La bloguera 'anticáncer' acusada de estafar miles de dólares vendiendo pseudociencias

Aunque su nombre no es tan conocido en España, Belle Gibson es tristemente famosa en su país natal, Australia. Durante mucho tiempo fue conocida porque desde su blog, en sus libros de cocina y a través de su aplicación, Gibson promovía un estilo de vida sana y una alimentación natural como remedio contra el cáncer. Ella misma, aseguraba, había superado un cáncer cerebral terminal diagnosticado en 2009, siguiendo sus propias pautas. Era, decía, la prueba de que sus consejos funcionaban. Hasta que tuvo que reconocer públicamente que se lo había inventado todo.

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Gibson lanzó una aplicación, The Whole Pantry, en agosto de 2013, y un libro con recetas de cocina con el mismo nombre poco después. La 'app' fue una de las que promocionó Apple durante el lanzamiento de su Apple Watch (aunque posteriormente la retiró de su tienda). Los productos de Gibson tuvieron un éxito nada despreciable: en marzo de 2015 la aplicación contaba más de 100.000 descargas, y tanto ella como su compañía, recibió en pago casi 300.000 dólares de Apple, y casi 30.000 por las descargas de Android. Además, la editorial Penguin pagó 263.947 dólares por comercializar su libro. En total, más de medio millón de dólares.

Los consejos que Gibson daba en esa aplicación, y con los que ella aseguraba haber superado un cáncer terminal que se llegó a extender a sus riñones, hígado, cerebro y útero, entre otros, estaban basados en mantener una alimentación natural, hacer ejercicio y mantener una mentalidad positiva.

Terapias alternativas y donaciones

Pero en sus cuentas en redes sociales, realizaba afirmaciones más radicales en contra de la medicina reglada, como desaconsejar las vacunas, recomendar el consumo de leche no pasteurizada o la terapia Gerson (basada en la supuesta desintoxicación del cuerpo a base de una dieta vegetariana y el consumo periódico de zumos). En Australia la legislación sanciona a los padres que no vacunan a sus hijos y el aconsumo de leche sin pasteurizar es ilegal.

Gibson se convirtió en un personaje muy activo en esas redes sociales, en las que aseguraba que había ayudado a mucha otra gente a dejar tratamientos médicos convencionales y a tratarse de forma 'natural' para todo tipo de problemas de salud, desde fertilidad a depresión y por supuesto varios tipos de cáncer.

No contenta con su labor 'divulgativa', Gibson desarrollaba también una acción caritativa: promovió varias campañas de donación de fondos a distintas organizaciones sin ánimo de lucro y prometió donar parte de los beneficios logrados con su aplicación a esas mismas organizaciones y causas. Una de ellas, la familia de un niño de siete años que padecía un cáncer cerebral terminal.

Ni cáncer ni donaciones

En primavera de 2015, el chiringuito de Gibson comenzó a tambalearse cuando una donación de 300.000 dólares a una de estas causas nunca fue recibida. Poco después, y a raíz de la aparición de su historia personal en los medios, comenzaron a surgir preguntas sobre su supuesta enfermedad, que ella no fue capaz de responder: ¿qué médicos la habían tratado y supuestamente operado? ¿En qué centros? ¿Por qué su milagrosa recuperación no encajaba en el historial de enfermedades que decía haber sufrido?

En abril de ese año dio una entrevista en un medio australiano y reconoció que se había inventado su historial médico de principio a fin. En otra entrevista posterior, declaró que había sido tratada en casa por un médico llamado Mark Johns que le trataba con una máquina alemana, y que había recibido quimioterapia por vía oral, administrada por el mismo médico. Nunca se halló rastro de este facultativo ni del equipo mencionado. La credibilidad de Gibson desapareció para siempre, y empezaron sus problemas legales.

