Una 'subprime' en los estancos: la justicia investiga por estafa la Garantía del Alquiler

"El Plan Nacional de Alquiler Garantizado, la mejor garantía de alquiler para propietarios e inquilinos" (ABC, 2006). "Blindados ante el alquiler" (El País, 2007). "Sentencias en 30 días para los conflictos sobre alquileres" (El Mundo, 2008). "La Corte de Arbitraje gestiona 500.000 arrendamientos con garantía de alquiler". (Europa Press, 2009).

Situémonos: estamos a finales de la década pasada y un producto se está vendiendo como churros en inmobiliarias, estancos y quioscos. Se promociona en grandes campañas de publicidad y aparece frecuentemente en los medios. Es la llamada Garantía del Alquiler, un documento pensado para adjuntarse a los contratos de arrendamiento y que se podía comprar por 42 euros (después subió a 52). Este producto garantizaba a los propietarios que si un inquilino dejaba de pagar, la cuestión se sometía a un arbitraje que emitiría un laudo de obligado cumplimiento, ahorrando así tiempo y dinero al evitar un procedimiento judicial.

Sin embargo, los que lo compraron y llegaron a utilizarlo no sospechaban que años después acudirían a querellarse a los juzgados, agobiados tras recibir múltiples reclamaciones de dinero por supuestos servicios de abogacía recibidos. Tras una primera admisión a trámite de cinco casos, actualmente hay casi un centenar de adhesiones esperando a que la Fiscalía decida su destino.

"Yo tenía una inmobiliaria en aquella época y los vendía, y me lo hice para mi piso. Era la panacea del alquiler, era estupendo, decían que te recuperaban el piso, las rentas pendientes...", cuenta Luis, uno de los querellados. "Yo lo escuché por la radio y lo compré para que me lo firmara el inquilino", recuerda Alejandro. "Lo compré en un estanco porque me lo recomendó el de la inmobiliaria", explica David. La lista es larga, y los testimonios, muy similares.

Cuando echan la vista 10 años atrás, muchos coinciden en señalar que en su momento tenían la sensación de que estaban relacionándose con un organismo público, por la apariencia oficial de los documentos. Pero lo cierto es que, aunque la iniciativa se llamaba Plan Nacional de Alquiler Garantizado y lo comercializaba la denominada Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, esta corte era simplementeuna asociación privada, hoydisuelta. En aquellos días el Gobierno de Zapatero había puesto en marcha la Sociedad Pública del Alquiler, lo que contribuía a la confusión. Con el tiempo, el Ministerio de Vivienda les obligó a eliminar las palabras "Nacional" y "Española" de las denominaciones.

En la junta directiva de Corte Española de Arbitraje estaban Mario Navarro-Rubio,su exmujerMónica Cobián, y la madre de Mario, Pilar Rodríguez.Tresnombres que volverán a aparecer.

Distintas sociedades, mismas personas

La historia es siempre la misma, con pequeñas variaciones. Cuando un inquilino dejaba de pagar, el propietario hacía uso de su Garantía y se dirigía a Corte de Arbitraje, que le daba un modelo con el que iniciaba el arbitraje y obtenía un laudo.

Si el inquilino no se iba inmediatamente, la Corte informaba a los propietarios de que un despacho de abogados llamado Abogalia se encargaría de ejecutar el laudo para que se produjera el desahucio. Lo que no sabían los propietarios es que detrás de Abogalia estaban las mismas personas que en la Corte de Arbitraje: en la junta directiva del despacho figuraban Mario Navarro-Rubio, su exmujer Mónica Cobián y la madre de Mario, Pilar Rodríguez. En ese punto, Abogalia solicitaba al propietario que cumplimentara un poder para pleitos en favor de un procurador llamado Alfonso María Rodríguez.

En la gran mayoría de los casos objeto de querella, los inquilinos se fueron por su propiopie y dejando deudas, según explican los propietarios: "Para cuando obtuve la sentencia, ya se habían ido". "Les intimidaron los papeles legales y dejaron el piso". "Yo incluso tenía ya un inquilino nuevo, un señor sueco que sí pagaba, y no paraban de llegarle cartas del juzgado diciendo que le iban a desahuciar". Con la vivienda ya vacía, Abogalia se ofrecía paraintentar recuperar la deuda pendiente. Los propietarios pensabanque el silencio posterior se debía que los inquilinos eran insolventes y se olvidaban del asunto.

Una llamada años después

Durante años, eso había sido todo: una Garantíapara conseguir un laudo más o menos eficaz con el que presionar a los inquilinos morosos, y un intento aparentemente infructuoso de recuperar la deuda.

