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Manuel Muela - 03/02/2010

Después de varios meses de negociaciones, la Comisión Europea ha dado su asentimiento al Decreto-Ley, de 26 de junio de 2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, conocido como FROB, estableciendo para los beneficiarios de sus operaciones un conjunto de restricciones que, sumadas a los elevados precios de los préstamos y a su corto plazo de devolución, las convierte en poco realistas y viables, en el marco depresivo actual. Casi nada acordes con el objetivo de mantener el sector del ahorro en España, que aparentemente parece el más necesitado de ayuda. Todo indica que el tiempo perdido en encarar la realidad, y otras limitaciones domésticas relativas al régimen competencial y de gobierno de las cajas de ahorros, han jugado en contra hasta convertir el instrumento de las ayudas públicas en casi disuasorio. Por eso, sería oportuno que, sin desdeñar lo que pueda dar de sí el FROB,  el sector de cajas de ahorros se plantease la utilización de la CECA como soporte financiero y operativo de la reestructuración de las cajas que lo requiriesen. Una opción privada cercana y, probablemente, más barata y flexible.

 

El FROB nació en el verano de 2009 con la pretensión de dar solución a los problemas  del sistema crediticio, por causa de la agudización de la crisis económica y de los excesos cometidos en algunas entidades por parte de sus administradores. Para ello, el FROB, dotado con fondos públicos, gozaría de capacidad para intervenir y/o reestructurar instituciones de crédito en la línea con lo que, en su día, ya hicieron los Fondos de Garantía de Depósitos, con la diferencia, en el caso del FROB, de gozar de fondos públicos en cantidades ingentes, hasta 90.000 millones de euros, sin las limitaciones que, para las ventas de activos y las subastas, existen en los Fondos de Garantía. La contrapartida es que las financiaciones del FROB serán más caras y limitadas en el tiempo que las que en su día realizaron los Fondos de Garantía.

 

Para entender con claridad el papel del FROB, podemos decir que es un prestamista y gestor especializado del poder público: puede financiar operaciones de ayuda instrumentadas por parte de los fondos de garantía y aquellas otras en las que el propio FROB asumiese el control y gestión de la entidad en cuestión. En el primer caso, se contempla la posibilidad de sustituir a los administradores y en el segundo caso, la sustitución es automática. Normas claras y defendibles, que se contemplan en los artículos 6 y 7 del Decreto-Ley.

 

Además de lo anterior, el artículo 9 del Decreto-Ley del FROB, regula préstamos y apoyo financiero para reforzar la capitalización de las entidades que planteen procesos de integración, básicamente fusiones o absorciones. En este supuesto, no se ven afectados los administradores de las mismas; al contrario, en el caso de cajas de ahorros, se prolonga el mandato de aquellos.

 

Esta tercera previsión del Decreto-Ley, comprensible pero marginal, se ha convertido en el epicentro del mismo, dadas las limitaciones políticas y de todo orden que surgieron desde el mismo momento de aprobación de la norma, sobre todo, en relación con las cajas de ahorros que, políticamente, están en manos de las Comunidades Autónomas. No vale la pena insistir en que, en el ambiente de descomposición política de España, resulta inverosímil un escenario de aplicación estricta de los citados artículos 6 y 7  de la regulación del FROB. Por eso, ha prevalecido la actitud posibilista, que, en el caso de las cajas de ahorros se materializa en los proyectos de fusiones endogámicas regionales, cuyo horizonte vital es incierto.

 

Creo que el apoyo financiero público en España, a la vista del deterioro de las cuentas públicas en el último año y medio y de la actitud de los prestamistas internacionales, tiene, y va a tener en el futuro, grandes dificultades; y es lógico que así sea, porque hay que ser exigentes con el dinero de los contribuyentes. Por otra parte, también es cierto que sin un funcionamiento regular del sistema crediticio no es posible pensar en el renacimiento de la actividad económica: el saneamiento y la reestructuración de aquel parece irrenunciable, aunque quizás no se ha puesto énfasis en la capacidad de los propios afectados, las entidades crediticias, para solucionar sus problemas con recursos privados. Y en el caso de las cajas de ahorros, parece chocante que no se haya contemplado el papel que podría jugar su Confederación, la CECA., teniendo en cuenta el escaso volumen de los presuntos préstamos y ayudas conocidos hasta el momento, aunque se dupliquen o tripliquen en el futuro. Porque hay que insistir en que las ayudas del FROB no son subvenciones sin coste, sino préstamos a interés elevado con plazos muy cortos de devolución.

