Chapuza política: el "Gran Hermano" judicial por el que han denunciado a España en la UE

Quizá te suene su cara, ya que en su momento fue uno de los abogados que con más ahínco combatió el canon digital español, que fue declarado ilegal por la Unión Europea y finalmente suprimido por el Gobierno.

Además, también fue uno de los más activos a la hora de luchar contra la famosa ley Sinde que, ante el aluvión de sentencias favorables a las webs de descargas, optó por cerrarlas sin que hiciese falta una orden judicial. En este sentido, de hecho, fue uno de los abogados que representó a Pablo Soto –ahora concejal del Ayuntamiento de Madrid– en su victoria judicial contra la industria discográfica, que le exigía 13 millones de euros.

['Papel cero": la Justicia se prepara para su 'efecto 2000']

Ahora, sin embargo, el abogado Javier de la Cueva tiene entre manos una nueva batalla: la denuncia que ha interpuesto contra el Estado de España ante la Unión Europea por el sistema Lexnet, el proyecto de digitalización de las comunicaciones judiciales que entró en vigor el pasado 1 de enero y que, por el momento, está fracasando debido a la complejidad que entraña su cumplimiento.

"El Gobierno puede acceder a toda tu información"

No obstante, la preocupación de De la Cueva no reside en lo complejo que sea cumplir con el famoso 'Papel Cero', sino los peligros que dicho proyecto entraña para los derechos de los españoles: "Lexnet atenta contra la separación de poderes y contra la independencia judicial. Le ha dado al Gobierno un poder que hasta ahora no tenía: tratar una información de la que nunca había podido disponer. Es un ataque contra los derechos de cualquier ciudadano".

Bastaría apretar un botón para saber en qué juzgados se están llevando casos de desahucios o qué abogados defienden a qué acusados

Y es que, según el abogado, Lexnet "ha instalado un mecanismo de control con el que el Gobierno, sea del partido que sea, puede saberlo absolutamente todo sobre un proceso judicial: quién es el demandante, quién es el demandado, qué abogado le representa, qué juez lleva el caso, quiénes son los testigos... pueden saber hasta qué funcionario ha tramitado el documento que esté en Lexnet".

El abogado se explica: "Los servidores y la tecnología de Lexnet están gestionados por el Ministerio de Justicia, la arquitectura tecnológica es suya, y eso nunca había sido así. Hasta ahora, el Ministerio de Justicia, salvo excepciones previstas en la ley, no podía saber los detalles de una causa judicial. Sin embargo, ahora pueden saberlo todo".

"Piensa lo siguiente", asegura: "Antes de que llegase Lexnet, si un ciudadano quería presentar cualquier documento judicial o cualquier demanda, tenía que hacerlo en los juzgados. Ahora imaginemos que hubiese tenido que presentarlos en el Ministerio de Justicia para que, desde allí, se derivasen al juzgado: ¡sería un disparate! ¡La información es de los juzgados, no del Ministerio! Pues ese es el disparate que tenemos ahora: ahora tengo que depositar mi escrito en el Ministerio de Justicia, ya que él es el que trata los datos de Lexnet".

"Ya pueden hacer perfiles de cualquier ciudadano"

Para De la Cueva, el peligro no es (sólo) el acceso a los datos como tal, sino la posibilidad de tratar esos datos con fines, como mínimo, cuestionables: "Ahora mismo, al Ejecutivo le bastaría con hacer una búsqueda rápida y apretar un botón para saber en qué juzgados se están llevando casos de desahucios, o qué abogados defienden a qué acusados, o quiénes son los jueces que están llevando casos de corrupción... y, con eso, el Ejecutivo puede desarrollar estrategias para paralizar todo ese tipo de casos. Y no olvidemos que el único que está salvando este país de la corrupción es el poder judicial".

"El Gobierno no tiene por qué saber qué casos estoy defendiendo yo", asegura, "ni si estoy representando a webs de descargas o a quien sea, ni qué jueces están tratando esas causas. Porque entonces puede orquestar campañas para 'formar' a esos jueces en esos temas, para influir en ellos y darles esos 'cursos correctores'". El abogado sabe de lo que habla: hace unos años, cuando los jueces españoles daban la razón a las webs de descargas, él fue uno de los que criticó que el Ministerio de Educación y el Consejo General del Poder Judicial impartieran cursos a diversos jueces para 'formarlos' sobre cuestiones de propiedad intelectual.

Pueden saber qué causas judiciales has tenido, quién juzgó esas causas... Han implantado un Gran Hermano judicial

Pero va más allá: "Si alguien tiene todos tus datos, pueden hacer perfiles sobre ti: pueden saber qué causas judiciales has tenido, quién juzgó esas causas, qué abogado te las llevó, a quién llevaste de testigo... Pueden saberlo todo y hacer un perfil con tus datos. Han implantado un auténtico Gran Hermano judicial. Hasta ahora esas informaciones no podían salir del juzgado, pero con Lexnet han pasado a estar en un sistema tecnológico habilitado y tratado por el Ministerio de Justicia. Les han quitado el control a los juzgados".

"¿Y si un consejero imputado accediese a todos los detalles de su causa?"

Para Javier de la Cueva, Lexnet constituye un verdadero atentado contra los derechos de cualquier ciudadano. Pero, para quienes no valoren demasiado este punto, son varios los abogados que, como él, le dan la vuelta a la tortilla e inciden en los peligros de Lexnet en torno a asuntos, por ejemplo, de corrupción política.

Uno de estos ejemplos es de José Muelas Cerezuela, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, que formula una escena imaginaria que cita De la Cueva: "Imaginemos que mañana un consejero de Justicia es imputado por un caso de corrupción". Si tenemos en cuenta que las comunidades autónomas también tienen competencias transferidas del Estado, "¿te imaginas que este consejero pudiese acceder a todos los datos de su causa? Cómo ha empezado todo, qué funcionario tramitó la causa, qué juez la está llevando, qué otras causas pendientes tiene ese juez...".

