CONDICIONES MUY RESTRICTIVAS

Los dos últimos suicidios no se habrían evitado con el decreto antidesahucios del Gobierno

Miguel Ángel Domingo tenía 53 años. Era soltero y tenía un pequeño comercio de prensa, revistas y libros, junto a la frutería de su hermano. El
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Los dos últimos suicidios no se habrían evitado con el decreto antidesahucios del Gobierno
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    Miguel Ángel Domingo tenía 53 años. Era soltero y tenía un pequeño comercio de prensa, revistas y libros, junto a la frutería de su hermano. El 25 de octubre se ahorcó. El mismo día en el que iban a ejecutar el desahucio de su vivienda.

    Amaia Egaña también tenía 53 años. Estaba casada y tenía un hijo de 21 años. Saltó al vacío desde la ventana de su casa el pasado 9 de noviembre. El mismo día que iban a echarla de su vivienda. Trabajaba desde hace cerca de 30 años en la empresa de transporte interurbano vizcaína (Bizkaibus), donde era responsable de recursos humanos. Su marido también tenía trabajo.

    Dos trágicos sucesos en menos de un mes que han reavivado la indignación social en torno al drama de cientos de familias que se encuentran a punto de perder sus viviendas y que han aumentado la presión sobre la clase política a la que urgen a tomar medidas contundentes para poner freno a esta situación.

    Esas medidas urgentes, que ahora deben plasmarse en el BOE, han cobrado forma bajo un Real Decreto-Ley, cuyo contenido dio ayer a conocer el Gobierno. Ni Amaia ni Miguel Ángel hubieran podido frenar el desahucio de su vivienda. Su 'perfil' no encaja dentro "los colectivos de mayor vulnerabilidad".

    Según el Decreto, se entiende por 'familias vulnerables' aquellas cuya renta no supere 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone unos 1.600 euros al mes y 19.200 euros al año; en las que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años; en las que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos y en los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad.

    Pero además de todo esto, debe tratarse de familias numerosas, o con algún menor de 3 años a su cargo, familias monoparentales con dos hijos a su cargo o con alguna persona en situación de incapacidad para trabajar o discapacidad superior al 33%, personas en paro o que hayan agotado sus prestaciones de desempleo o víctimas de la violencia de género.  

    Un Decreto tan restrictivo como el Código de Buenas Prácticas de la banca

    Una retahíla de condiciones que hace temer a los expertos que vayan a dejar fuera a muchos afectados, tal y como sucedió con el Código de Buenas Prácticas de la banca, cuyo fracaso han reconocido desde el Gobierno y en cuya elaboración se fijaron exclusivamente criterios económicos para considerar si una persona está en riesgo de exclusión social, sin tener en cuenta que ser mayor de 65 años o tener una discapacidad pudiera agravar la situación.

    "El Gobierno ha cedido a la presión de la banca y se está excluyendo a la mayoría de los afectados", aseguraba ayer en RTVE Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). "Una persona o familia vulnerable es toda aquella que puede perder su vivienda. No por capricho, sino por situación de necesidad sobrevenida y acreditada. ¿Una familia a punto de perder su vivienda con un hijo de 4 años no es vulnerable?", se preguntaba Colau.

    El Gobierno, por su parte, se defiende ante las críticas. El subsecretario de Economía y Competitividad y coordinador del grupo de trabajo sobre desahucios, Miguel Temboury, cifraba hoy entre 4.000 y 15.000 el número desahucios de primera vivienda, cuyo acreedor es el banco, en los últimos cuatro años.

    Las críticas, sin embargo, no se limitan a lo restrictivo del decreto. Los expertos también echan en falta que no se hayan contemplado, al menos por ahora, aspectos como la reforma de la Ley Hipotecaria, la dación en pago o el carácter retroactivo de las medidas o que no se haya aclarado, por ejemplo, qué va a pasar con las deudas de aquellas familias que además de perder su vivienda siguen manteniendo una deuda con el banco.

    No evitará injusticias

    "Se trata de medidas paliativas pero de ninguna manera solucionan el problema de fondo. No permiten al afectado poner el contador a cero salvo que ocurra un milagro. Simplemente se le da un balón de oxígeno durante dos años más ya que ni se contempla una condonación de la deuda, ni quitas, ni un arreglo desde el punto de vista financiero", apunta Javier Sevillano, experto en derecho bancario y de consumo del bufete de abogados Legal & Media. "La deuda no solo permanece, sino que se incrementa. ¿Qué va a pasar el día uno del año tres?".

    "No vale un umbral de renta. Nunca va a funcionar ya que si se marcan normas generales va a ser imposible evitar injusticias. Habrá casos sangrantes que no superen los listones", señala Luis Barriga, trabajador social y miembro de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

    "A corto plazo y lo más urgente es enfriar la situación. Y para ello es necesario analizar cada caso. Ver si se trata de deudores de buena fe a quienes les ha sobrevenido esta situación. Hay que determinar que no se trata de una quiebra estratégica y evitar la picaresca de quitarse el muerto de encima y que lo asuma el banco. Y una vez hecho esto, individualizar las soluciones", apunta Barriga. En su opinión, "determinar los umbrales de exclusión es un error de bulto ya que la exclusión es un proceso, una dinámica social negativa que sólo se puede medir a través de indicadores cualitativos y subjetivos".

    En su opinión, debería afrontarse "una reforma legal de mucho calado y compleja que podría llevar un año o un año y medio. Una legislación que ampare al ciudadano en caso de sobreendeudamiento".

    Por lo pronto, y en una segunda fase de actuación, el Ejecutivo sólo ha hablado de revisar los umbrales del código de buenas prácticas de la banca, para poder entrar en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago. Así como de mejorar los procesos de subastas judiciales de inmuebles, revisar los intereses de demora y los mecanismos para dar mejor independencia a las tasadoras frente a las entidades bancarias.

    Vivienda
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