Hasta que en 2014, el asunto reaparece. Aquellos que años atrás habían usado la Garantía reciben llamadas y correos electrónicos de un nuevo despacho de abogados: en algunos casos era NCR Servicios Jurídicos y en otros, Avantis Legal. Estos despachos se disculpaban "por los inconvenientes que le ha ocasionado el anterior despacho de abogados, Abogalia", presentándose como una entidad nueva y ajena a los procedimientos de años atrás.

Pero de nuevo, los clientes contactados ignoraban que detrás de NCR y Avantis estaban las mismas personas que en Abogalia y en Corte de Arbitraje: en las juntas directivas de ambas figuran Mario Navarro-Rubio, su exmujer Mónica Cobián y la madre de Mario, Pilar Rodríguez. No es de extrañar que decidieran jubilar la marca Abogalia teniendo en cuenta que, por aquel entonces, una búsqueda en Google arrojaba diversos mensajes en foros en los que se repetían las palabras "timo", "engaño", "falta de transparencia"y problemas con uniones de consumidores.

En los 'e-mails', NCR y Avantis informaban de que habían hecho averiguaciones sobre el patrimonio de sus inquilinos morosos que hacían "100% viablela recuperación de la deuda". Para continuar con ese procedimiento se pedían 345 euros, asegurando que esa cantidad también se recuperaría junto con la deuda. Este correo también llegó a las personas que ya en un primer momento habían rechazado perseguir a sus inquilinos.

"Me llamaron para decirme que habían dado con el inquilino y que tenía un coche que se le podía embargar. Me dijeron que Abogalia había quebrado y que ellos habían heredado los expedientes. Yo les dije que ya me había negado en su momento y que me sonaba raro que ahora me pidieran 345 euros. Pero me pusieron entre la espada y la pared, diciéndome que si no hacía ese pago 'único y último' tendría que hacerme cargo de las costas. Me echaron un rollo y al final les dije que bueno, pero que era lo último que pagaba", cuenta uno de los afectados.

"A mí me llamaron en enero de 2014 para ofrecerme recuperar la deuda", recuerda otra. "Yo les dije que no, que sabía que esos inquilinos eran unos muertos de hambre y que no iba a pagar 345 euros por eso. Insistieron por 'e-mail', me decían que esos 345 euros eran el último pago, que ya no tendría que pagar más hasta recuperar la deuda. Yo les decía: 'Ah, ¿y vais a seguir trabajando gratis para mí?'. Y me decían: 'Sí, es que hemos estudiado tu caso'. Y yo les decía: 'A ver, ¿cuál es mi caso?' Y la chica no tenía ni idea. Dos meses después me llamaron muy excitados diciendo que habían recuperado toda la deuda, que habían trabajado mucho y que me daban 72 horas para ingresar 345 euros para el procurador si quería cobrarla. Meses después empecé a contactar directamente con el procurador para saber por qué no me llegaba el dinero y me decía que estaba haciendo averiguaciones. Era contradictorio, decía muchas cosas pero no decía nada."

Algunos incluso acudieron en persona a las oficinas movidos por la desconfianza: "Yo pagué los 345 euros pero fui a su sede. Me atendió un chaval, porque nunca puedes hablar con la misma persona dos veces seguidas. Me dijeron que ese dinero cubría las acciones legales de un año, ojalá les hubiera pedido que me pusieran eso por escrito". Otro cliente que decidió acudir a las oficinas se encontró con un cartel en la puerta porque la empresa había sido desahuciada (las sedes han ido cambiando a lo largo de los años), y alguno incluso tuvo una discusión muy subida de tono que acabó con Mario Navarro-Rubio condenado por un delito leve de amenazas.

Los extrabajadores de una de sus sedes (en el barrio de Salamanca de Madrid) recuerdan cómo el presidente de Abogalia llegaba a la oficina en un Jaguar y solía bajara comer al restaurante Cinco Jotas de Serrano. "La madre y la exmujer también iban por las oficinas, muy bien vestidas, muy bien de peluquería. Esta gente vive a lo grande, pero luego nos dejarondinero a deber", cuentan. "Muchas buenas palabras siempre, pero luego no pagan".Tanto Navarro-Rubio como Mónica Cobián y Pilar Rodríguez acumulan varias condenas por despidos improcedentes o impagos a empleados de Corte de Arbitraje y de Abogalia.

"Los SMS y los'e-mails' son puro acoso"

Y con esto llegamos al verano de 2015, cuando en pleno agosto aparece la sorpresa realmente desagradable:los clientes empiezan a recibir minutas de Avantis en las que se les reclaman alrededor de 2.600 euros por trabajos prestados en conceptos como servicios de pretensión de cobros, reuniones con letrados, solicitud de averigüación patrimonial... Cuando los clientes se niegan a abonarlas, los requerimientos se multiplican vía SMS 'e-mail', además de asegurarles que se les va a incluir en una lista de morosos.

