La abogacía ofrece a los ciudadanos un escrito para la paralización de los desahucios

El Consejo General de la Abogacía Española –órgano representativo coordinador y ejecutivo de los 83 colegios de abogados- ha puesto a disposición de los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias un escrito dirigido al órgano judicial competente para pedir la suspensión inmediata del desahucio de una vivienda sujeta al préstamo hipotecario.

El documento se encuentra disponible para ciudadanos y asociaciones de consumidores en los 83 colegios de abogados y en la web de la abogacía española. El escrito fundamenta sus alegaciones para paralizar el desahucio en la "situación de emergencia social causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007" y "las miles que se están tramitando".

La abogacía recuerda cómo la "alarma social generada por esta situación se ha hecho aún más evidente en las últimas semanas, en las que el drama de las ejecuciones hipotecarias ha irrumpido con mayor fuerza en primera línea de la actualidad".

O cómo la propia patronal de la banca (AEB) y de las cajas de ahorro (CECA), ante la gravedad de la situación, han decidido "suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades". Sin olvidar que el Gobierno también ha reconocido el carácter extraordinario de la situación, como muestran las reuniones de urgencia mantenidas con el PSOE para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner freno a los desahucios después de que el viernes pasado una mujer de Barakaldo se suicidase cuando le iban a desahuciar.

La abogacía también argumenta que el artículo 3.1 del Código Civil establece que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo "a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas" y que los actuales momentos exigen una "clara visión" a favor del ciudadano.

"Violación sistemática de los derechos humanos"

El Consejo General de la Abogacía ha explicado que en muchos procedimientos los afectados, dada su precaria situación económica, no han podido designar abogado y procurador que los defienda y represente, por lo que los procesos judiciales se han seguido en situación de rebeldía.

"La violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías sería a su vez constitutivo de una violación de derechos fundamentales de las personas de la que podría devenir responsabilidad del Estado por violación sistemática de los derechos humanos, puesto que la mencionada violación se deriva de la aplicación del derecho interno y por la aplicación masiva ante la que nos encontramos.

También se pide la paralización de la ejecución hipotecaria por la inminente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial C415/2011 planteada por el Juzgado Mercantil 3 de Barcelona para que valore si el sistema de ejecución hipotecario español respeta los parámetros mínimos exigidos por la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios.

Asimismo, recuerda que la paralización de la ejecución hipotecaria se fundamenta en el artículo 43.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que el tribunal podrá decretar -a petición de una de las partes- la suspensión del desahucio "hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial", en este caso ante la Justicia de la UE. En el escrito también se solicita al juez, como medida subsidiaria, que proceda de oficio a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.