Telecinco llora al Gobierno con falsas lágrimas de cocodrilo

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Santos M. Ruesga y Carlos Resa* 24/02/2011

Llora Telecinco porque la UEFA otorgó a Televisión Española y a Televisió de Catalunya los derechos para la emisión en abierto de 48 partidos de la Liga de Campeones entre 2012 y 2015. Y hace públicas sus lágrimas, como no podría ser de otro modo en una televisión… privada. Y entre las lágrimas, vertidas con nombre propio o desde la presidencia de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), escupe una ristra de alegaciones leguleyas que se mezclan, en el estilo que ha hecho famosa a la cadena, con ofensas variadas hacia RTVE, como la de derrochadores o la insinuación de que están cometiendo ilegalidades.

 

Que la concesión es legal es algo que ni siquiera Telecinco parece poner en tela de juicio fuera de los comunicados de prensa. No hay mayor evidencia que constatar que los juzgados siguen abiertos desde el viernes y, pese a amenazas previas, no hay noticia de que hayan recibido demanda alguna. Porque el objetivo parece ser otro y Telecinco lo hace explícito, cuando, ignorando la existencia de la división de poderes, “lamenta que el Gobierno se haya desentendido de garantizar el cumplimiento de una ley”.

 

Quizás lo hace guiado por la experiencia propia del pasado reciente: porque este Gobierno se ha mostrado más sensible a las demandas de Telecinco y las otras televisiones privadas, por ejemplo en la Ley de Financiación de RTVE o en la Ley de Servicios Audiovisuales, que los tribunales.

 

En 2003 la Comisión Europea ya dictaminó, precisamente a cuenta de la venta de derechos en la Liga de Campeones, que ese acontecimiento es susceptible de emisión por las televisiones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público, cualquiera que sea la fuente de financiación. Literalmente: “Los operadores de televisión adquieren programas para atraer grandes audiencias siendo irrelevante que se financien completa o parcialmente mediante los ingresos de la publicidad (para vender a los anunciantes la oportunidad de llegar a la audiencia) o no (para cumplir con sus obligaciones de servicio público).

 

Los operadores de televisión de pago compran programas para captar abonados (cursivas nuestras). Y la realidad se asemeja a la literalidad de la legislación. La titularidad de derechos de emisión de la Liga de Campeones está en manos de veintisiete televisiones públicas, incluyendo los canales estatales de países tan poco sospechosos de dilapidar recursos públicos como Suiza, Austria, Países Bajos, Dinamarca o Finlandia. También en Italia, donde es presidente de gobierno el accionista mayoritario de Telecinco.

 

Dentro de la legalidad

 

Telecinco entrecomilla correctamente la Ley de Financiación de RTVE, escrita a cuatro manos entre la vicepresidencia primera del Gobierno y UTECA, cuando señala que se “limita al 10% del presupuesto anual total de aprovisionamientos, compras y servicios exteriores la adquisición de derechos de emisión de los eventos deportivos oficiales (que sean) de gran interés”.

 

 Al contabilizar ese tope en 70 millones anuales, es la propia Telecinco la que sitúa los 36 millones pagados por TVE dentro de la legalidad. Sin embargo, corta Telecinco una parte de ese párrafo que es de relevancia legal: el límite se aplica a los eventos deportivos oficiales “catalogados por el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como de interés general y de gran interés que se fijarán en el contrato-programa”. El CEMA, sin vida fuera del papel oficial, no ha enumerado los eventos deportivos sobre los que aplicar el límite. Y el contrato programa entre el gobierno y RTVE duerme el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio de Economía y Hacienda.

 

Esa misma ley dice que RTVE “no podrá utilizar ningún ingreso de los establecidos en el artículo anterior (todos, en realidad) para sobrecotizar frente a competidores por derechos sobre contenidos de gran valor comercial”. Podría realizarse un debate lingüístico, televisado, por supuesto, sobre el significado exacto de sobrecotizar y quienes lo sugirieron podrían dar su interpretación haciendo las veces de Real Academia de la Lengua si no fuera porque entran en un evidente conflicto de intereses.

 

Pero ha sido la Comisión Europea la que ya ha sentado jurisprudencia sobre casos parecidos y siempre en contra de la interpretación que quieren hacer las televisiones privadas. Una providencia de la Comisión Europea de 2006 a partir de la denuncia de las televisiones privadas holandesas concluyó precisamente que el hecho de que una televisión pública gane algunos derechos de eventos deportivos de masas en competencia con otras privadas es evidencia per se de sobrecotización.