"Le han mandado la misma factura a todo el mundo, de 2.600 euros. A mí por ejemplo me reclaman dinero por servicios que nunca prestaron, como el desalojo del inquilino. Ahora me están diciendo que si pago en un plazo de cinco días me reducen el 50%, como si esto fueran las rebajas", explica uno de los querellantes. "Ha habido tandas de SMS que son puro acoso: siete SMS en cuatro días, 11 emails en apenas dos meses en los que decían que nos habían metido en la lista de morosos. Hay gente a la que esto le afecta mucho psicológicamente", explica otra.

El siguiente paso de Avantis para cobrar esas cantidades ha sido la presentación de juras de cuentas de forma masiva. La jura de cuentas es un privilegio que tienen los abogados y procuradores: en caso de que un cliente no les pague sus honorarios, la ley les permite indicárselo al juez, que le da 10 días para que pague o se oponga a esa reclamación. Si pasan los 10 días sin pagar y sin oposición, se pueden embargar bienes por esa cantidad, para que el abogado cobre. En su reciente declaración en sede judicial, Mónica Cobián admitió haber presentado más de mil juras de cuentas.

La cuestión es que muchos de los clientes no se han opuesto en los 10 días de los que disponen para ello... porque no se ha enterado. En las juras de cuentas, Avantis indica: "El afectado, con domicilio a efectos de notificaciones de su procurador, Alfonso María Rodríguez...". Se trata del procurador al que concedieron un poder para pleitos hace años, algo que muchos ni siquiera recuerdan.

La manera en la que el procurador notifica a sus clientes que se les ha interpuesto una jura de cuentas y que tienen 10 días para responder o serán embargados es el envío de un telegrama en el que únicamente consta el siguiente texto: "Contacte conmigo a fin de abonarme mis honorarios pendientes, y para que pueda hacerle llegar documentación importante que requiere su atención. Le ruego contacte confirmando por escrito que ha recibido este requerimiento en la siguiente dirección de e-mail". Debido a la vaguedad del texto y a la situación de desconfianza en la que se encontraban los clientes tras los SMS y correos recibidos de forma sistemática, prácticamente ninguno contestaba.

Los afectados se agrupan

A lo largo de los meses, muchos clientes fueron encontrándose en foros, en un grupo de Facebooky ahora enuna página web, comprobando que había otras personas por toda España en su misma situación y que ya había una querella admitida a trámite, a la que se han ido adhiriendo por decenas. La querella se dirige contra Mario Navarro-Rubio, Mónica Cobián y Pilar Rodríguez (directivos de Corte de Arbitraje, Abogalia, NCR y Avantis) y contra el procurador, Alfonso María Rodríguez, que ya prestaron declaración.

A través de su abogado común, tanto Mario Navarro-Rubio como Mónica Cobián han declinado hacer declaraciones a este diario. El procurador, Alfonso María Rodríguez, también ha preferido guardar silencio por encontrarse el asunto en fase de instrucción.

Mientras tanto, los abogados de los querellantes han comprobado que en algunos procedimientos se habían embargado cantidades a inquilinos morosos, pero no se habían entregado a los propietarios sino que seguían en posesión del procurador. Se han presentado requerimientos en los juzgados para que se entregue ese dinero (normalmente son unos cientos de euros pero en algún caso llegaba a los 7.000 euros). "En unos ha entregado el dinero y en otros todavía no", explican. "La única propietaria que cobró en cuanto recuperaron su deuda fue una mujer, porque era amiga del director de la sucursal de su banco yél laavisó de que le habían embargado 1.200 euros a su inquilina morosa", cuenta un abogado.

"Ya no se vende, pero mucha gente lo compró en su momento, y cuando el inquilino no le paga, llama y pone la rueda en marcha ahora"

También los juzgados han comenzado a anular juras de cuentas presentadas por Mónica Cobián, dado que ni ella constaba como abogada de los clientes ni se acepta que Avantis (constituida en 2014) reclame minutas de 2009. El pasado mes de junio, el Colegio de Abogados de Madrid abrió un expediente disciplinario a Cobián por las quejas recibidas, pero su tramitación se encuentra suspendida ya que, ante los indicios de delito, el Colegio ha remitido los hechos al Ministerio Fiscal.

"Esto no se acabó, sigue ocurriendo"

"Nosotros calculamos que hay 6.000 afectados", explica uno de los abogados. "Lo pensamos porque las minutas que envían están numeradas, y si comparamos las que tenemos, vemos que van en orden cronológico. Y las últimas llevan el número seis mil y pico. Si tenemos en cuenta que ellos aseguraron haber vendido 500.000, no es descabellado que 6.000 la usaran al encontrarse inquilinos morosos".

