El mercado negro de pesticidas: cómo se envenena tu cesta de la compra

El viento de Levante sopla fuerte en el Campo de El Ejido, donde los invernaderos se convierten en protagonistas del paisaje en competencia con el mar. Esa zona de la provincia de Almería está muy lejos de formar un paisaje rural idílico. En el laberinto de invernaderos, multitud de plásticos vuelan por el aire; las balsas de agua que riegan las hortalizas tienen un color verde intenso y algunas están cubiertas de una espuma amarilla sospechosa; los jornaleros inmigrantes circulan en bicicleta por caminos angostos jugándose el tipo entre un tráfico intenso de furgonetas y camiones que abastecen de frutas y verduras los supermercados de España y Europa, y en los escasos descampados que hay entre nave y nave proliferan vertederos donde se arrojan ilegalmente envases de pesticidas, altamente tóxicos para las personas y muy contaminantes para el medio ambiente.

Ese ‘mar de plástico’ se extiende por una gran parte del sudeste peninsular. Bajo la realidad observable a golpe de vista se esconde un problema que afecta a la salud de los agricultores y consumidores y a la protección del medio ambiente: el uso de pesticidas ilegales para evitar que las cosechas se malogren y, de paso, ahorrar un poco de dinero y ser más competitivos que el vecino. El resultado es la presencia en los mercados de frutas y hortalizas que son tratadas con productos clandestinos no controlados, muchos de ellos de elevada toxicidad. No solo ocurre en el sudeste, sino también en el resto de España y parte de Europa.

A pesar de que la legislación de la Unión Europea en el uso de pesticidas es la más restrictiva del mundo, Bruselas estima que en torno al 10% de los pesticidas comercializados en sus países miembros es ilegal y no está sometido a los controles sanitarios preceptivos. Llega al 25% en aquellos que tienen fronteras con países terceros. Chris Vansteenkiste, jefe del Área de Delitos contra la Propiedad Intelectual de Europol,​ cuenta a este diario que aunque no posee estadísticas específicas “aún hay enormes cantidades de pesticidas ilegales que siguen entrando en Europa”. Recalca Vansteenkiste "la lucha diaria contra este tipo de delito que afecta muy gravemente a la salud de los consumidores de la UE”.

En España, el cálculo del mercado negro es difícil de hacer, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la patronal de los fabricantes Aepla admiten de forma conservadora ese 10%, lo que habría representado un valor aproximado de 110 millones de euros en 2016. La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE lo eleva hasta una estimación del 18%.

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China es la mayor preocupación de las autoridades. Allí se fabrica el 98% de las sustancias químicas de las 1.150 reconocidas por Naciones Unidas, muchas de ellas prohibidas en España para su uso en la agricultura. Desde el país asiático se exportan a Europa pesticidas no autorizados o productos agroquímicos falsificados de grandes marcas. Europol indica que hasta hace pocos años se usaban puertos de gran tráfico en Europa, como Hamburgo en Alemania o Róterdam en Países Bajos. Pero ahora también se están utilizando otros del Mediterráneo y del Báltico, e incluso el transporte por carretera atravesando Rusia para evitar la mayor vigilancia de las autoridades de Centroeuropa.

Fuentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) aseguran que "los puertos de Valencia y Barcelona son dos lugares claros para la entrada de productos ilegales desde China, pero también lo hacen por avión”.

Aunque los servicios policiales europeos y españoles hablan de sofisticadas organizaciones criminales, la realidad es que importar pesticidas fraudulentos no es un ejercicio difícil. No es necesario introducirse en grupos organizados, ni navegar por la web profunda, ni explorar foros cerrados al común de los usuarios. Uno va a Alibaba, teclea el nombre de agroquímicos prohibidos en España, manda un mensaje a empresas productoras de China, la India o Sudáfrica y le llegarán decenas de ofertas para comprar fitosanitarios —según la denominación de pesticidas usada por la industria productora—.

Los puertos de Valencia y Barcelona son dos lugares claros para la entrada de productos ilegales desde China, pero también lo hacen por avión

En El Confidencial lo hicimos para comprobarlo. Compramos atrazina en Estados Unidos por internet. La atrazina es un herbicida prohibido en Europa desde 2004 que es muy perjudicial para el medio ambiente y para la salud de las personas.

