Reformar las pensiones para que no caigan en las manos de los mercados

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Javier López* 17/02/2011

El sistema público de pensiones es algo de lo más valioso que tenemos en esta Europa en crisis y en esta España con más crisis. Es, por tanto, un objetivo prioritario a batir por aquellos que pretenden dejar lo público a merced de los mercaderes. Es decir, privatizado. Sustituir el sistema actual de reparto, en el que el trabajador de ahora paga la jubilación de los pensionistas actuales, por un sistema de capitalización, en el que cada cual se paga su pensión futura, metiendo el dinero en bolsa, en un Fondo de inversión, en un Plan de Pensiones, con lo cual terminas cobrando lo que la bolsa te permite, mientras otros muchos terminan en una pensión de beneficencia. Eso sí, dejando mucho dinero y beneficio en el “mercado”. Es decir en los bolsillos de los mercaderes.

 

El trabajo cambia. Nuestra vida cambia. La sociedad cambia. Cambia el empleo, la esperanza de vida. Por eso el sistema público de pensiones tiene que analizarse, evaluarse y revisarse de forma continua y permanente, entre otras cosas porque habrá que pagar más pensiones, durante más tiempo con cuantías más dignas, especialmente las más bajas.

 

Desde 1995, cuando se inició la negociación del Pacto de Toledo, con un Gobierno socialista y que culminó en 1996, con un Gobierno del Partido Popular, se han producido las reformas del 1996, del 2001 y del 2006, que han permitido pagar más pensiones, con mejores cuantías, y con una salud financiera incuestionable del sistema, que genera superávit incluso en tiempos de crisis, y lo cual ha permitido crear un Fondo de Reserva de más de 64.000 millones de euros.

 

El sistema público de pensiones goza de buena salud en España gracias al acuerdo, al consenso político y social y a las reformas ajustadas y equilibradas que se han ido produciendo.

 

La salud  actual del sistema, sin embargo, no debe impedir que veamos los riesgos de futuro en el medio y largo plazo.  Afrontar estos riesgos es la mejor garantía de que se cortan las vías y la ofensiva permanente de quienes quisieran ver los cuantiosos recursos de las pensiones en manos de los mercados, es decir de los bancos, aseguradoras y fondos de inversión. Además toca revisar el Pacto de Toledo y, aunque no es el mejor momento, hay momentos que no podemos sortear.

 

La demografía no es el único argumento, pero hay que tomarla en cuenta y allá por mediados de la década 2030-2040, tendremos 15 millones de pensionistas, que cobrarán una pensión durante 18 años de media. Además serán pensiones más altas, como es lógico. Ahora la media de las nuevas pensiones en el Régimen General es de 1.404 euros/mes, frente a la media de 1.106 euros/mes de las bajas que se producen.

 

Fomento de la natalidad

 

Así las cosas, reformar el sistema de pensiones es necesario, pero será inútil si no mejoramos el empleo, o si no adoptamos políticas que permitan fomentar y aumentar la natalidad, que ayuden más a las familias, al tiempo que enriquecemos la negociación colectiva, sus contenidos y la estabilidad del empleo.

 

Sin embargo, el Gobierno, condicionado por la presión de “los mercados”, pretendía evitar actuar sobre otros parámetros que no fueran recortar los gastos en pensiones y además hacerlo con rapidez, acelerando los tiempos de aplicación.

 

Cambiar esa lógica, produciendo una reforma gradual en el tiempo, reduciendo los efectos negativos sobre la clase trabajadora y repartiendo el esfuerzo entre todas las generaciones, ha sido resultado de la combinación de la presión y la negociación.  La jubilación a los 67 no será ni obligatoria, ni generalizada, ni el año que viene.

 

El Gobierno anunció en febrero de 2009 el retraso de la edad de jubilación a 67 años. La movilización sindical, en manifestaciones por toda España, consiguió parar el golpe… de momento.  El Plan de Austeridad podría esperar en esta materia.   Pero lo peor estaba por llegar.  En mayo el Gobierno acomete un Plan de Ajuste en toda regla, ante la presión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Y ahí ardió Troya: recorte de inversiones, congelación de pensiones, reducción del sueldo de los empleados públicos.  Luego vino la reforma laboral impuesta y la Huelga General del 29-S.  Y un cambio de Gobierno.

