Túnez, 13 feb (EFE).- La continuidad de los abusos, los arrestos arbitrarios y las medidas de represión y tortura que emplean algunos cuerpos de Seguridad tunecinos ponen en serio riesgo los avances en democracia y derechos humanos logrados desde la revolución de 2011, advirtió hoy Amnistía Internacional.

En un informe publicado bajo el título "Queremos que acabe el miedo: abusos bajo el estado de emergencia", la organización recuerda que algunas de las leyes de excepción impuestas por el gobierno con la excusa de la lucha antiterrorista "son incompatibles con sus obligaciones en materia de derechos humanos".

"Estos abusos podrían poner en peligro los avances realizados en los últimos seis años, que han logrado que la ciudadanía del país disfrute de una mayor libertad de expresión, reunión y asociación, derechos consagrados en la Constitución de 2014", agregó.

El informe, firmado por la directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África, Heba Morayef, admite que "las autoridades tienen la obligación de contrarrestar las amenazas para la seguridad y proteger a la población de ataques mortales".

Pero insiste en que eso no significa que "dar a los organismos de seguridad vía libre para actuar por encima de la ley"

El documento detalla, asimismo, el impacto de las medidas de excepción en la vida cotidiana de quienes están sometidos a ellas, e incluye casos de tortura, detención y reclusión arbitrarias, registros domiciliarios sin orden judicial, órdenes de asignación de residencia arbitrarias y restricciones de viaje.

E incide en cómo en algunos casos estas medidas se imponen de forma discriminatoria basándose en el aspecto, las creencias religiosas o condenas penales anteriores, y sin respetar el debido proceso.

Además, detalla un total de 23 casos de tortura y malos tratos perpetrados por la policía, la Guardia Nacional y las brigadas antiterroristas desde enero de 2015, además el hostigamiento y la intimidación que han sufrido las víctimas y sus familias tras su liberación.

"Las autoridades tunecinas que han declarado, en público y en privado, su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la ruptura con el pasado deben ordenar que se ponga fin a estas prácticas y garantizar que se investigan efectivamente", señala.

El informe se hace publico dos meses después de que la Comisión de la Verdad y la Dignidad abriera un debate público sobre la rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado y la reforma del sector de la seguridad a través del relato de las víctimas en la televisión pública.

Los crudos testimonios en primera persona de varias personas que sufrieron torturas durante la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali devolvieron a la sociedad una pesadilla que ahora denuncian ha regresado.

Entre esas sevicias, los nuevas víctimas denuncian palizas con palos y mangueras de goma, posturas en tensión como la del "pollo asado" o a permanecer de pie durante periodos prolongados, además de descargas eléctricas, privación del sueño durante horas o baños con agua helada.

El informe destaca, asimismo, dos incidentes de violencia sexual: sendas abusos cometidas en la comisaría de la ciudad meridional de Ben Guerdane en marzo de 2016 y en la prisión de Mornaguia, próxima a la capital, en enero de 2015.

El gobierno tunecino restableció el estado de emergencia en noviembre de 2015 después de que un presunto yihadista matara a 12 guardias presidenciales en un atentado suicida en el centro de la capital.

Aquel fue el tercer ataque de esas características que sufrió el país aquel años, tras los cometidos en el museo de El Bardo en marzo y en la ciudad costera de Susa en junio en los que perecieron 60 turistas extranjeros.

Desde entonces, miles de personas han sido detenidas en redadas y registros en diferentes lugares del país, y en algunos casos torturadas, como también apuntó la semana pasada el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson. EFE