"A todos ellos", continúa el abogado, "les pidieron en primer lugar los 345 euros para recuperar la deuda. A eso se le suma que, por lo que hemos visto hasta el momento, en muchos casos se embargaron cantidades a los inquilinos pero se las quedaron, no se las transfirieron a los propietarios. Y ahora están pasando minutas que van de los 1.000 a los2.600 euros. No todos pagan, no se quedaron cantidades embargadas de todos... pero con que haya un cierto porcentaje ya va sumando mucho dinero. El otro día estuve con una señora que ya les ha pagado tres minutas de estas, porque tenía tres procedimientos de ejecución. Algunos acaban pagandoporque piensan que al menos así se olvidan del tema de una vez".

Pero, ¿por qué se pasan minutas por servicios jurídicos tantos años después y de forma masiva? ¿Por qué los propietarios están tan sorprendidos? Todos los querellados con los que ha contactado este diario aseguran que al poner en marcha el procedimiento para ejecutar el laudo entendieron que los gastos de abogado y procurador corrían de cuenta de la Corte de Arbitraje. "Me dijeron que estaba todo cubierto" es la frase más repetida.

En el documento de la Garantía del Alquiler no se hace referencia expresa a los gastos de abogado y procurador... salvo que se acuda a la letra pequeña de la parte de atrás, donde tras mucho leer tecnicismos se llega a la "cláusula q)", donde se mencionaba que, si el inquilino no se iba voluntariamente, habría que recurrir a una ejecución forzosa, para lo que se necesitaría abogado y procurador. Y que la Corte proporcionaba y asumía los costes de esos profesionales... "a todo aquel que lo solicite en tiempo y forma, de manera que no tenga que desembolsar innecesariamente ningún importe adicional".

Los primeros clientes disponían de un formulario que incluía una casilla en la que se solicitaba a la Corte que designase abogado y procurador. A pesar de haberla marcado, se les han pasado minutas años después porque no ponía expresamente que la Corte se hiciera cargo de los gastos, solo que los designaba.

En posteriores versiones del formulario, esa casilla se eliminó y se pasó a una nueva fórmula. Se enviaba una carta a los propietarios explicándoles cómo podían solicitar "abogado y procurador subvencionados íntegramente por esta institución, de manera que no supongan gasto alguno para usted". Sin embargo, entre los querellantes hay casos que tienen concedida la "subvención" y aun así se les han pasado minutas que superan los mil euros.

Y posteriormente hubo incluso una versión más, en la que se le ofrecía al propietario una "subvención" del 50% para pagar abogado y procurador. Hubo algún caso en el que el propietario había preguntado expresamente por correo si habría más gastos en el futuro y el empleado de Avantis le respondía que esos eran los "únicos y últimos gastos que tendría que afrontar". Pero aunque se pagase ese 50% (590 euros), luego se recibía también una minuta que superaba los 1.000 euros.

Por último los abogados de los querellantes advierten: "Es importante tener en cuenta que esto sigue activo. Ya no se vende pero mucha gente lo tiene porque lo compró en su momento, y cuando el inquilino no le paga, llama y pone la rueda en marcha". De hecho los anuncios siguen colgados en sucanal de YouTube, aunque tienen desactivada la opción de insertar el vídeo en otra página y los comentarios están cerrados.

Recientemente los poseedores de Garantías del Alquiler han recibido reclamaciones de dinero en nombre de una nueva entidad que lleva por nombre Asociación Española para la Defensa Jurídica. Una vez más,tras ella se encuentran las mismas tres personas que estaban en la directiva de Corte de Arbitraje, Abogalia, NCR y Avantis: Mario Navarro-Rubio (presidente), su exmujerMónica Cobián (secretaria) y la madre de Mario, Pilar Rodríguez (tesorera).

Mientras continúa la fase de instrucción de las querellas ya admitidas a trámite y la Fiscalía decide dónde enviar las casi 100 adhesiones (y subiendo), los querellantes han encontrado fuerzas en su unión y están dispuestos a llegar hasta el final. Unos lo hacen apelando al peligro que supone que sigan operando: "Seguro que le está pasando a gente mayor, menos informada, menos conectada, y seguro que de esos se están aprovechando más. Les van a acabar llegando embargos a sus cuentas". Otros simplemente quieren justicia tras todo el tiempo perdido: "Me han quitado horas de sueño, me han cabreado y me han quitado dinero a cambio de nada. Se están aprovechando de la debilidad de la gente, al que haya pagado le apretarán más. Son unos sinvergüenzas, no tienen alma".