 

A diferencia de otras asociaciones sectoriales, la CECA fue creada por las cajas de ahorros en 1927 e inscrita como entidad de ahorro y capitalización el 21 de septiembre de 1928: desde entonces es una entidad de crédito con capacidad operativa plena que, a lo largo de su historia, ha prestado importantes servicios no sólo a sus cajas confederadas, sino también al conjunto de la economía nacional. Durante años, especialmente a partir de 1960, la CECA fue el instrumento para dedicar los recursos e inversiones de las cajas, entonces sometidas a una rígida regulación, a los proyectos de mejora y desarrollo del país, fundamentalmente electricidad y comunicaciones, además de realizar labores de consultoría y auditoría a solicitud de sus asociadas, funciones éstas últimas de gran importancia para conocer la realidad y las perspectivas del negocio.

 

Por su papel central como coordinador de inversiones e interlocutor de las cajas con las grandes empresas y los sucesivos gobiernos españoles, la CECA se convirtió en un gran centro operativo en los mercados monetarios y de valores, además de ser, en no pocos casos, soporte y apoyo financiero para sus asociadas, como demostración real del sentido cooperativo que inspiró su fundación. En nuestro sistema crediticio no existe ninguna asociación con las características y facultades de la Confederación y, aunque por algunos parece olvidada, cuando no devaluada, podría recuperarse para al menos colaborar en el saneamiento de las cajas de ahorros. Su potencial profesional y su crédito financiero son realidades, no futuribles.

 

Es verdad que en los quince años últimos de vacas gordas, en los que algunas cajas se han embarcado en crecimientos excesivos y poco prudentes, la CECA ha permanecido en un segundo plano, víctima en parte del celo por la independencia de las grandes cajas y del sentido de emulación de las restantes. En ese contexto un tanto centrífugo, muy de moda en nuestro país, no se ha levantado la voz para afirmar el valor de una institución cooperativa con historial acreditado de eficacia. Pero puede que haya llegado el momento de la autocrítica para poner en común la fuerza de un sector que, según la opinión dominante e interesada, esta condenado a desaparecer. Ejemplos de esa opinión los tenemos a diario en España, cosa que no ocurre cuando son otras entidades del sistema las que confiesan problemas.

 

La CECA, que dispone de medios sobrados para ello, podría analizar la situación del sector, expresando sus fortalezas y debilidades, para proponer en cada caso el plan a seguir: fusiones y/o absorciones, saneamiento individualizado, fortalecimiento de recursos propios etc., etc. De ello saldrían las necesidades de recursos y los plazos de ejecución. A partir de ahí, las cajas decidirían su nivel de inversión remunerada en los proyectos del sector, en paralelo con la apelación al mercado, si fuese necesario. La confianza de las cajas en un objetivo así es requisito indispensable, ya que se juega su crédito y su futuro. Porque ninguna caja resultaría indemne a la agudización de los problemas de una o varias integrantes del conjunto. Ojala no haya que probar la veracidad de esta afirmación

 

La defensa de las cajas de ahorros como instituciones básicas del crédito y la apelación al valor de la CECA no son una llamada a la inmunidad de los malos administradores; debería ser lo contrario, porque, si el conjunto de las cajas confederadas asume la tarea de respaldar con sus recursos y garantías el saneamiento de aquellas que lo necesiten, resulta evidente que, a través de los mecanismos necesarios, se tendrá que controlar la gestión y cumplimiento de los planes de viabilidad y/o capitalización. Es lo mínimo que cualquier prestamista puede exigir; sin ir más lejos, obsérvese lo que están haciendo los prestamistas internacionales con España, forzando al gobierno a anunciar reformas impensables hace meses, como anticipé en estas páginas el pasado octubre. Y es solo el principio.

 

En estas circunstancias, si el sector del ahorro, que representa la mitad del sistema crediticio nacional y que dispone de un instrumento cooperativo sólido y acreditado, la CECA, no es capaz de obtener recursos a precios y plazos razonables para atender sus necesidades de saneamiento financiero y de gestión, promoviendo en cada caso los cambios necesarios para ello; podríamos decir como en el Tenorio “imposible la hais dejado para vos y para mí”.

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