la junta de compensación, también en las de los promotores que han visto retrasadas o paralizadas su obras y de los propios vecinos.

La sentencia del TSJM de 2016 mantiene en el aire la construcción de 1.000 viviendas y un colegio

El Tribunal Supremo dio un gran respiro al ámbito en septiembre del año pasado, al despejar cualquier duda en torno a la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Tras aquella sentencia, el Ayuntamiento de Madrid retomó la concesión de licencias de obra, pero lo cierto es que aún queda un importante frente judicial abierto. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de hace un año, en la que aceptaba parcialmente el recurso presentado por la Asociación para la Promoción del Urbanismo Responsable y declaraba nulo el Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de la pastilla comercial de este desarrollo urbanístico.

Una decisión que sigue afectando a un millar de viviendas, y cuyos principales damnificados, además de la junta de compensación, son Pryconsa, Premier, Joyfe y la cooperativa Valdecam, pendientes todos ellos de que el Ayuntamiento de Madrid realice la modificación puntual del Plan Especial que permita subsanar el último enredo judicial.

Lo cierto es que la litigiosidad es abrumadora. "El número de procedimientos vivos y muertos interpuestos contra Valdebebas asciende a 191. De esta cantidad, actualmente vivos hay 74, de los cuales, el 90% ha sido impulsado por los mismos recurrentes", explica a El Confidencial el equipo jurídico de la junta de compensación. Recurrentes habituales que identifican con el letrado José Ignacio Hernández Obelart, presente, según las mismas fuentes, en la inmensa mayoría de los procedimientos, así como con la Asociación para la Promoción del Urbanismo Responsable, Fundación Fomento Hispania, Luis Ignacio Martínez Alías y, hasta hace apenas unos meses, Parque Empresarial el Olivar, sociedad de la familia Cort Lagos (primos de uno de los mayores propietarios de suelo de Valdebebas y presidente de la junta, César Cort Lantero), enfrentada a la junta de compensación de este desarrollo, que se declaró en concurso voluntario hace tres años, y que en 2014 entró en fase de liquidación.

Una situación que Trinitario Casanova, propietario del famoso Edificio España, aprovechó para hacerse con el control de esta sociedad tras adquirir su deuda, después de lo cual retiró casi 100 procedimientos judiciales contra Valdebebas. Entre otros, desistió del recurso contra el Plan General, reduciendo significativamente la beligerancia procesal contra el ámbito.

"La pieza común en la mayoría de los procedimientos vivos es el letrado José Ignacio Hernández Obelart", señalan los abogados de la junta de compensación, quienes reconocen que, en la actualidad, "se recurre todo, desde las licencias de obra hasta las licencias de primera ocupación".

No obstante, para entender todo este laberinto judicial, es necesario poner sobre la mesa el nombre de Juan Barranco, el que fuera alcalde socialista de Madrid entre 1986 y 1989, quien fue el primero en recurrir el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y cuyo testigo fue recogido por un particular que impugnó la aprobación del plan de 1997 que dio lugar a la sentencia de 2003 del TSJM, en la que se decretó la nulidad del citado plan por entender que no se había respetado el proceso de desclasificación de suelo, al no existir una fundamentación medioambiental suficiente.

Dicha sentencia fue ratificada en 2007 por el Tribunal Supremo, quien desestimó el recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y declaró injustificada la desclasificación de suelo protegido en 22 de los 28 ámbitos recurridos, al entender que las recalificaciones de suelos protegidos en suelos urbanizables de los planes de Actuación Urbanística (PAU) eran ilegales.

Los 'recurrentes habituales'

Fue entonces cuando José Ignacio Hernández Obelart tomó el testigo y, de la mano de diferentes recurrentes, tal y como explican desde la junta, ha marcado el periplo judicial de Valdebebas desde 2007. Uno de estos "recurrentes habituales", como los denominan tanto los vecinos de Valdebebas como la junta de compensación, ha sido Luis Ignacio Martínez Alías, un particular que recurrió, entre otros, la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de Valdebebas, el proyecto de reparcelación de Valdebebas, así como la segunda modificación del Plan Parcial de Valdebebas. Recursos, todos ellos, que fueron admitidos a trámite y que han puesto en serios apuros a promotores y vecinos.

