Recuperemos el vertical

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Federico Durán López*.-  09/06/2011

Supongo que si el editor de este artículo es lo suficientemente joven, habrá tenido la tentación de corregir el título para buscar la concordancia gramatical, pensando que se trataba de decir que, desde la situación de postración en la que estamos, tendríamos que recuperar la verticalidad. Levantar cabeza, como se dice, ponernos en pie y enfrentarnos abiertamente a los problemas.

Pero no me refería a eso, sino a recuperar el vertical. El vertical era la expresión con la que se conocía, durante el franquismo, a la organización sindical. Una organización en la que se integraban conjuntamente empresarios y trabajadores y que formaba parte de la estructura del Estado, aunque quizás sea más correcto decir del régimen. La clave de bóveda estaba en la protección paternalista de los derechos laborales, con una profusa intervención administrativa, una elevación del sindicato a las más altas esferas del poder (el delegado sindical de cada provincia era una autoridad indiscutible), y una supresión casi total de los espacios de libertad. El mundo laboral era un mundo sin libertad sindical pero también sin libertad de gestión empresarial ni de contratación.

Y digo recuperar el vertical, porque al paso que vamos, vamos a acabar en él, así que casi mejor quemar etapas. Todo esto viene a cuento del borrador de anteproyecto de ley de reforma de la negociación colectiva que acaba de hacerse público. Por encima de los matices y de las complejidades interpretativas que suscita, el borrador rezuma miedo a la libertad y miedo al conflicto. En vez de avanzar en la libertad de negociación, la restringe y la condiciona, imponiendo nuevos y mayores contenidos mínimos a los convenios y exigiendo la asunción de compromisos que solo deberían provenir de la libre decisión de los negociadores.

Y, recuperando un franquismo modernizado, la intangibilidad de los derechos laborales, la inflexibilidad de las regulaciones, la cerrazón a la evolución y a la adaptación, se tratan de compensar con una erradicación de los conflictos. Exigir, como contenido mínimo de los convenios, la adhesión y el sometimiento (hasta la palabra la ha cargado el diablo) a los procedimientos de solución de conflictos establecidos en instancias negociadoras superiores, y prever que dichos procedimientos podrán pactarse como de aplicación general y directa (por lo que no se ve cómo puede darse el caso, que se menciona, de que las partes no se hubiesen sometido a los mismos), aparte de vulnerar, de nuevo, la libertad de negociación, supone un claro intento de evitar conflictos abiertos a cambio de mantener a una de las partes en una situación de clara prevalencia negociadora. Porque en un procedimiento arbitral, aunque teóricamente quede abierta la posibilidad de ejercicio del derecho de huelga, dicho ejercicio carece de sentido. La huelga es un instrumento de presión reconocido a los trabajadores para obtener las reivindicaciones planteadas al empresario. Desde el momento en que el conflicto se somete a arbitraje, y la decisión no está, por tanto, en manos del empresario, la huelga no sería sino una presión ejercida sobre el árbitro, lo que no parece que tenga mucho sentido ni que sea admisible desde el punto de vista de la pureza del procedimiento arbitral.

La negociación colectiva necesita más, y no menos, libertad. Y no debemos rehuir el conflicto, que es el principio ordenador de las sociedades libres y el motor de su desarrollo, ni ahogarlo, para mantener las ventajas de una parte, que puede convertir compromisos temporales en eternos, en una maraña de procedimientos que, al perder su carácter voluntario para convertirse, aunque disimuladamente, en obligatorios, nos devuelven a los viejos fantasmas corporativos.

*Federico Durán López es catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues.

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