Asimismo, nos pusimos en contacto con diversas empresas de China e India para la importación de otros pesticidas prohibidos en la agricultura europea, como el lindano o el diclorvós. Con algunos representantes se trató la opción de importar los productos. En uno de los casos, se llegó a recibir un presupuesto para la compra de un contenedor de sustancias no autorizadas en España: atrazina y malatión. Se obtuvo el compromiso por escrito de camuflarlo con etiquetas fraudulentas de otros productos legales. En un principio, propusieron el insecticida fenvalerato, pero al estar prohibido en Europa, se pactó negociar el precio y luego ya buscar una solución alternativa para falsificar las etiquetas y que pasaran los controles aduaneros.

La persecución de las mafias

Desde 2015, en coordinación con las autoridades nacionales y la industria, Europol desarrolla campañas de control intensivas durante unos días para detectar agroquímicos ilegales en puertos y aeropuertos. En noviembre de ese año y durante 12 días, en la operación Silver Axe decomisaron 190 toneladas de productos fraudulentos. En aquella ocasión participaron seis países, España entre ellos. En la operación Silver Axe II en marcha ya colaboran hasta 16.

Los productos clandestinos llegan a España por tierra, mar y aire

En nuestro país, la lucha contra el contrabando de pesticidas es una prioridad para el Seprona. Las operaciones se suceden en los últimos años con nombres como Fresón, Karpos, Teja, Letargo, Don Limpio, Flúor o Fitotráfico. Los productos no autorizados llegan a España por tierra, mar y aire. A veces, llegan en grandes contenedores al por mayor con principios activos de alto porcentaje y luego son reformulados y rebajados, etiquetados, envasados en garrafas pequeñas y comercializados desde empresas clandestinas. En otras ocasiones, llegan desde origen listos para consumir en recipientes pequeños con etiquetas falsas que simulan las de las grandes empresas como Bayer o Basf.

Solo en los años 2015 y 2016, la Guardia Civil impuso 3.288 infracciones por la utilización ilegal de fitosanitarios, cifras que sin desglosar incluyen también expedientes por la manipulación de personal no autorizado o por el empleo de productos caducados. Destacan las infracciones impuestas en el sudeste peninsular, pero también en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y A Coruña. Aunque las cifras en Cataluña sean bajas, las autoridades y la industria alertan de un grave problema en el Delta del Ebro, donde ya se han desarrollado varias operaciones contra el tráfico ilícito de pesticidas. Respecto al dato llamativo de Murcia en 2015, 361 infracciones, este coincidió con una campaña intensiva de inspecciones de la Consejería de Agricultura autonómica y el Seprona. “Cuanto más miras, más encuentras”, afirman fuentes policiales.

“Las operaciones son difíciles y costosas porque lleva mucho tiempo investigar, se necesitan muchos recursos humanos y técnicos para probar el delito”, aseguran desde la jefatura del Seprona. Añaden que se requiere el estudio de una documentación compleja (importación y exportación aduanera, identificación de etiquetas muy bien falsificadas, facturas de compraventa) y se necesita hacer pruebas complejas de laboratorio para identificar las sustancias químicas.

Una de esas muchas operaciones fue la operación Fresón de 2015, desarrollada en las provincias de Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Almería, Murcia y Huelva, y en la que se detuvo a 28 personas. Una empresa de la localidad valenciana de Massalfassar reformulaba y distribuía los agroquímicos ilegales procedentes de China. Hasta 10.000 kilos fueron incautados.

Los grupos contrabandistas están muy bien organizados, aseguran oficiales de la Guardia Civil. “Siempre hay un jefe de cada trama que tiene los contactos internacionales en países como China o Turquía, luego están los distribuidores y transportistas que lo reparten por España, y finalmente hay elementos marginales —indigentes, drogadictos— que son usados para firmar papeles”, relatan desde el Instituto Armado.

Por su lado, Francisco González, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal del Gobierno de Murcia, cuenta que “normalmente se trata de gente que va con una furgoneta por la noche y hace una distribución puerta a puerta. Es muy complicado combatir eso en el medio rural”.

