Revueltas árabes: un enfoque de seguridad

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Marcos Díaz* .-  12/03/2011

El derrocamiento pacífico del dictador tunecino Ben Alí ha producido una suerte de sismo revolucionario que se expande progresivamente a lo largo y ancho de Oriente Próximo. Egipto, Líbano, Yemen, Jordania, Marruecos, Argelia, Mauritania, Siria, Irán, Arabia Saudí, Baréin y Libia se han visto afectados en mayor o menor grado por esta onda de choque cuyo motor es, posiblemente, la fatal combinación de una alta tasa de desempleo (entre el 10 y el 35%) y las fuertes restricciones ejercidas por los gobiernos implicados en cuestiones de libertad civil.

Esta situación está provocando profundas -y en cierto modo impredecibles- convulsiones en el status quo internacional (principalmente manifiestas en las relaciones entre Occidente y los países musulmanes) al tiempo que afecta notablemente al conjunto de los intereses exteriores occidentales y la seguridad en las áreas del Mediterráneo, Norte de África y Oriente Medio.

Este proceso revolucionario en los países árabes tiene un singular efecto sobre las economías occidentales, producido esencialmente por dos factores de sobra conocidos e íntimamente relacionados: la dependencia energética y la incipiente recuperación económica.

A la previsible disminución de la oferta de combustibles fósiles (tanto petróleo como gas natural) debido a la inestabilidad en la zona, se suma una potencial amenaza al tráfico de ambas materias primas a través de la costa africana del mar Mediterráneo, el canal de Suez y el Mar Rojo, así como  diversos riesgos sobre la integridad de las canalizaciones que comunican las reservas africanas y asiáticas con los voraces sistemas productivos occidentales.

Se debe remarcar que, a su vez, la inestabilidad en el área del Mediterráneo sur-oriental puede dar al traste con buena parte de la estrategia energética de la Unión Europea en vista del presumible incremento de la dependencia del viejo continente con respecto a las importaciones de energía primaria de origen ruso.

La consecuencia inmediata de una subida de los precios del petróleo y del gas es, como ya se señalaba, un grave compromiso a la recién estrenada recuperación económica. En este sentido, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal estadounidense, señalaba recientemente que una variación al alza del precio del petróleo a medio plazo podría aumentar la presión inflacionista, y por tanto desencadenar una revisión alcista de los tipos de interés, medida que no sólo afectaría a la economía estadounidense sino que también podría involucrar acciones parejas por parte del BCE.

Respecto al conjunto de países occidentales, de igual modo se debería tener presente la inversión indirecta en la que se podría incurrir en cuestiones de seguridad, cooperación y desarrollo a medio y largo plazo y los efectos derivados sobre la recuperación si se pretende lograr una estabilización de la zona e impulsar los procesos de transición democrática en los países afectados por las revueltas.

El caso español

En el caso español, las importaciones de petróleo y gas provenientes de los países afectados se sitúan en torno al 40% y 50% del total respectivamente (según los últimos datos del libro de la energía del Ministerio de Industria), lo que nos eleva al séptimo lugar en el ranking de países más dependientes de la UE en cuestiones energéticas. Asimismo, nuestra economía presentaría una mayor vulnerabilidad ante la situación debido a las -más que- modestas previsiones de crecimiento para el presente ejercicio, al tiempo que nuestra capacidad de influencia se reduce con motivo de la erosión del liderazgo e imagen exterior del gobierno en los últimos tiempos.

A las cuestiones económicas que se acaban de revisar hay que añadir una aproximación integral desde la vertiente política, incluyendo un examen del caso a partir de las perspectivas del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, la cooperación y la ayuda al desarrollo, y los asuntos migratorios.

Desde el punto de vista político, el mundo occidental ha optado claramente por respaldar las reivindicaciones sociales de la ciudadanía de los países afectados, apostando por favorecer una paulatina democratización del mundo islámico. Sin embargo, se debe señalar que este compromiso  adquirido libremente obliga a los actores occidentales, especialmente a la Unión Europea por ser un actor cercano, a tutelar de manera efectiva este proceso de transformación.

