El Gobierno pretende suprimir las cláusulas suelo en un nuevo guiño electoral

El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que uno de sus flancos más vulnerables de cara a las elecciones es su apoyo a la banca –incluyendo el rescate de las cajas de ahorros con 41.000 millones de dinero público–, a la que los partidos de izquierda y buena parte de la ciudadanía consideran responsable, al menos en cierta medida, de la crisis y culpable de todo tipo de abusos a sus clientes. Para tratar de paliar esta debilidad, pretende actuar sobre el producto que más demandas acumula en los juzgados una vez resuelto el de las preferentes con los arbitrajes y ampliada la moratoria de los desahucios: las cláusulas suelo.

Según fuentes conocedoras de la situación, el Ejecutivo está estudiando la fórmula jurídica por la que podría suprimir las cláusulas de este tipo que contienen las hipotecas que están actualmente en vigor, aparte de prohibirlas en el futuro. Para fundamentar esta decisión cuenta con las sentencias del Supremo, que anuló estas cláusulas de BBVA, Abanca (Novagalicia), Cajamar, Cajasur y Caja Segovia, y que desestimó el recurso presentado por el primero. Asimismo, el Constitucional no admitió a trámite un recurso de amparo sobre este asunto presentado por el banco que preside Francisco González. Finalmente, se espera que la sentencia del macrojuicio de 15.000 afectados en Madrid, prevista para septiembre, vaya en la misma dirección.

Las fuentes consultadas aseguran que el proyecto se encuentra en una fase preliminar, por lo que finalmente podría no ver la luz. De hecho, no sería la primera vez que el Gobierno intenta meter mano a tan espinoso asunto y acaba echándose atrás por la presión de la banca: ya ocurrió con la Ley de Segunda Oportunidad, cuando limitó esta supresión a los colectivos más vulnerables, sujetos al Código de Buenas Prácticas Hipotecarias. La razón es que el Ejecutivo tampoco quiere ir tan lejos como para poner en peligro la estabilidad financiera y provocar que alguna entidad necesite un nuevo rescate, algo que debe evitar a toda costa. Un portavoz de Economía afirma que "no hay previsto nada" respecto a este asunto.

Según las fuentes consultadas, la idea inicial es que esta supresión no sea retroactiva más allá del 9 de mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Supremo que declaraba nulas estas cláusulas. Es decir, los clientes no recibirán las cantidades cobradas de más en los años transcurridos desde que el interés de su hipoteca se situó por debajo del nivel mínimo (el suelo) estipulado en su contrato. Pero no las pagarán a partir de esa fecha. El Supremo también citó la estabilidad del sector financiero como argumento para la irretroactividad de sus sentencias.

El sector lo da por inevitable

La banca tiene bastante asumido que es inevitable el fin de las cláusulas suelo: si no es ahora, será con el nuevo Gobierno que salga de las generales. Si es una coalición de izquierdas, sin ninguna duda; y si es un Ejecutivo liderada por el PP, seguramente también porque sería una condición de su potencial aliado (en teoría, Ciudadanos). Este pesimismo generalizado se recogía en un reciente informe del Santander, que además estimaba en cerca de 800 millones el impacto de esta medida en las cuentas de Liberbank, Sabadell, Popular, CaixaBank y Bankia, las cinco entidades más afectadas por la misma.

Ahora bien, el propósito de Rajoy no va a ser sencillo de llevar a la práctica. En primer lugar, hay que buscar una fórmula jurídica aceptable, y además el hecho de anular una cláusula de un contrato firmado ante notario y ajustada a la ley vigente en ese momento puede tener visos de inconstitucionalidad. Los servicios jurídicos del Estado están analizando ambas cuestiones para buscar una vía que las solvente. Pero, en todo caso, se antoja necesario un acuerdo con el sector para evitar que las entidades recurran esta nueva norma ante los tribunales, a cambio de algún tipo de compensación.

Los supervisores se oponen

En segundo lugar, está la oposición de los supervisores: el BCE (responsable de las 14 mayores entidades) y el Banco de España (responsable del resto). Unas fuentes sostienen que, de momento, el gobernador Luis Linde sólo ha pedido que se evalúe el posible impacto de esta supresión en las cuentas de resultados del sector, pero otras aseguran que ha adoptado una posición más beligerante en defensa del sector y de su solvencia. Según esta versión, al BCE le preocupa mucho que la supresión de los suelos ponga en aprietos las ratios de capital de alguna entidad ahora que todas han superado la crisis del ladrillo y han alcanzado niveles de solvencia equiparables con sus competidores europeos, gracias en los principales casos –Santander y BBVA– a las grandes ampliaciones de capital realizadas a principios de año.

Para defender la posición de los supervisores, el Banco de España está utilizando una serie de argumentos según estas fuentes: los contratos fueron firmados ante notario y los bancos no tienen la culpa de que la gente no se lea las escrituras; las hipotecas con suelo son entre 0,50 y 0,75 puntos más baratas que las que no tienen esta cláusula (y muchos clientes las eligieron por esa razón, por eso hay tantas); y todas las sentencias del Supremo sostienen que hay que ir entidad por entidad, lo que implica que no se pueden anular por decreto las de toda la banca.