Madrid, 7 feb (EFE).- El Gobierno ha indicado que no tiene competencia "formal o material" para inspeccionar al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, que no se presentará a la reelección para el cargo tras las informaciones que lo acusaban de varios plagios académicos.

De esta manera ha respondido por escrito el Ejecutivo a una pregunta formulada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos del Congreso en la que se interesaba por las medidas que el Ejecutivo pensaba tomar ante este caso.

Unidos Podemos también interrogó al Gobierno si procedería a revisar los méritos aportados por Suárez para el reconocimiento de sus sexenios de investigación y su habilitación como catedrático, así como los proyectos de investigación que se le concedieron sobre la base de un currículum "distorsionado".

En la respuesta, el Gobierno asegura que, a través del Ministerio de Educación, "está atento a las informaciones aparecidas en relación con los presuntos plagios del rector de la Universidad Rey Juan Carlos" para llevar a cabo las actuaciones oportunas, en el caso de que éstos se acrediten fehacientemente.

En cuanto a la revisión de los tramos de investigación concedidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), el Ejecutivo indica que un presunto plagio "solo puede ser considerado como una infracción penal por la jurisdicción competente".

"Si se dictara sentencia firme en este sentido, la CNEAI podría revisar de oficio la concesión del tramo de investigación. Mientras no haya sentencia firme en este sentido, no cabe la revisión de oficio por este motivo", argumenta el Gobierno.

Dado que la CNEAI depende de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), la revisión de oficio debería ser impulsada por la dirección de la ANECA y no podría ser promovida por por la Secretaría General de Universidades, ni tampoco por la Secretaría de Estado de Educación, FP y Universidades, se detalla en la respuesta.

El Ejecutivo recuerda que la ANECA es una agencia independiente, aunque formalmente esté adscrita al Ministerio, y goza de plena autonomía.

Por otra parte, los profesores afectados por los supuestos plagios, encabezados por Carlos Barros, han firmado un comunicado en el que denuncian "la actitud obstruccionista" de Educación para dar solución a este problema y la "alarma social" creada por los presuntos plagios del rector.

Los afectados instan a los partidos con representación parlamentaria a colaborar para "salvar la honra, la imagen y el buen funcionamiento" de las instituciones académicas. EFE