¿Extrema necesidad? Frenar los desahucios depende de nuevo de la voluntad de la banca

Falta la letra pequeña. La respuesta que buscan cientos de familias a punto de perder su vivienda. ¿Es mi caso de extrema necesidad?

Ayer, la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación de las Cajas de Ahorro (CECA), y hace unos días el Gobierno, se comprometieron a lanzar un salvavidas a quienes están al borde de un desahucio. Un salvavidas que tiene como destinatarios únicos a quienes se encuentran en situaciones de "extrema necesidad" o "de especial vulnerabilidad". El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba este lunes en una comparecencia ante la Eurocámara que ninguna familia de "buena fe" se quedaría sin vivienda. Unos términos demasiado ambiguos y subjetivos, según los expertos, que plantean más dudas que respuestas.

¿Quién y cómo se determinará que una familia se encuentra al borde del precipicio o bajo el riesgo de la exclusión social? Los abogados consultados temen que, tal y como ha sucedido con el Código de Buenas Prácticas, esta decisión y a quién afectará volverá a depender de la buena voluntad de las entidades financieras.

En un escueto comunicado, la AEB afirmaba que la banca paralizará durante dos años los desahucios en marcha "por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social”. Dicha nota no recogía, sin embargo, los criterios por los que la situación de una familia o un particular puede ser de "extrema necesidad".

El Gobierno todavía no se ha pronunciado, aunque ha dado ya algunas pistas. Lo hizo en el Código de Buenas Prácticas sugerido a la banca hace ocho meses y que se ha revelado totalmente insuficiente, tal y como ha reconocido el propio Mariano Rajoy. Entonces se establecían algunas pautas muy restrictivas de las que se han beneficiado, según las fuentes consultadas por El Confidencial, poco más de un centenar de familias.

Este código recoge, por ejemplo, que la vivienda debe ser la residencia habitual y única de la familia, que todos sus miembros deben estar en paro o sin ningún tipo de renta por actividad económica o que la cuota hipotecaria deberá ser superior al 80% de los ingresos netos del conjunto de la familia. También impone limitaciones en cuanto al valor de la vivienda afectada, entre 120.000 y 200.000 euros, según el tamaño del municipio.

Del mismo modo, la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se referían a las "situaciones de especial vulnerabilidad", las de aquellas familias con niños o mayores a su cargo pero sin que ninguna de ellas concretara más estos términos.

"Sólo se retrasa un desahucio que finalmente acabará en liquidación"

Los abogados consultados por El Confidencial desconfían de los anuncios realizados. "Se trata de medidas paliativas pero de ninguna manera solucionan el problema de fondo. No permiten al afectado poner el contador a cero salvo que ocurra un milagro. Ni se contempla una condonación de la deuda, ni quitas, ni un arreglo desde el punto de vista financiero", apunta Javier Sevillano, experto en derecho bancario y de consumo del bufete de abogados Legal & Media. "La deuda no solo permanece, sino que se incrementa. ¿Qué va a pasar el día uno del año tres?", se pregunta.

"Lo más llamativo es que las familias seguirán dependiendo de la voluntad del banco, sin tener armas jurídicas para defenderse", señala Carlos Guerrero, abogado y socio fundador de MAB Legal & Corporate. "Lo verdaderamente importante es lo que apruebe el Gobierno en los próximos días. Entonces veremos si es un parche o un cambio legislativo de mayor calado ya que la primera gran duda que despierta el comunicado de la banca es qué se entiende por extrema necesidad".

Al igual que Sevillano, considera que "con esta medida, el banco sólo retrasa un desahucio ya que si esa familia está en una situación de extrema necesidad, en dos años igualmente acabará en liquidación. Y lo que importa es que pueda comenzar de cero sin deudas, y no alargar un desahucio que acabará igualmente en una subasta por la que la familia se quedará sin piso, pero con deuda".

Para Santiago Viciano, socio del despacho de abogados V Abogados, es necesario ir más allá, especialmente desde el punto normativo. "Culturalmente somos muy reacios a tocar toda la regulación relativa a los inmuebles y me temo que nos vamos a quedar a mitad de camino. Es necesaria una reforma legislativa eficiente. De lo contrario, dentro de dos años estaremos igual o peor que ahora".

Sin olvidar, como apunta Luis Javaloyes, consejero delegado de Agencia Negociadora, "el agravio comparativo que esta medida produce respecto al que paga, al que hace el esfuerzo por estar al día con sus deudas. No podemos dar a entender que esto es una fiesta y que no pasa nada si no se paga porque al final se restringirá aún más el crédito".

Por su parte, Alejandro Zornoza, director del servicio jurídico de la asociación de consumidores Asgeco, asegura que “este comunicado de prensa carece de un compromiso real. Asumir que se va a conceder una moratoria a aquellas familias que constituyan un caso de extrema necesidad, pero sin definir qué debe entenderse por extrema necesidad, convierte lo que debería ser una actuación pragmática en una práctica discrecional”.