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Javier Montes Urdín* - 11/03/2010

En el ámbito fiscal se conoce como precios de transferencia a los precios acordados entre entidades vinculadas en relación con las operaciones que llevan a cabo entre sí. Más del 60% del comercio mundial se realiza entre empresas pertenecientes a un mismo grupo, lo que evidencia la importancia que tiene este concepto para las autoridades fiscales de los distintos países.

La problemática de los precios de transferencia deriva de la colisión intrínseca existente entre la perspectiva global de los grupos multinacionales, interesados en la mejora de su rentabilidad global lo cual incluye optimizar su tipo efectivo de gravamen, y la perspectiva local de las administraciones tributarias de los países en los que operan, interesadas exclusivamente en gravar las rentas generadas en sus respectivas jurisdicciones.

En España, con la publicación de la Ley 36/2006 y su desarrollo a través del correspondiente Reglamento (Real Decreto 1793/2008), los contribuyentes están obligados a valorar las operaciones que realicen con entidades vinculadas (la definición de entidad vinculada es de las más amplias entre los países de nuestro entorno, ya que con un pírrico 5% de participación dos entidades se consideran vinculadas, 1% en el caso de cotizadas) por su valor normal de mercado (el valor que habrían pactado partes independientes en circunstancias equiparables) y elaborar una prolija documentación que permita justificar dicho precio.

No cumplir con alguno de los requisitos que se establecen en la norma conlleva una sanción independientemente del ámbito nacional o internacional de la transacción y del mayor o menor perjuicio causado a la Hacienda de España como consecuencia de una incorrecta valoración de la transacción. Estas obligaciones constituyen una pesada carga administrativa para las empresas en los tiempos que corren, sobre todo si tenemos en cuenta que la justificación del carácter de mercado de los precios acordados, en ausencia de comparables internos (i.e. transacciones llevadas a cabo por el obligado tributario con partes no vinculadas) requiere del uso de costosas bases de datos y de cierto expertise en su manejo. Esta carga reduce la competitividad de la empresa española.

Trato discriminatorio justificado

La imposición de los mismos requisitos de valoración y documentación en relación con las operaciones realizadas entre entidades españolas que en aquellas realizadas con empresas extranjeras vinculadas se ha fundamentado tradicionalmente por el legislador español en la necesidad de no vulnerar ningún principio de Derecho comunitario, en la medida en que el régimen aplicable no hace distinción entre operaciones entre entidades españolas y las que no lo son.

No obstante lo anterior, en el caso de la legislación belga de precios de transferencia, que obliga a documentar exclusivamente las operaciones transnacionales, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-311/2008) ha considerado que el trato discriminatorio se puede encontrar justificado por razones de interés general que preserven el adecuado reparto de la potestad tributaria entre los Estados Miembros y a prevenir el fraude fiscal, por lo que el argumento esgrimido por las autoridades españolas pierde fuerza.

Aunque la sentencia se refiere a la normativa belga, el razonamiento del TJCE sería trasladable a nuestro país, lo que nos lleva a la conclusión de que convendría modificar la norma española lo antes posible. Ésta debería referirse únicamente a aquellas operaciones vinculadas con carácter transnacional (de hecho, el Plan General de Control Tributario 2010, establece que se van a potenciar las actuaciones en materia de fiscalidad internacional relacionadas con los precios de transferencia) y no va a ser requerida en aquellos casos en los que no se pueda derivar menor tributación en España por tratarse de entidades residentes. Además, se podría aprovechar para reducir el excesivo formalismo que rodea la elaboración de la documentación, dado que hoy en día se percibe como una fuente potencial de sanciones.

*Javier Montes Urdín es Economista.

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