Oficiales de la Benemérita de Almería narran cómo el mercado negro continúa con vigor porque siempre hay gente que se dedica a ello. “Incluso son reincidentes a los que ya hemos detenido tres veces y han sido ya condenados otras tres”, afirman. Pero ven un cambio positivo respecto a hace 15 años: “Ahora hay jurisprudencia, antes los jueces no sabían las razones por las que juzgar a los detenidos, no entendían la gravedad del problema”.

Los procesos judiciales son muy largos y las penas y multas son leves

El Confidencial ha recopilado más de 25 sentencias emitidas sobre el asunto desde 2006. Principalmente, los delitos que se imputan a los condenados son por atentar contra la salud pública y la propiedad industrial, artículos 359-360 y 273 del Código Penal, respectivamente. El resultado es que ni en los casos más graves son condenados a más de 18 meses de prisión y nunca a multas superiores a 120.000 euros.

Carlos Palomar, presidente de la patronal de fabricantes Aepla, se queja de que los procesos judiciales son muy largos y las penas y multas son leves. “La operación Fresón de 2015 aún está en fase de instrucción y todos los investigados están en la calle, la lentitud de la Justicia es desesperante”, se lamenta Palomar.

Un ejemplo de lo que apunta el presidente de Aepla es una sentencia de septiembre de 2016 que juzgó a 15 personas por contrabando de agroquímicos en 2007. Se les decomisó en varias localidades de la provincia de Almería más de 3.500 kilos de sustancias prohibidas, entre las que había paraquat, “extremadamente peligrosa para la salud humana”, según reza el fallo. Nueve años después, los investigados fueron penados con 10 meses de prisión.

Uno de los condenados, Ángel Carmona, propietario de la empresa pacense de distribución de fitosanitarios Carmona y Sabido SL, trasladó hasta El Ejido 3.200 kilos de sustancias clandestinas, entre ellas, el paraquat. Carmona se defiende: “Vendimos un producto que habíamos traído desde Bélgica, pero caímos en manos de una mafia de Almería que se dedica a poner etiquetas falsas a productos ilegales importados de China y nos liaron”. Carmona no se siente culpable: “Pactamos una condena con el fiscal para olvidar el asunto y a esos piratas de El Ejido”. Debido a su inhabilitación por sentencia, la empresa renunció a tener un consejo de administración y una hija suya pasó a ser administradora única.

La actividad de la sociedad familiar sigue en marcha. A pesar de que también fuera condenada en 2007 a pagar casi 200.000 euros a una empresa agrícola a la que había vendido un producto falsificado que arruinó su cosecha de tomate.

En otro caso judicializado en 2016 que afecta a una empresa de Almería, Inagro Gestión Agrícola SL de Viator, se investiga a sus gestores y empleados porque allí ”supuestamente se fabrican y comercializan productos fitosanitarios ilegales para la agricultura en invernaderos”. Su presidente, Javier Ortega, declinó dar explicaciones a este diario.

Agricultores "sin escrúpulos"

Diversas fuentes consultadas apuntan a que los agricultores, por lo general, sienten la necesidad de sacar adelante las cosechas cueste lo que cueste. Esa pulsión incluye en ocasiones acudir al mercado negro en busca de pesticidas no autorizados.

Un portavoz de Suministros Agrícolas San Agustín SL, distribuidora de agroquímicos en el Campo de El Ejido, subraya que “los agricultores no tienen muchos escrúpulos para que la cosecha sea buena”. Afirma el encargado: “Claro que existen estos distribuidores ilegales, ofrecen los productos a un 40% más barato”.

En ese sentido, Ignacio Delgado, director de la distribuidora de agroquímicos DQAgro de La Palma (Murcia), opina que hay un problema en “haber pasado del concepto de agricultor al de profesional de la agricultura, porque se busca más una producción determinada que cultivar la tierra”.

Algunos de esos profesionales buscan ahorrar costes mediante la compra de copias falsificadas de grandes marcas. Asimismo, aplican soluciones conocidas del pasado para combatir plagas con sustancias que ahora están prohibidas; o bien, simplemente, aceleran la maduración de sus frutos para salir al mercado antes que sus competidores y obtener así más beneficios. Ello a pesar de que la legislación española, traspuesta de la europea, es muy estricta en la trazabilidad y el control del uso de los pesticidas.

