El caso del alguacil alguacilado

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Jesús Santaella*.-  16/02/2010

Uno se califica no sólo por sus adversarios, sino también según y cómo reacciona ante las situaciones difíciles. Pero no es fácil, en ocasiones, seguir los mejores dictados de tales razones. Y me malicio que Baltasar Garzón, nuestro campeador Juez en descripción feliz de Jesús Cacho, es hoy por hoy un buen ejemplo de que aquellos apotegmas no forman parte de su cultura ni vital ni libresca, en el mejor sentido unamuniano.

De acuerdo con sus actos, a mi particular modo de ver, yerra al identificar como adversarios a quienes como jueces están llamados a aplicarle la justicia que según él debe ampararle -nada menos que la suprema instancia penal del sistema jurídico que nos rige a todos por igual-, y de cuyo imparcial amparo pretende huir a toda prisa. Y yerra igualmente cuando, a diferencia de lo que él predica respecto de quienes bajo similares condiciones caen bajo el peso de su particular ejercicio de las potestades legales que como Juez Central de Instrucción le incumben, pretende aquí y ahora privilegiados pronunciamientos previos definitivamente absolutorios de su particular imputación.

Porque Baltasar Garzón se equivoca frontalmente, al ignorar aparentemente en su escrito de refutación del Auto dictado por Luciano Varela para descartar el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones seguidas contra él por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se encuentra ya de hecho imputado como autor de un delito de prevaricación por un superior a él, al menos en sabiduría, dignidad y auctoritas judicial. Porque de momento al menos, aunque carezca de igual notoriedad a nivel planetario, Luciano Varela es Magistrado del Tribunal Supremo, condición que parece hoy por hoy bastante lejos de la singular y peculiar ambición de Garzón, que parece anclado en una suerte de pristinación de lo del órgano y la función, o de la función y el órgano, a ese Juzgado Central de Instrucción nº 5 desde hace ya 20 años.

Pulso público

No parece que vayan por ahí, por la promoción en el cursus honorum de la carrera judicial, sus derroteros personales. El escalafón no es lo suyo. Lo suyo, de confirmarse la imputación de que ha sido objeto -de forma tan brillante como inusual en la práctica forense por esa magnífica pieza que es el Auto de Varela para impedir atajos procesales en el iter procesal que en materia penal procede cuando motivos para ello los hay-, es brillar en el planetario mediático.

Y por eso mismo -¿llamados expresamente a clan por él?-, concurren a su defensa todos los astros soles que en el mundo puedan haber sido, desde el modesto hoy por hoy El País, o su cadena radiofónica filial, hasta los que hasta antes de ayer han formado parte de la misma Sala competente en el caso, para plantear un pulso público, que nunca admitió respecto de él mismo en casos mucho más singulares,  a sus ex compañeros de actividad enjuiciadora.

Pero, ¿qué disparate es éste? ¿Cómo va a resultar de similar condición a aquellos perseguidos por él nuestro Baltasar Garzón? ¿Qué ha sucedido aquí? Es lo que subyace en la denodada defensa que se hace frente a lo que tan sólo ha sido una decisión desestimatoria de un cierre súbito de actuaciones. Y a ellos se añaden más voces ultramarinas que no entienden que Garzón, el adalid de la proscripción de cualquier punto final, pueda ser víctima ahora de haberse erigido en supremo legislador de su país y haber abolido en la práctica nuestro más inmediato punto y aparte.

Apoyos mediáticos

A ellos, a los apoyos mediáticos, habría que recordarles que hace 15 años sostuvieron acusaciones al Juez hoy encausado muy similares a las que en el fondo sustentan el Auto de Luciano Varela, que además han encontrado eco más que reciente, siquiera sea indirecto, en la Sentencia del TEDH dictada en el caso de Rafael Vera. Y que algunos, además de la hemeroteca y de Google, con independencia del Alzheimer de otros, conservamos memoria histórica.

En cuanto a lo formulado por el emérito y  amigo de sus amigos, la duda que me alberga, y bien que me escuece porque siempre le he respetado, es, si al plantear tal reto a sus ex compañeros, no está el mismo reconociendo que haya podido haber cedido en el pasado él mismo a tamañas presiones, públicas, privadas o medio pensionistas, cuando de instructor de causas especiales  le hubiese incumbido. Y, respecto de los solidarios del otro lado del océano, que la mejor suerte para la legitimidad de todo aquello que Garzón pueda haber hecho en su beneficio es que nada menos que en su día, sin privilegio alguno, la máxima instancia penal española absuelva al supremo inquisidor.

Porque nadie puede ser superior a la ley, ni nadie puede estar al margen de su observancia, ni ninguno puede ampararse en su particular status para resultar de mejor condición al resto de los ciudadanos. En eso radica el principio básico del sistema de que nos hemos dotado a todos, y en este país después de 40 años de dictadura, con un esfuerzo y generosidad que no puede en modo alguno ignorarse mediante el recurso a un simple Auto de incoación de diligencias previas y a sucesivas Providencias de continuación del procedimiento llamado a reabrir causas ya cerradas por quien gozaba de competencias para ello.

La artificiosidad en la interpretación de la Ley, para conseguir objetivos políticos, cuando ningún interés legítimo subyace, susceptible además de ser amparado en otras vías como las administrativas, en la medida que exista la sospecha que sólo beneficia el ego, buen nombre y eventual narcisismo de su autor, puede ser estimada como constitutiva de un delito de prevaricación, como es el caso.

