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Ignacio Zubiri* - 02/02/2010

En el horizonte de los próximos 40 años el número de pensionistas se va a, esencialmente, duplicar. Aunque hay otros factores relevantes (por ejemplo, el crecimiento de los salarios o de la del pensión media) esto sugiere que, a los mismos tipos de cotización que hay ahora, salvo que casi se duplique el número de empleos, el sistema de pensiones será insostenible financieramente. Que se creen los empleos necesarios (puede que sean necesarios 12 o incluso 15 millones de empleos en 40 años) no es imposible pero, dada la experiencia pasada de España, es improbable. La implicación es que si no se reforma, el actual sistema de pensiones (pensiones que sustituyen en torno al 90% del salario, y que se financian con cotizaciones a tipos similares a los actuales) será insostenible.

 

En esta situación sólo hay tres alternativas posibles: Aumentar los ingresos del sistema, reducir sus gastos u optar por una combinación de ambas. El Gobierno, en su propuesta, ha elegido la segunda opción y su propuesta se limita a mantener los ingresos del sistema de pensiones y reducir el gasto en pensiones.

 

En el caso de los ingresos la propuesta señala que las cotizaciones deben mantenerse en los niveles actuales. También se hace referencia al Fondo de Reserva y su importancia en la financiación de las pensiones. En realidad el Fondo de Reserva, tal y como está diseñado servirá de poco. Su dotación total actual (algo más de 60.000 millones de euros) sólo sirve para pagar algo más de medio año de pensiones actuales y mucho menos (quizá siquiera un trimestre) de pensiones futuras. Por ello, el fondo, en su diseño actual, no aporta ninguna garantía sustancial de sostenimiento del sistema de pensiones.

 

En el lado del gasto, la propuesta es disminuirlo. Para ello el primer paso es aumentar la edad de jubilación en dos años (de 65 a 67 años) con lo que los trabajadores, una vez jubilados, cobrarán dos años menos de pensiones. En la actualidad (con una esperanza de vida de casi 20 años en la jubilación) esto supone para cada trabajador una reducción de la pensión vitalicia del 10%. En el futuro con más esperanza de vida, la reducción será algo menor. Por otro lado, el efecto que tendrá sobre los ingresos alargar la vida activa puede ser muy reducido (porque la cotización adicional del trabajador que no se jubila puede eliminar la cotización del trabajador que hubiera ocupado su puesto de trabajo de haberse jubilado el primer trabajador).

 

Dado que el Gobierno es consciente de que es poco probable que la reducción del gasto derivada del aumento de la edad de jubilación (probablemente menos del 10% de reducción) resuelva el desequilibrio financiero del sistema, propone que además de retrasar la jubilación, se reduzca la cuantía de las prestaciones de las pensiones de jubilación con el objetivo de “acompasar” los gastos a la evolución de los ingresos. Eso sí, parece que el método de reducción da un poco igual o que quien redacta la propuesta no tiene muy claro qué es lo que debe hacer, porque se señalan como posibles métodos de reducción casi todos los conocidos (alargar periodos de cálculo, ajustar por la esperanza de vida o por el crecimiento del PIB, introducir cuentas nocionales, etc.).

 

Financiación vía cotizaciones

 

Obviamente, si se mantiene la premisa de que todas las pensiones se paguen con cotizaciones (similares a las actuales) esta reducción de prestaciones (adicional al retraso de la edad de jubilación) es inevitable y puede ser de cuantía muy sustancial.

 

En una versión simplificada la propuesta es: mantengamos los ingresos (tipos de cotización) y paguemos en pensiones lo que buenamente se pueda con esos ingresos. De esta forma el gobierno no adquiere ningún compromiso de sostener las pensiones y traslada todos los riesgos (de que no se puedan mantener los niveles actuales de prestaciones) y todos los costes a los trabajadores actuales (que serán los futuros jubilados). Esta propuesta es tan desequilibrada en detrimento de los jubilados futuros que, incluso medidas que pueden ser justificables desde el punto de vista económico, como el retraso de la edad de jubilación pierden su sentido.