 

Por lo demás, sobrecotización es un término cogido por los pelos en su acepción a televisiones públicas y que nació al albur de una práctica privada relativamente habitual que consiste en ofrecer cantidades indiscriminadas por todos los derechos deportivos con el objetivo de eliminar la competencia y apoderarse del mercado en régimen de monopolio. A diferencia de TVE, que han sido bastante selectiva en sus ofertas tanto en cuantía como en su ámbito, algunos operadores privados, vista su acumulación de derechos sobre acontecimientos deportivos y los precios pagados por los mismos, tendrían serias dificultades para demostrar ante un tribunal que no han estado sobrecotizando de manera continuada con el objetivo de eliminar la competencia.

 

Aún más, no es sólo que el consejo de administración de RTVE se haya guiado por un cumplimiento estricto de la legislación en el caso de la subasta de derechos de la Liga de Campeones. Es que, de no haberlo hecho, hubiese estado incumpliendo la misión de servicio público que le encomienda la legislación. Dice la ley que crea la Corporación RTVE que, “en el ejercicio de su función de servicio público, la Corporación RTVE deberá: […] h) Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público. [… y, en general,] p) Tener por objetivo atender a la más amplia audiencia.”

 

Servicio público audiovisual

 

El leguleyismo del que hace gala Telecinco no es sino la tramoya adobada de medias verdades, tergiversaciones e información interpretada a beneficio de sus intereses espurios bien definidos. Lo que transpira es un concepto de televisión pública que evidentemente no concuerda, no ya con alguna idea que salga de lo residual o elitista, sino con las propias leyes reguladoras y las directivas comunitarias sobre la materia.

 

Se aparta de la noción central y compartida a escala europea de servicio público audiovisual que se contempla como una necesidad del conjunto de los ciudadanos no muy lejana de la sanidad o la enseñanza, ambas públicas y que requieren de una provisión común con unas dosis de calidad en concordancia con los principios constitucionales que organizan la vida social.

 

Ése es el sentido último del servicio público audiovisual: garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a contenidos, cuyos rasgos distintivos habrían de ser la calidad del productor audiovisual, así como el respeto a un conjunto de valores resumidos por la mayoría de la sociedad, entre los que destaca la propia convivencia pacífica.

 

Y esa voluntad de ser notoria, pública y popular no está sólo en los textos legales sino también en la práctica. La cuota de pantalla de las televisiones públicas en Europa supera holgadamente el cuarenta por ciento en promedio y en algunos de los países más desarrollados, como Dinamarca, Suiza y Austria, está por encima del 50%. No por casualidad, los niveles de audiencia suelen tener una relación más o menos directa con las cotas de financiación que las sociedades prestan al servicio público estatal audiovisual. Ésta supera los 200 euros anuales per cápita en Suiza y los 100 euros en Austria, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido.

 

En España, la financiación de la Corporación RTVE no llega a los 25 euros por persona y año para ofrecer un servicio que, a tenor de las audiencias, supera notablemente la oferta de los servicios de pago, eventos deportivos de alto impacto incluidos. A esta fórmula de financiación para la radiotelevisión estatal, que limita las fuentes y la topa en 1.200 millones al año, no son ajenas las continuas añagazas sobre el enorme mal que se derivaba de la emisión de publicidad por parte de TVE. Un supuesto mal que casualmente, en la forma de trasvase de la publicidad bajo un régimen de oligopolio privado en la fijación de precios, se ha trasformado en un bien neto de doscientos millones para las arcas de las televisiones privadas.

 

El actual embate es tan solo la segunda fase de un furibundo ataque por parte de los operadores privados al servicio público audiovisual con el objetivo de darlo por finiquitado en España conforme a sus propios intereses económicos y no por un interés bienintencionado sobre las necesidades de los ciudadanos y los recursos públicos. Si los telespectadores no fueran, valga la redundancia, espectadores de lo que se emite por las cadenas privadas quizá tuviéramos que hacer un esfuerzo importante de argumentación para explicar por qué resulta necesario un servicio público audiovisual de calidad.

 

*Santos M. Ruesga y Carlos Resa trabajan para el consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española.

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