Y, en ese sentido, la solidez del Auto de Varela, errores materiales y puntuales al margen, en lo relativo al elemento objetivo del delito, cuando argumenta con la atipicidad penal de las conductas imputadas en las diligencias instruidas por Garzón con ocasión de las denuncias recibidas relativas a crímenes del franquismo, junto a la misma imposibilidad de su persecución por extinción de la responsabilidad penal de sus autores por simples y notorias razones de fallecimiento, es irrefutable. Y, desde luego, aunque los juicios de culpabilidad no incumban al instructor y siempre y sólo al tribunal de enjuiciamiento, para mí no han sido ociosas las páginas que dedica Luciano Varela a razonar la existencia de indicios sobre el elemento subjetivo del ilícito. Vamos, que me han parecido enormemente ilustrativas.

Y el error de Garzón es superior, si cabe, cuando pretende encontrar un atajo a sus particulares cuitas judiciales. Porque qué mayor garantía que ser enjuiciado por la máxima instancia judicial del Estado. Desde luego, cuando tantas veces esa misma Sala ha enjuiciado su labor de Instructor frente a tantos y tantos imputados y procesados por él, no parece razonable que ahora Garzón se resista a su enjuiciamiento por ella misma. Es cierto, que en muchas ocasiones, sobre todo últimamente lo ha reprobado. Sobre todo en materia de interceptaciones telefónicas, sí, es verdad.

La preocupación de Garzón

Al margen de eso, comprendo que es razonable que, como administrador de justicia que de momento lo es, pretenda eludir la pena de banquillo. Nunca es agradable. Desde luego no lo es para el que cae bajo su competencia y sufre esa situación en prisión incondicional durante algún tiempo. Aunque ello justifique que, en algunos casos por no hacer extensa relación de los que ha habido,  el Ministerio Fiscal, acto seguido, solicite penas superiores a 70.000 años de cárcel.

Claro que, luego, viene el Tribunal sentenciador y en pleno juicio, antes de dictar sentencia, porque visiona unos vídeos que el Instructor se ha negado a contemplar en la instrucción, lo pone inmediatamente en libertad, lo absuelve al final con todos los pronunciamientos favorables y la acusación no recurre. Y luego vendrá la Sala de al lado de la Audiencia Nacional, la de lo contencioso administrativo e impondrá con cargo al Estado la indemnización pertinente que, aunque sea millonaria, nunca será repercutida en el Juez que indebidamente adoptó aquellas medidas cautelares aunque la ley y al Tribunal de Cuentas se lo permita.

Personalmente entiendo la preocupación de Baltasar Garzón en el caso. No se trata tanto de que se le vaya a absolver o no en su día, aunque la tranquilidad absoluta no existe. Sucede que, y precedentes haberlos haylos, en el caso de los jueces y magistrados, precisamente porque la figura del juez suspectus es hostil a toda consideración de justicia imparcial, cuando existe pendiente no ya un procedimiento penal con cara y ojos, como es el caso al margen de la medida de procesamiento o del Auto de transformación, sino un simple procedimiento disciplinario, procede la suspensión provisional del afectado. Eso sí, con derecho a sus retribuciones básicas. Y posiblemente, con derecho a percibir otros emolumentos compatibles vía conferencias, artículos o docencia.

En este caso, la Comisión Permanente del CGPJ ha actuado con prontitud y ha solicitado informe de la Fiscalía sobre tal medida. Y, claro, todos los cañones mediáticos se han dirigido contra sus miembros. Me ha resultado curiosa la especial obsesión con Margarita Robles, una ejemplar Magistrada en su día de la Audiencia de Barcelona, después Subsecretaria de Justicia y Secretaria de Estado de Interior, y muy respetada Magistrada de lo contencioso en la Audiencia Nacional y en el Supremo. Su carrera sí es un auténtico cursus honorum. ¿Va acaso Garzón a recusarla por aquello de haber coincido ambos en aspiración al mismo puesto, siquiera sea por horas, con ocasión del nombramiento de Belloch como Ministro de Justicia e Interior en 1.995? Si así fuese, ¿reconoce entonces Garzón que debió haberse abstenido en todos aquellos casos en que ha intervenido en los que alguna relación exista con el Ministerio del Interior al que sirvió como Delegado del Plan Antidroga? 

Al margen de la anécdota del caso de nuestro alguacil alguacilado, la categoría que cabe extraer de toda esta dilatada historia es si resulta o no conveniente que, al igual que sucede con los cargos políticos, los cargos judiciales se eternicen. En el caso de la Audiencia Nacional, en función de los asuntos para lo que es competente, la instancia judicial es una especie de apéndice de la fuerza policial. Es decir, suma la sacralidad de la presunta auctoritas a la realidad de la potestas. De la misma manera que sin límite temporal la permanencia en el ejercicio del poder político fomenta la corrupción, ¿no es posible que pueda suceder de forma similar en el ámbito de determinados destinos judiciales”? ¿No es acaso tiempo ya de poner coto también a determinados feudalismos ahora sí judiciales?

Quizá no estemos casi todos exentos de culpa porque de una forma u otra hemos alimentado a la bestia. No todo vale en la lucha contra el terrorismo, o el narcotráfico, o el blanqueo de capitales o los delitos económicos. Porque si todo vale, al final resulta que alguien se puede creer superior al resto. Y eso es lo que nunca puede valer en democracia.

*Jesús Santaella es abogado.

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