En este sentido, existe un restricción que previene a los actores occidentales de optar por una intervención militar o económica de carácter punitivo contra aquellos países que decidan seguir un programa propio de transición que resulte incómodo a las autoridades políticas mundiales, salvo que éstos representen un peligro o amenaza real a terceros países o impliquen una violación efectiva de los Derechos Humanos, de acuerdo con la legalidad internacional (concretamente los principios de no injerencia y autodeterminación). Estas restricciones significan que las estrategias de las potencias democráticas para la región han de sustentarse en procedimientos típicos de la cooperación y ayuda al desarrollo. En último término, por tanto, cabe plantearse si la comunidad internacional ha desarrollado sinergias suficientes como para desarrollar y financiar un plan a gran escala que se adapte a la situación actual del escenario.

Otra de las variables a tener en cuenta es el del impacto que puede producir este macroproceso político en la presión migratoria. A corto plazo, y dadas las circunstancias, podría producirse un desplazamiento masivo de refugiados tanto hacia los países del entorno como hacia Europa, mientras que a medio y largo plazo podrían darse grandes éxodos de población en función del grado de consecución de mejoras sociales que se alcance en cada país, sobre todo si la tendencia de cambio deriva hacia posiciones islamistas más extremas.

España, a ciegas

Desde la perspectiva de la Defensa, el proceso revolucionario en los países musulmanes pone sobre la mesa cuestiones de máxima relevancia. En primer lugar resalta el completo fallo en los sistemas de información públicos y privados para la monitorización efectiva del estado de la región, tanto en los momentos previos al sismo como durante su desarrollo.

Occidente en general, y España en particular, se ha quedado ciego ante los hechos. Para nuestra fortuna la compañía mediática árabe Al Jazeera ha publicado la mayor parte de la información que ha producido bajo licencias de libre distribución, lo que ha permitido que poco a poco las noticias fueran distribuidas por los medios occidentales.

Lo que resulta más alarmante es que nuestro país, nuestro servicio de acción exterior (entendido en un sentido amplio) no se haya percatado con anticipación de lo que se gestaba en una región de la que formamos parte integral, mucho más que cualquiera de nuestros socios y aliados. Con una situación geográfica que dista escasos kilómetros de uno de los países afectados, junto con las dependencias energéticas que se han citado con anterioridad y la fragilidad de nuestra economía, el fracaso de los distintos servicios públicos no tiene otra calificación que catastrófico. Cabe señalar que, visto el interés, planificación y capacidad de anticipación en cuestiones relativas a nuestro entorno geoestratégico más inmediato, la acción de nuestro Gobierno ha sido visiblemente irresponsable, lo que ha terminado por comprometer gravemente nuestros intereses nacionales. Dicho esto, pasemos a revisar los diferentes niveles de seguridad afectados por la presente crisis.

En el nivel perceptivo inmediato se encuentran aquellos países que por sus características particulares han entrado en un proceso violento de transformación. El caso más representativo es Libia. El rechazo de Gadafi a abandonar el poder a pesar de las revueltas populares ha derivado en enfrentamientos cada vez más violentos entre opositores y partidarios del dictador, al que se acusa de utilizar al ejército junto con tropas mercenarias para reprimir a la sociedad civil. Los bombardeos y ataques armados contra supuestas posiciones rebeldes pueden constituir un posible caso de violación de Derechos Humanos, según determine la correspondiente investigación por parte del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Este caso supone una de las excepciones al uso de la fuerza por parte de terceros estados contempladas por la legalidad internacional, con lo que el embargo armamentístico y la batería de sanciones económicas impuestas al régimen serían legítimas desde el punto de vista del Derecho. Además la excepción también sancionaría medidas punitivas más severas como la propuesta de imponer una zona de exclusión aérea lanzada por la OTAN recientemente.