 

Pero la propuesta tiene además problemas graves de forma. Al igual que ocurrió con la reforma del sistema de financiación de las CC.AA. la propuesta se presenta sin cifras. ¿Cuánto saneará el sistema retrasar la edad de jubilación? ¿Serán necesarias reducciones adicionales de las pensiones? ¿En cuánto? ¿Qué pensión puede esperar un trabajador en el futuro con esta propuesta? Sobre estas cuestiones no se dice nada. Si el gobierno no sabe las respuestas, es que no ha hecho sus deberes y la propuesta es un ejercicio de irresponsabilidad. Simplemente no se puede proponer cambiar el sistema de pensiones sin haber analizado las implicaciones de lo que se propone. Si, por otro lado, el gobierno hubiera hecho los estudios y supiera las respuestas, estaría ocultando a los ciudadanos datos esenciales para evaluar la propuesta.

 

La propuesta, que se limita a reducir el gasto, es más sorprendente cuando se toma en cuenta que, en realidad, el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible desde un punto de vista económico siempre que no se ponga la restricción de que todas las pensiones se paguen con cotizaciones sociales. Las pensiones futuras no van a suponer la mitad del PIB, ni el 25% ni ninguna cifra desorbitada. Por ejemplo según la Comisión Europea en el año 2050 el coste de las pensiones en España será del 15,7% del PIB. Esto es poco más de lo que hoy día está pagando ya un país como Italia (14% del PIB). Esto pone de manifiesto que si se acepta pagar parte del sistema de pensiones con recursos diferentes a las cotizaciones (impuestos, un fondo de reserva dotado adecuadamente, deuda o incluso aumentos en los tipos de cotización) el sistema será sostenible.

 

Niveles de bienestar

 

Cabe señalar que financiar las pensiones con impuestos generales (u otros ingresos) es perfectamente legítimo. Simplemente la Seguridad Social no es una gran empresa aseguradora que deba igualar ingresos a gastos. El objetivo de la provisión pública de pensiones es garantizar determinados niveles de bienestar en la jubilación. Y si estos niveles no se pueden financiar con cotizaciones, es legítimo financiarlos con impuestos, máxime si como prevén muchos estudios las rentas no salariales tienen una participación creciente en el PIB.

 

El hecho de que la propuesta del gobierno siga manteniendo que las pensiones públicas se financien exclusivamente con cotizaciones (a los niveles actuales) es especialmente llamativa cuando la propia propuesta no pide eliminar los incentivos a los planes privados de pensiones (que, todo sea dicho, benefician fundamentalmente a las rentas más altas y cuestan más del 4% de la recaudación del IRPF) e incluso propone tomar medidas adicionales (incluidas las fiscales) para incentivar los planes privados de pensiones para determinados colectivos. Al parecer para quienes realizan la propuesta, es legítimo dedicar recursos públicos a los planes privados (vía minoración ingresos fiscales u otras ayudas) pero no a las pensiones públicas.

 

En todo caso, que las prestaciones sean sostenibles no significa que no se deban reformar incluso por razones de equidad. Por ejemplo, no parece muy justo que todos los aumentos de esperanza de vida se dediquen al ocio cuando esos años adicionales de ocio los pagan otras generaciones. Vivir más años sin trabajar cuando lo pagan otros está bien, pero probablemente no es muy justo para quienes lo pagan. Dado que los pensionistas de dentro de 40 años vivirán más (y cobrarán pensiones durante más tiempo), alargar la edad de jubilación corregiría una inequidad (que soportarían las generaciones futuras) y que es especialmente inasumible cuando el número de pensionistas aumenta.

 

En suma, la propuesta del gobierno es injusta con los trabajadores e indulgente consigo mismo porque se autolibera de responsabilidades en relación a las pensiones futuras. Frente a esto, lo razonable hubiera sido una reforma con dos características.

 

Primero, que comprometiera al gobierno a garantizar un determinado nivel de pensiones a las generaciones futuras. Esto es necesario porque después de todo, las pensiones públicas se justifican como instrumento para asegurar determinados niveles de bienestar en la jubilación. Además los trabajadores deben saber qué pensiones esperar en el futuro para planificarlo adecuadamente.

 

Segundo, la propuesta debería repartir de forma aceptable costes y riesgos entre, por una lado, diferentes generaciones y por otro rendimientos del trabajo y del capital. En esta propuesta ideal se allegarían nuevos recursos al sistema (impuestos generales, más cotizaciones o incluso, a su debido tiempo, deuda), se garantizaría una determinada tasa de sustitución (relación entre pensión y base de cotización) acordada socialmente y, en su caso, se realizarían modificaciones justas en las prestaciones (pudiendo incluir, si necesario, un aumento en la edad de jubilación).

 

*Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco.

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