¿Por qué la sociedad da un suspenso a la Administración Pública española?

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Antonio Núñez*.-  10/02/2011

La última encuesta del CIS nos muestra el deterioro del concepto que tienen los españoles de la clase política, que es vista como el tercer problema para el 19,3% de los encuestados. Pero no es un sentimiento único: la última oleada de actitudes sociales de los británicos muestra un descontento creciente por la institución del Estado y una cercanía mayor al concepto de Big Society.

Soy de naturaleza optimista y no comparto la máxima de que un pesimista es un realista bien informado. Por eso, una de las cosas positivas del momento actual es la vuelta a algunos principios de cordura y racionalidad que los momentos de bonanza nos habían llevado a obviar, o al menos a no abordar por ser “políticamente incorrectos”.

En mi experiencia como director de programas de Gestión Pública en el IESE he tenido la oportunidad de contrastar con cientos de altos directivos públicos que en este momento la reforma no es una elección sino una necesidad ante el imperativo fiscal. En unos tiempos en que los recursos son limitados, los ingresos públicos disminuyen y han aumentado las demandas sociales, la crisis nos brinda una excelente oportunidad para la reforma, ayudando a forjar una nueva “cultura de grandes acuerdos” entre los grandes partidos.

En una reciente encuesta realizada por KPMG a altos directivos del sector público, los tres efectos más importantes de la crisis sobre la Administración son la obligación de ofrecer un servicio más eficiente, reducir el tamaño y explicar mejor a qué se destina el gasto público. Así, me permito avanzar diez propuestas para la reforma de la Gestión Pública que ayudarían a modernizar España:

1.- Evaluación de las políticas públicas medibles para gestionar eficientemente los resultados. Necesitamos unos indicadores de eficiencia, racionalización y transparencia del gasto público para identificar aquellos programas que están funcionando bien, analizar aspectos que pueden ser mejorados e identificar otros que no responden a los objetivos marcados.

2.- Actitud de “rendición de cuentas” de los impuestos pagados por el ciudadano. Hay una demanda social latente de disponer de unos servicios públicos orientados al ciudadano, así como de exigir el seguimiento de todos los compromisos electorales.

3.- Completa revisión de la gestión del talento y las políticas de personas. Disponemos de un excelente nivel en nuestros funcionarios, pero necesitamos modernizar las políticas que rigen a los trabajadores en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público: desde su incorporación hasta el diseño de una “carrera profesional”, su movilidad o el incentivo de la productividad, por ejemplo a través de la retribución por desempeño.

4.- Recuperar la figura del directivo público como principal agente motor de la modernización de la Administración. De la misma manera que en el mundo empresarial, merece una mención especial la función directiva, con una peculiaridades en materia de habilidades, gestión y formación en gestión.

5.- Equilibrio presupuestario, estabilidad y responsabilidad a todos los niveles de la Administración. Nunca es admisible, pero en los momentos actuales los ciudadanos no entienden las duplicidades ocasionadas de disponer de 18 gobiernos, parlamentos, defensores del pueblo, consejos económicos y sociales, tribunales de defensa de la competencia, tribunales de cuentas, consejos de estado o televisiones. De esta forma es urgente una mayor racionalización de las empresas públicas, eliminando duplicidades e ineficiencias, eliminando competencias impropias y buscando coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

6.- Planificación estratégica y análisis de la competitividad tanto territorial como sectorialmente.  De esta forma se podrán dar respuestas a muchos de nuestros retos actuales: sostenibilidad del modelo sanitario; reforma del modelo de pensiones; pacto de Estado educativo por la competitividad y los valores; sistema judicial moderno, ágil y eficiente para una separación real de poderes; fuerte y clara política exterior; reforma del sistema financiero para la estabilidad económica o modelos de futuro para el mercado inmobiliario.

7.- Mejora de los procesos y las operaciones realizadas  por las organizaciones públicas. Se puede abordar en tres fases: reducción de los costes a corto plazo, mejora de la productividad y eficiencia y transformación estratégica a medio-largo plazo.

8.- Implementación de las Tecnologías de la Información. En algunos campos como la seguridad social o las agencias tributarias, se han mostrado muy eficaces, pero todavía hay un gran margen para la mejora. De esta forma se crearán muchos mecanismos eficaces de comunicación interna y tenderemos hacia la ‘Administración Única’, ya que el ciudadano debería interactuar con toda la Administración a través de un único portal informático.

9.- Profunda reforma de la ley electoral y la financiación de los partidos, acomodándola a las necesidades reales que tienen como un requisito de profesionalización en los cuadros políticos y su trasparencia.

10.- Por último necesitamos nuevos modelos de colaboración público-privado en la prestación de servicios. Se necesitan buscar nuevas fuentes alternativas de financiación y profundizar en el estudio de la viabilidad y el enfoque estratégico necesarios para la implantación de nuevos modelos de gestión de los servicios públicos, en la buena senda marcada en políticas sanitarias o educativas.

La experiencia histórica nos ha enseñado en numerosas ocasiones que cuando todos juntos hemos trabajado con objetivos comunes, lo hemos logrado. Confío sinceramente en la capacidad de España en salir de la crisis fortalecida y creo que igual que en las últimas décadas hemos ofrecido al mundo empresarial ejemplos de campeones mundiales, podremos ofrecer en el futuro buenos modelos de Gestión Pública.

Es el momento de escuchar a Ortega y Gasset cuando hablaba de que “es preciso ir educando a España para la óptica de la magnanimidad”. Pero esta nueva España de las oportunidades debe disponer como condición necesaria de una nueva Administración moderna, profesional y bien gestionada.  Los españoles lo merecemos.

*Antonio Núñez es director del Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE y presidente de la Asociación de Alumnos de la Harvard Kennedy School en España.

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