No obstante, la iniciativa de la zona de exclusión presenta algunas dificultades añadidas. La primera de ellas deriva del artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual es el Consejo de Seguridad el que debe decidir si la situación presenta una amenaza o quebrantamiento de la paz o la seguridad internacional y qué medidas se han de tomar para reconducir la situación.

Las consecuencias de intervenir en Libia

En este contexto se puede esperar que los tres miembros occidentales del Consejo (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) voten a favor de la iniciativa de imponer una zona de exclusión aérea, mientras que China previsiblemente se abstendría si se tiene en cuenta el despliegue de una fragata y cuatro aviones de transporte militar el pasado día tres de marzo. Sin embargo, se debe tener en cuenta la posibilidad del veto ruso si este país decide prolongar el caos en la región para potenciar sus exportaciones de gas y petróleo e incrementar así su influencia sobre Europa a pesar de su voto favorable a las sanciones el pasado 26 de febrero.

El segundo problema surgiría en el seno de la Alianza Atlántica y tendría dos ejes principales. El primero, de tipo diplomático, se centraría en torno a las contribuciones que deberían realizar los estados miembros, mientras que el segundo eje sería de tipo estrictamente militar: la selección de objetivos (aeródromos, instalaciones militares y depósitos, estaciones de rádar y defensas antiaéreas …) y la eficacia final de la misión teniendo en cuenta la reacción del régimen libio (trasladar el personal y material militar a los núcleos urbanos o confrontar directamente las fuerzas de la Alianza).

Finalmente, se deben estudiar las consecuencias de la imposición de una zona de exclusión aérea. Arguyendo que tal misión resultara en un éxito para las tropas de la OTAN, se debe indicar que éste se restringiría a la destrucción de la superioridad aérea de los sectores leales al régimen, y no se traduciría necesariamente en una desintegración de las estructuras en las que se apoya el tirano. Por el contrario, la falta de superioridad aérea podría significar el estallido de una suerte de conflicto interno caracterizado principalmente por combates terrestres, lo que explicaría la tentativa estadounidense de proporcionar armamento a los rebeldes.

En un nivel de seguridad de mayor complejidad quedarían enmarcadas las cuestiones de estabilidad intrarregional. En primer lugar, una transformación acelerada en el área de Oriente Próximo (Egipto, Líbano, Jordania, Siria e Irán) podría ser la mecha para una eventual reactivación del conflicto árabe-israelí, y de forma similar, ser causa de tensiones en el área del Magreb.

También en lo relativo a la estabilidad intrarregional se debe tener en cuenta que un proceso de transición descontrolado en cualquiera de los países afectados podría recalentar el clima social y espolear el crecimiento de las tensiones interreligiosas. Adicionalmente se debe recalcar que existen posibilidades de repetición del modelo revolucionario iraní  o de un potencial empoderamiento de las facciones islámicas más radicales y el crecimiento de la amenaza terrorista expresada en términos de la yihad global.

Como apunte final de este análisis, preocupa que por el fracaso de las estrategias blandas occidentales, el estado de la región desemboque en un fatídico clima de tensión interregional entre las secciones noroccidentales y surorientales del Mediterráneo.

Esta posibilidad se debe estudiar si se tiene en cuenta que podría existir un cierto interés por parte de  ciertas potencias en crear una tendencia inestable a medio y largo plazo en la esfera internacional, que ha resultado y sigue resultando contraproducente para los intereses exteriores occidentales.

Si bien se ha mencionado que el curso de acción más favorable para el conjunto de naciones democráticas ha de basarse en la cooperación al desarrollo y el respaldo político al proceso democratizador, es inevitable lanzar sobre la opinión pública la cuestión de si, en realidad, estamos preparados para reaccionar ante una respuesta hostil generalizada. Es decir, plantear si la comunidad internacional ha desarrollado sinergias suficientes como para desarrollar y financiar un plan a gran escala que se adapte a una situación esta vez marcada por la aparición de riesgos graves y amenazas sustanciales.

*Marcos Díaz es experto en relaciones internacionales.

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