“En 2009 se suprimieron un montón de materias activas y tenemos pocas para combatir las plagas y las enfermedades. Esto puede provocar el aumento del mercado negro. La gente se podría llegar a desesperar y acudir a productos ilegales”. Así habla Juan Salvador Torres, secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores. Se lamenta este ingeniero agrónomo de que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) es muy lento en dar autorizaciones para fitosanitarios y esto es un problema para los agricultores”. Añade: “Los productos agrícolas de terceros países vienen con materias activas prohibidas en Europa y eso no se controla, no se actúa con el mismo rigor que con los de aquí”.

Varios agricultores entrevistados en las provincias de Alicante, Murcia y Almería explican que el problema del mercado negro ha remitido un poco ahora. Tras la ‘crisis del pimiento’ de 2007, cuando la comercialización de grandes partidas de esa hortaliza fue paralizada en varios países europeos al detectarse la presencia de la sustancia prohibida isofenfos metil, “ya nadie se arriesga, a quién le interesa perder grandes clientes en Europa, nuestro principal cliente”, cuenta Carmelo Pérez, agricultor de Torre Pacheco (Murcia). Este empresario enseña las facturas de compra de fitosanitarios que muestra la trazabilidad legal. Este agricultor murciano puntualiza que "en todo caso, quienes se la pueden jugar son quienes venden en el mercado nacional".

Pero desde fuentes policiales dudan de las afirmaciones de Pérez y aclaran que el problema persiste: “En el fondo, los agricultores no ven mal a esos contrabandistas, son parte del juego. El agricultor tiene una visión a corto plazo y algunos hacen compras grandes de fitosanitarios que pagan a tocateja”. Añaden oficiales del Seprona: “Compran envases que no saben ni lo que contienen, pero les da igual, lo echan porque les han dicho que eso les va a ayudar a tener una mejor cosecha”.

El problema está en las aduanas

En 2009, la empresa Tragsa realizó estudios de cinética química de suelos agrícolas en invernaderos de Adra (Almería). Algunos resultados dieron positivo por la presencia de DDT, un insecticida prohibido en España desde 1986 por sus efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Su persistencia en el campo puede llegar a ser de 50 años, pero bajo las condiciones de calor de los invernaderos tuvo que desaparecer con mayor facilidad, de modo que pudo ser usado hacía poco tiempo. El Ministerio de Agricultura advirtió de que las conclusiones debían guardarse en un cajón para no causar alarma social y no perjudicar al sector agrícola, asegura una fuente que prefiere ocultar su identidad.

Tras numerosos intentos, no ha sido posible hablar sobre el mercado negro de pesticidas y su control con responsables del Mapama o de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, dos administraciones que tienen mucho que decir en el asunto y que solo han contestado parcialmente por escrito a las preguntas planteadas.

El ministerio advirtió de que las conclusiones debían guardarse en un cajón para no causar alarma social y no perjudicar al sector agrícola

El Mapama coordina el Plan de Acción Nacional de Control, cuyas competencias recaen en los gobiernos autonómicos. Además, se encarga de las inspecciones en las aduanas. Argumenta su portavoz que en el futuro el ministerio prevé la puesta en marcha de un real decreto para regular de una forma integral la cadena de suministro de los productos fitosanitarios. “Dentro de las medidas a incluir, se prevé el establecimiento de controles en frontera para la importación de productos fitosanitarios”.

Es ese el punto débil del sistema: el control de los productos ilegales en las aduanas. Así lo cree el presidente de Aepla: “Tendría que haber una mayor coordinación de las autoridades portuarias y más medios para las inspecciones”. Carlos Palomar piensa que debe copiarse el modelo de Hamburgo: “Desde 2012 se han puesto las pilas en la vigilancia y está sirviendo de ejemplo para otros puertos importantes”. Sobre la Junta de Andalucía, Palomar subraya: “Es muy opaca, incluso con nosotros, porque tienen miedo a despertar cualquier alerta que perjudique al sector agrícola”.

La patronal de fabricantes Aepla tiene habilitado un teléfono para recibir denuncias de contrabando ilegal de pesticidas, información que luego comparte con la Guardia Civil. Desde 2009, ha recibido 149 denuncias, algunas de las cuales han desembocado en grandes operaciones policiales. Hasta comienzos de junio pasado, ya eran 17 llamadas de interés durante este año. Es una muestra más de que el mercado negro de pesticidas persiste e intoxica una parte de nuestra cesta de la compra.

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