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José Mendiola está licenciado en Ciencias Económicas por la Univ. de Deusto, especialidad marketing por el Instituto Superior de Comercio de París. Es consultor de marketing y comunicación estratégica, además de experto en nuevas tecnologías y tendencias. En el campo del periodismo es senior blogger en Engadget en español y fundador de los portales palManiac y palmInsider.

@Oscar de la Torre

Oscar de la Torre es Presidente y fundador de www.tecnoregalos.com, www.tododvd.com y www.mkvplayers.com. Divulgador habitual en prensa y TV, experto en nuevas tecnologías y productos impactantes, de la Torre distribuye su tiempo por los cuatro puntos cardinales buscando identificar los gadgets más novedosos en las principales ferias internacionales.

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@Eva Martín - 22/04/2010

La Comisión Europea ha hecho público el borrador del tratado internacional ACTA (Anti-counterfeiting Trade Agreement) sobre comercio anti-falsificación. Según sus promotores, la misión del tratado es luchar contra las violaciones de la propiedad intelectual a gran escala. No obstante, muchos consideran que la aplicación de ACTA podría acabar limitando los derechos y libertades fundamentales, e incluso acosando a los consumidores.

 

Una de las medidas más polémicas del borrador ACTA propone que los titulares de propiedad intelectual puedan demandar a los intermediarios (proveedores de acceso a Internet, redes sociales o buscadores) cuyos servicios hayan sido utilizados por un tercero para infringir un derecho de copyright. Otra de dichas medidas establece que en los pleitos civiles, se deben compensar los daños al titular de la propiedad intelectual. Su monto se calcula por cualquier método que diga el demandante, incluyendo la pérdida de beneficios o el valor de mercado, entre otros. Esto apoyaría la estrategia actual de la industria audiovisual que está exigiendo a los internautas centenares de euros por cada película descargada.

 

Respecto a obras y fonogramas, los estados firmantes deben garantizar que, para los juicios civiles, se establezca o mantenga un sistema que permita predeterminar los daños, se fijen presunciones sobre el importe de los perjuicios suficientes para compensar al titular de propiedad intelectual, y se contemplen los "daños adicionales".

También el borrador de ACTA faculta a los jueces para dictar medidas cautelares (con carácter preventivo) "sin escuchar a la otra parte", y sin dilaciones.

 

En las aduanas, se pretende que los agentes de la autoridad puedan actuar ante cualquier sospecha de violación de la propiedad intelectual, incluso en las escalas. Muchos temen que esto signifique poder confiscar el ordenador portátil o el iPod.

 

En el ámbito penal, la tipificación del delito de piratería a escala comercial debe incluir los supuestos que carezcan de una motivación directa o indirecta de "ganancia económica". En España esto supondría eliminar el ánimo de lucro como requisito imprescindible para que haya delito. Salvo que alguna delegación se oponga, la responsabilidad penal no sólo va a afectar a los infractores y a los intermediarios, sino a cualquiera que "incite, ayude o ampare".

 

Cobertura legal para cerrar páginas webs

 

Así, opinar en defensa del intercambio de ficheros (P2P) sería perseguible penalmente, e incluso podría darse el caso de que un medio de comunicación que informara sobre actividades que puedan considerarse infracciones a la propiedad intelectual y no las condenase fuera imputado. Asimismo, se daría cobertura legal para cerrar páginas web con enlaces a contenidos.

 

El borrador de ACTA, igualmente, recoge que los estados firmantes deben asegurarse de que las medidas para garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual (civiles y penales) se apliquen en el entorno digital. Esto es, Internet. Incluso bendice la posibilidad de que la legislación nacional permita que una autoridad administrativa (no judicial) requiera al proveedor de acceso a Internet para que cese o impida la infracción. Esto incluye cortar la conexión a los usuarios.

 

Los participantes en las negociaciones son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur, Marruecos y Suiza. Durante la octava ronda de conversaciones, celebrada del 12 al 16 de abril, se decidió hacer público un borrador "para ayudar a cerrar un acuerdo definitivo".

 

Parece que existen tensiones entre las partes negociadoras; por ejemplo, se está intentado incluir una cláusula que salvaguarde las legislaciones nacionales respecto a la intimidad personal.

 

ACTA no sólo afecta a los contenidos digitales, sino a cualquier producto y servicio susceptible de falsificación (prendas de marca, medicamentos...). Además abarca cualquier actividad que pueda suponer una amenaza para la propiedad intelectual.

 

A lo largo de todo el texto sólo se habla de propiedad intelectual, nunca de derechos de autor. Es un tratado de comercio, donde lo esencial es proteger a la industria, pero no a los autores ni a los creadores. No parece una coincidencia que los impulsores de ACTA sean aquellos países donde los lobbies de las industrias de la música y del cine son más activos. Algunos críticos consideran que ACTA es una respuesta desesperada de aquellas multinacionales que pretenden mantener unos modelos de negocio caducos en un entorno digital.

 

El hecho de que las negociaciones sean secretas y confidenciales ha levantado todo tipo de suspicacias, especialmente que se sustraiga del debate público una materia comercial de tal trascendencia, con implicaciones en los derechos civiles de millones de personas.

 

¿Y qué pasa con China? ¿Y Rusia?

 

Algunos han llegado a plantear que ACTA está "puenteando" a la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, dentro de la ONU, porque allí las propuestas tendrían que enfrentarse al veto de países de economías emergentes. Otros apuntan que va a resultar poco eficaz sin la firma de China, Rusia y otras repúblicas exsoviéticas, a los efectos de combatir el cibercrimen y las mafias organizadas de fraude electrónico.

 

Los rumores acerca de un acuerdo multilateral secreto para proteger la propiedad intelectual vienen fraguándose desde 2006. Sin embargo, las negociaciones oficiales de ACTA comenzaron en 2007, lideradas por la administración Bush.

 

La unanimidad para romper la confidencialidad se ha logrado después de que el Comisario Europeo de Comercio, el belga Karel De Gucht, tuviera que comparecer ante el Parlamento Europeo el pasado 9 de marzo para dar explicaciones sobre el grado de transparencia y el estado de las conversaciones de ACTA.

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