España, nación de naciones

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Jaime Ignacio del Burgo*.-  12/08/2010

Cuando el socialismo quiere ser sectario, lo es a borbotones. Esta es la impresión que me produjo la lectura del artículo firmado al alimón (El País, 26/07/2010) por Carme Chacón y Felipe González en el que expresan su particular punto de vista sobre la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

 

Desde que el presidente Zapatero accedió a la secretaría general del PSOE hace diez años se puso en marcha una estrategia dirigida a expulsar al Partido Popular de la vida democrática. El primer episodio lo constituyó la guerra de Iraq, primera gran prueba de fuerza contra el PP, que tuvo serias dificultades durante aquel tiempo para realizar su actividad política con normalidad. Los tres días que siguieron al 11-M fueron otra manifestación del sectarismo socialista, que tan pronto como se abrieron las urnas y se confirmó el triunfo socialista cesaron en su exigencia de conocer la verdad.

 

Podría pensarse que con la recuperación del poder en 2004 los socialistas se darían por satisfechos. Pero no ha sido así pues Zapatero no se ha apartado un ápice de su estrategia de descalificación. Todo sirve con tal de presentar al PP como una formación de “derecha extrema”, heredera del franquismo, nostálgica del nacional catolicismo, “antipatriota” cuando denuncia la gravísima situación económica de España e involucionista al propugnar una idea de España que niega su diversidad y añora la vuelta al centralismo.

 

En el colmo del sectarismo, Chacón y González vienen a acusar al PP de fomentar el “griterío anticatalanista”, “atizar el enfrentamiento” y utilizar la Constitución como ariete contra todo aquel que comparte una visión “progresista” de la vida social y de la realidad española. A su juicio, el proceso autonómico ha tenido que avanzar venciendo la doble “resistencia” de “separatistas” y “centralistas”, entre los que se incluye al PP.

 

Los autores del artículo rechazan el separatismo disgregador pero establecen una equidistancia entre el catalanismo exacerbado y el Partido Popular. A este último le  acusan de perturbar la convivencia democrática al haber provocado la intervención del Tribunal Constitucional con su recurso contra el Estatuto de Cataluña, desconociendo así la voluntad de la ciudadanía catalana.

 

El Tribunal Constitucional no se libra de la acerada crítica de la ministra de Defensa y del expresidente del Gobierno. Reconocen, eso sí, que ha declarado la adecuación a la Constitución de la inmensa mayoría del articulado del Estatuto. Pero denuncian al Tribunal por el despropósito que supone haber definido a la ciudadanía catalana como “un subgénero de la ciudadanía española”, expresión que por cierto no utiliza en la sentencia, que se limita a constatar que “la ciudadanía catalana no es sino una especie del género ‘ciudadanía española’ a la que no puede ontológicamente contradecir”.

 

Postura inequívocamente constitucional

 

Pues bien, esta forma de discurrir de los dos ilustres articulistas es claramente contraria a la Constitución y al Estado de Derecho. Los constituyentes llegaron a la convicción de que la creación de un Tribunal Constitucional era la mejor forma de garantizar que las leyes dictadas por el poder legislativo se adecuaran a la Constitución, como norma suprema del Estado. En consecuencia, el recurso del Partido Popular contra determinados preceptos del Estatuto catalán no es otra cosa que el ejercicio de un derecho plenamente democrático. Que su actuación no era temeraria lo prueba el hecho de que el Tribunal haya sentenciado que doce artículos tienen tacha de inconstitucionalidad, uno de ellos en su totalidad (el relativo al poder judicial catalán) y los restantes en alguno de sus incisos. Ha declarado además que otros veintisiete artículos son constitucionales siempre que su aplicación se realice conforme a los criterios interpretativos contenidos en los correspondientes fundamentos jurídicos. Por otra parte, si se lee con atención la sentencia se llega a la conclusión de que el Tribunal considera que muchos de los preceptos declarados constitucionales no excluyen el ejercicio por el Estado de las competencias que la Constitución le reserva en su artículo 149.

 

Acusar al Partido Popular de involucionista desde el punto de vista autonómico carece de fundamento alguno. El PP es un partido constitucionalista y, por tanto, asume el Estado autonómico en su integridad. Defender que el Estado no abdique de aquellas competencias cuya finalidad es garantizar la igualdad básica de los españoles ante la ley y el ejercicio en toda España de los derechos y libertades así como el ejercicio de aquellas funciones imprescindibles para asegurar el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales en materia económica y social, es una postura inequívocamente constitucional.

 

"Nación de naciones"

 

Al final de su artículo, Chacón y González se adhieren con gran entusiasmo a la concepción de España como “nación de naciones”. Es verdad que en los debates constituyentes hubo voces que abogaron por esta definición de España. Pero el artículo 2º de la Constitución, elemento esencial del pacto constitucional, no refrendó tal concepción al proclamar que el fundamento de la misma es, ni más ni menos, que la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y, a renglón seguido, reconocer el derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones” que integran España y la solidaridad entre todas ellas. Sin olvidar que el artículo 1º declara, sin lugar a dudas, que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.

 

Mas en la hipótesis de que hubiera sido así y España fuera una nación de naciones, lo cierto es que los actuales dirigentes socialistas y nacionalistas catalanes no aceptan semejante definición. La prueba es que no se recatan, comenzando por el presidente Montilla, en referirse a Cataluña y España como si se tratara de dos realidades nacionales diferentes. Y esto les lleva a proclamar que la única nación que reconocen es la catalana, a la que consideran, de forma unilateral, vinculada -al menos por ahora- en un mero Estado plurinacional al que pretenden reducir a una especie de cooperativa de servicios comunes (como la defensa, el servicio exterior y alguna que otra cosa más), entre otras razones porque la independencia tendría como primera consecuencia la salida de Cataluña de la Unión Europea. Por otra parte, la transformación de España en un Estado plurinacional no puede hacerse a través de un Estatuto, sino mediante la reforma de la Constitución que exige dar la palabra al pueblo español en su conjunto, del que forma parte el pueblo catalán.

 

Ni siquiera el presidente Zapatero parece compartir la idea de España como nación, concepto -según él- discutido y discutible. Desde que está en el poder la expresión “Gobierno de la nación”  ha desaparecido de los textos legales para ser sustituida por la de “Gobierno de España” o “Gobierno del Estado”, hasta el punto de haber rebautizado numerosos organismos nacionales para calificarlos de “estatales”. Ahí está, por poner algún ejemplo, la conversión del Instituto Nacional de Meteorología en una Agencia Estatal de Meteorología o la transformación de la Alta Velocidad Española en el Tren de Alta Velocidad). Qué lejos quedan las palabras de Jordi Pujol cuando, en 1981, afirmaba “la integración clara de esta realidad (catalana) en el conjunto de España”. O cuando reclamaba en el Congreso, en 1978, que el nuevo Estado constitucional fuera “equilibrado” y “fuerte”.  Pero así son las cosas.

 

* Jaime Ignacio del Burgo fue senador constituyente y diputado

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