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La oficina de defensa de los consumidores ha anunciado acciones legales contra la bloguera, ya caída en desgracia, acusándola de "conducta inmoral" al contar que había estado a punto de morir de un cáncer justo antes de dar un cambio a su vida y curarse con terapias naturales, y de publicidad engañosa al utilizar esta hisotira para vender su aplicación a su libro, así como al asegurar que donaría parte de las ganancias a causas benéficas. Como pena, pide que se le imponga una multa y que publique en los periódicos una disculpa, reconociendo sus mentiras y recomendando a los pacientes de cáncer que busquen consejo en los profesionales médicos. Penguin, su editorial, ha reconocido que no comprobó lo que Gibson contaba en el libro y ha asegurado que colaborará con la oficina de consumo.

El sistema legal australiano da más margen a los jueces a la hora de imponer penas, de modo que pueden adaptarlas mejor a cada caso

Su caso ha dado que hablar por lo absoluto de sus mentiras, que ella misma ha reconocido, así por la pena que piden para ella, que busca ser ejemplar para todos los que hacen negocio recomendando pseudoterapias. "El sistema legal australiano da más margen a los jueces a la hora de imponer penas, de modo que pueden adaptarlas mejor a cada caso", explica Fernando Frías, abogado y divulgador científico, y recuerda el caso de la Australian Vaccination Network (Red Australiana de Vacunación), un grupo antivacunas obligado a cambiar de nombre por orden judicial, y ahora se llama Australian Vaccination-Skeptics Network (Red Australiana de los Escépticos de la Vacunación), así como a publicar varias rectificaciones.

La legislación en España

Debido a las diferencias de legislación, es difícil comparar este caso con la situación en España, donde también se ha denunciado en varias ocasiones el peligro para la salud que suponen los vendedores de pseudoterapias. Quizá el más conocido es el de Julián Rodríguez, recogido en este artículo de 'El País'. El hijo de este valenciano, Mario Rodríguez, falleció en julio de 2014, a los 21 años, tras abandonar el tratamiento para la leucemia que padecía por recomendación de un curandero. Para evitar que nadie volviese a pasar por lo mismo, Rodríguez denunció al curandero por homicidio imprudente, causa que fue reabierta por la Audiencia de Valencia en febrero de este año. La Audiencia no descarta que se trate también de un delito de intrusismo profesional.

Tras su experiencia, Rodríguez cree que el problema está en que la legislación que existe en torno a las pseudociencias no es lo sufiecientemente completa. "La ley prohíbe que los centros no sanitarios se entrometan en el cuidado de la salud, pero las pseudoterapias también se promueven desde centros sanitarios por médicos colegiados". Por eso aboga porque los códigos deontológicos médicos se conviertan en ley. "Esos códigos recogen la obligación de los médicos de prescribir solamente terapias científicamente testadas, pero algunos tienen clínicas en las que no cumplen esta obligación. Para ellos es un conflicto de intereses".

Desde la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), que Rodríguez ayudó a poner en marcha (aunque ya no forma parte de ella), coinciden en este diagnóstico, pero señalan que no solo hace faría falta completar la legislación, sino hacer cumplir la que ya está en vigor. "El principal problema es la pasividad de las administraciones públicas, que muchas veces no saben qué es una pseudoterapia y otras veces, cuando lo saben, no hacen nada", explica Fernando Cervera, miembro de la APETP.

Un delito de 'estafa pseudocientífica'

Una reclamación habitual es la de crear un delito específico para las estafas pseudocientíficas de forma que se puedan evitar con un procedimiento penal casos como el de Julián Rodríguez y su hijo, y también que cientos de clínicas y supuestos expertos se lucren utilizándolas. La dificultad, explica Frías, estaría en definir qué es exactamente una estafa pseudocientífica, "ya que algunos casos pueden estar en el límite de lo legal y lo ilegal", así como establecer qué casos merecerían un castigo por la vía penal y cuáles no. "No es lo mismo vender un crecepelo milagroso que una cura contra el cáncer, ni vender ésta como 'complementaria' o como 'alternativa'".

En su opinión, impedir la publicitación de este tipo de terapias y productos no supone un conflicto con la libertad de expresión que reclaman sus defensores, ya que uno de sus límites es la del derecho a recibir una información veraz. "Merecería la pena una reflexión sobre este problema porque tal y como está le legislación, la respuesta penal solo llega, si es que llega, cuando el daño ya está hecho".