 

En diciembre, sin embargo, se producen  nuevos recortes como el anuncio de la pérdida de los 426 euros de ayuda para los parados sin prestación.  La privatización de aeropuertos y loterías.  La bajada de impuestos empresariales.  La intervención gubernamental en la reforma de la negociación colectiva y la jubilación a los 67 años.  Nuevas manifestaciones por toda España el 18 de Diciembre.

 

Sin embargo, el coste del Gobierno Zapatero, en pérdida de apoyo de su cantera de electores, es notoria y brutal.  El coste de la huelga del 29-S y las movilizaciones sindicales no es asumible para un partido con citas electorales inmediatas. La “responsabilidad histórica” que parece imbuir a Zapatero tiene el límite terrenal e inmediato, de un partido en quiebra técnica.

 

Son los sindicatos los que plantean un esfuerzo negociador sobre los temas en conflicto: reforma laboral, pensiones, negociación colectiva, protección a los parados.  Una  negociación desarrollada a lo largo del mes de enero.

 

Jubilación flexible

 

Uno de los resultados es el Acuerdo de pensiones.  Frente a la pretensión de imponer una jubilación generalizada y obligatoria a los 67 años, se ha negociado una fórmula de “jubilación flexible”, abriendo un abanico de edades de jubilación que va desde los menos de 61 años, con 15 de cotización, para trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o personas con discapacidad, a la jubilación anticipada con 61 años por pérdida de empleo a causa de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE),  o despidos por causas económicas de la empresa.

 

Mantiene la jubilación parcial a partir de 61, manteniendo los compromisos de cotización por ambos trabajadores, relevista y relevado.  Estableciendo la jubilación anticipada a partir de 63, bajando el coeficiente reductor al 7,5% por cada año que falte hasta la edad de jubilación que hubiera correspondido.

 

Jubilación a los 65 y 66 con 38,5 años cotizados con derecho al 100% en de la base reguladora de la pensión y a los 67.  Con 15 años trabajados se sigue accediendo al 50% de la base reguladora, alcanzando el 100% con 37 años cotizados.  Los que quieran jubilarse por encima de los 65 ó 67 años verán mejorada su pensión entre un 2% y un 4%, por año trabajado, según su carrera de cotización.

 

Se introducen elementos importantes de ampliación de la jubilación anticipada para trabajo penosos, el mantenimiento de la jubilación parcial, la mejora de los incentivos para el retraso voluntario de la edad de jubilación, así como el periodo de carencia mínimo para jubilarse en 15 años.

 

No hemos conseguido todos los objetivos, ciertamente, pero el resultado está muy lejos de la pretensión de ahorrar gastos por el método de ampliar a 67 años la edad de jubilación para todos y obligatoriamente.  También es cierto.

 

Si hay algo que no toca el Acuerdo de Pensiones es el número de años cotizados necesarios para jubilarte.  Con 15 años cotizados, a los 67 años, puedes acceder al 50 por ciento de la base reguladora de tu pensión.  No era ésta la pretensión del Gobierno, que pretendía llevar a 20 ó 25 años el periodo de carencia para conseguir una pensión contributiva.  Hubiera sido una medida que golpearía especialmente a las mujeres que tienen carreras de cotización más cortas, o para aquellos que, en el futuro, cuenten con carreras profesionales cortas o discontinuas.  Colectivos como el de empleadas del hogar, por ejemplo, en el que el 32%o de las que se jubilan han cotizado exclusivamente 15 años,  se verían arrojadas a la Pensión No Contributiva.

 

Sí toca el Acuerdo la ampliación del periodo para calcular la pensión, que pasará a 25 años, progresivamente hasta 2022.  En 1996 se acordó ampliar el periodo de cálculo de 8 a 15 años.  Esta medida tiene efectos dispares en función de la evolución de la carrera profesional.  Para unos supondrá leves bajadas, para otros leves incrementos, en función de la evolución del empleo y los salarios.