El 90% de los 74 procedimientos vivos ha sido iniciado por los mismos recurrentes

"Bajo la dirección letrada de un mismo abogado y contando con recurrentes insolventes como Fundación Fomento Hispania, Parque Empresarial del Olivar y la Asociación para la Promoción del Urbanismo Responsable contabilizamos a fecha de hoy hasta 108 expedientes", explicaba hace unas semanas César Cort Lantero. De hecho, de los 74 procedimientos judiciales vivos en la actualidad, 50 de ellos corresponden a alguno de ellos.

Los abogados de la junta de compensación explican, por ejemplo, cómo Luis Ignacio Martínez Alías, asesorado por el letrado José Ignacio Hernández Obelart, ha recurrido todos los actos de gestión, primera reparcelación, proyecto de urbanización, simultaneidad, las primeras licencias de nueva planta o las primeras licencias de primera ocupación.

Por su parte, "la Asociación para la Promoción del Urbanismo Responsable viene recurriendo las licencias de primera ocupación incluso con solicitud de medidas cautelares, licencias de nueva planta, proyecto de reparcelación económica, proyecto de urbanización, mientras que Parque Empresarial El Olivar, hasta su adquisición por Baraka, ha recurrido en numerosas ocasiones todos los actos administrativos de Valdebebas, los acuerdos de asamblea general, así como el proyecto de urbanización o el planeamiento general. Todos ellos retirados por Trinitario Casanova tras la compra de la sociedad", apuntan las mismas fuentes.

Por su parte, Fundación Fomento Hispania ha interpuesto distintos recursos contra las sentencias del planeamiento general a través de un incidente de ejecución, así como contra el Proyecto de Reparcelación Económica, mientras que, a título individual, "César Sánchez Ceballos, asistido por Hernández Obelart como letrado, recurre desde el mes de septiembre de 2016 todas las licencias de nueva planta y licencias de obras que está concediendo el Ayuntamiento de Madrid en Valdebebas".

¿Llegará algún día a su fin el periplo judicial?

Periplo judicial

1985. Se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid.

1997. Se realiza la modificación puntual del PGOU por parte del Ayuntamiento de Madrid, que declara urbanizables 28 terrenos protegidos. La modificación fue recurrida por el PSOE y Ecologistas en Acción. 

2003. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da parcialmente la razón a los recurrentes y anula la desclasificación de los terrenos de 28 ámbitos urbanísticos de la capital. 

2007. El Tribunal Supremo ratifica esta decisión y desestima el recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Declara injustificada la desclasificación de suelo protegido en 22 de los 28 ámbitos recurridos, al entender que las recalificaciones de suelos protegidos en suelos urbanizables de los planes de Actuación Urbanística (PAU) son ilegales.

2008. El Ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, intenta subsanar la nulidad declarada por la Justicia e incorpora dos nuevas modificaciones. Sin éxito.

2011. El caso vuelve al TSJM, que rechaza varios recursos contra el plan.

2012. Los recursos llegan al TS, donde corrigen al TSJM y confirman la nulidad del plan urbanístico, bloqueando 22 desarrollos urbanísticos.

2013. El Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella (PP), rectifica en tiempo récord el PGOU para recuperar la edificabilidad de esos terrenos y desbloquear la situación urbanística de dichos desarrollos. La decisión se recurre ante el Supremo.

2016. El Tribunal Supremo desestima los recursos sobre las modificaciones realizadas en 2013. Su decisión implica una aprobación general al actual plan urbanístico de la ciudad y evita el bloqueo de los 22 desarrollos, entre los que se encuentra Valdebebas.