 

Salarios y pensiones

 

Para los trabajadores y trabajadores con bases mínimas, o máximas, de cotización que van subiendo su sueldo muy cerca de la inflación, el impacto de un mayor periodo de cálculo es neutro.  Para los que pierden el empleo o bajan su salario en los últimos años cotizados, por pérdida del empleo, por ejemplo, el efecto será positivo, llegando hasta un 33% el incremento de su pensión.  Sin embargo, los salarios que crecen por encima de la inflación en los últimos años cotizados pueden sufrir mayores pérdidas en su expectativa de pensión.  Crecimientos salariales altos en los últimos años podrían acarrear una pérdida de hasta el 8% de su expectativa de pensión.

 

El elemento más polémico de la reforma es el de pasar de 65 a 67 años la edad de jubilación.  Sin embargo, conviene conocer un dato.  El 56,8% de las pensiones en vigor en el Régimen General tenía más de 37 años cotizados.  El Acuerdo, además incorpora elementos para corregir el efecto futuro de la Reforma sobre algunos colectivos como los jóvenes o sobre las mujeres.

 

Para ello el Acuerdo contempla que la mujeres (y los hombres, en determinados casos) que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción, verán reconocidos 9 meses de cotización por cada hijo hasta un máximo de 2 años.  Además el periodo cotizado por excedencia para cuidado de hijos, se amplía de 2 a 3 años.

 

En cuanto a los jóvenes se establecen medidas para que los programas formativos coticen como contratos formativos.  Eliminando restricciones a la contabilización de periodos formativos o de investigación, incluidos los realizados en el extranjero.  O reconociendo estas cotizaciones con carácter retroactivo en periodos anteriores a la ley.

 

Muy probablemente será más fácil que un joven o una mujer lleguen a 37 años cotizados con esta Reforma, que a 35 en las condiciones actuales, porque la pensión es una consecuencia del empleo y de los años cotizados.

 

El Acuerdo, por último, refuerza la solidaridad del sistema público de pensiones.  El acuerdo mantiene en 15 años el tiempo necesario para generar derecho a pensión. Mujeres, empleadas de hogar, trabajadores con carreras de cotización discontinuas, serán los beneficiarios, con garantía de obtener complementos a mínimos si no alcanzan la pensión mínima.

 

El Acuerdo incrementa las carreras de cotización de mujeres y jóvenes, reconociendo periodos adicionales de cotización de hasta dos años. El sistema de complementos a mínimos se mantiene y reafirma, lo cual supone emplear unos 4.000 millones de euros anuales para mejorar la pensión, en el caso de que la pensión resultante sea inferior a la cuantía mínima de una pensión.

 

El 27% de los pensionistas necesita hoy estos complementos a mínimos.  El 3% de las pensiones de viudedad necesitan estos complementos y el 56% de las pensiones de las Empleadas del Hogar. Además, el Acuerdo determina, como colectivo de atención prioritaria, a los pensionistas de edad avanzada y que viven solos, para reforzar, en estos casos los esfuerzos del sistema.

 

El Acuerdo sobre la reforma de las pensiones es polémico, como lo es todo cambio, aún más cuando viene precedido de un conflicto aún abierto con el Gobierno de España en temas como la Reforma Laboral,  los recortes de inversiones públicas, la congelación de las pensiones, o el recorte salarial de los empleados públicos.

 

Sin embargo, cuanto más se lee el Acuerdo, más conciencia tomamos de que el futuro de las pensiones públicas es hoy más seguro que antes del acuerdo.  Que hemos despejado los riesgos de privatización del sistema público de pensiones y que podremos pagar más pensiones, durante más años.

 

La cuantía de esas pensiones no depende de esta reforma, ni de que no se hubiera producido,  sino de que hayamos conseguido mejorar el empleo precario, temporal y mal pagado que consume nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro futuro como país.

 

* Javier López es secretario general de CCOO de Madrid.

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