El propio Muelas insiste en ello: "¿Alguien puede estar seguro de que no se sentirá tentado de conocer los datos que su consejería administra? Podemos diseñar nuestros estados sobre la fe en poderes únicos o prevenir los excesos evitando la acumulación de poder. Y eso no es desconfianza: es el principio sobre el que se han construido los estados modernos".

Para De la Cueva, todo esto "sería una barbaridad. El sistema Lexnet atenta contra la independencia del poder judicial, ya que permite que el Ejecutivo acceda a información a la que nunca hasta ahora había podido acceder".

"¿Qué diría el PP si Bildu ganase el Gobierno vasco y accediese a esa información?"

En sus críticas a Lexnet, De la Cueva encuentra culpables claros: "Tanto el PP como el PSOE, durante diversos mandatos, se empeñaron en implantar un sistema que, a mi modo de ver, vulnera gravemente el principio de separación de poderes y los derechos fundamentales de quienes intervienen en un procedimiento judicial".

Y, de regalo, les sugiere una situación que quizá haría que sus intenciones de control se les vuelvan en contra: "¿Qué diría el PP si mañana Bildu ganase las elecciones en el País Vasco o gestionasen la Consejería de Justicia? A mí Bildu me da el mismo miedo que cualquier otro partido, desconfío igual de todos, pero, ¿qué les parecería que Bildu pudiese acceder a la información sobre causas judiciales de terrorismo?".

De la Cueva permanece cauto y no pretende asegurar que ninguna administración, ni central ni autonómica, vaya a acceder sí o sí a la información tratada en Lexnet. Pero, en cualquier caso, eso no es lo más importante: "Que yo tema o no al Ejecutivo es indiferente, el problema es que tengan la capacidad de acceder a la información. Se les tiene que impedir la facultad de ser el Gran Hermano de los ciudadanos a través de lo que estemos haciendo en las causas judiciales".

¿Qué dice la ley?

Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad el Ejecutivo y las comunidades autónomas tendrían la capacidad de poder acceder a la información tratada en Lexnet? ¿Qué diferencias introduce este sistema digital frente al analógico que existía hasta ahora?

La respuesta la encontramos en dos documentos: por una parte, el Real Decreto que dictamina la entrada en vigor del reglamento de Lexnet; por otro, la Resolución del 15 de diciembre de 2015 que diseña el modelo de formularios por los que se regulan todos los documentos que pasan por este sistema.

En el primer caso, el artículo 15 de la disposición no deja mucho lugar a dudas: "El Ministerio de Justicia, encargado de administrar y mantener el entorno operativo y disponibilidad del sistema, (...) pondrá a disposición de todas las Comunidades Autónomas (...) el sistema de telecomunicaciones LexNET" Además, "el Ministerio de Justicia tendrá la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del sistema".

En el segundo caso, encontramos que el formulario (que puede ser consultado con todo detalle ampliando en la imagen situada a la izquierda de este texto) realiza una auténtica 'autopsia' a dicho documento.

Además, su párrafo introductorio asegura que dicho formulario "será un documento digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en los campos correspondientes para ser almacenados y procesados posteriormente".

El precedente: Google y el derecho al olvido

La clave y fuente de la discordia se encuentra en las últimas palabras del anterior párrafo: "almacenados y procesados posteriormente". Según asegura De la Cueva en su denuncia ante la Unión Europea, estas palabras "evidencian, sin ninguna duda, que el Poder Ejecutivo del Reino de España trata los datos y los metadatos de los procedimientos".

Y es que, ¿qué significa exactamente que el Ejecutivo "trata" los datos? ¿Qué connotaciones implica esa palabra? Y, sobre todo, ¿qué responsabilidades acarrea al responsable de dicho tratamiento de datos?

Para Javier de la Cueva, hay un documento que resulta clave: la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 13 de mayo de 2014 en relación al llamado 'derecho al olvido' reclamado a Google. Una sentencia en la que la palabra tratamiento aparece 147 veces, ya que ese era el debate que había encima de la mesa: si Google simplemente automatizaba la información y ni siquiera la consultaba o si realmente la trataba y, por tanto, debía someterse a una serie de responsabilidades.

Y la sentencia fue clara: según la UE, el "tratamiento" es "cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción". Además, el "responsable del tratamiento" es "la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario".

"El Gobierno no puede tratar los datos"

Para De la Cueva, el asunto está claro: "Lo de menos es si el Ejecutivo mira o no los datos, la cuestión es que los trata. Google también decía que no miraba los datos, pero, al tratarlos, se le impuso una responsabilidad".

En cualquier caso, "el Ejecutivo está tratando datos de la administración de justicia, y no puede hacerlo. Tiene datos en sus servidores que no tiene por qué tener", asegura.

Y es que, para el abogado, "el tratamiento de los datos debería ser independiente para cada juzgado. ¿Que eso genera más complicaciones? Pues oiga, es que el estado de derecho está para proteger a los ciudadanos aunque eso genere complicaciones. Si un ciudadano es detenido, el estado de derecho le busca un abogado de oficio, y eso genera complicaciones, pero es lo que hay que hacer. Pues en esto es igual. ¿Quién se tiene que encargar de los procesos judiciales? El poder judicial".

¿Y ahora qué?

Javier de la Cueva presentó el pasado viernes su denuncia, en la que pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declare nulo el sistema Lexnet, ya que "el alojamiento indiscriminado de los datos privados de (...) los procedimientos judiciales no sería conforme con la legislación fundamental aplicable. No debe permitirse la implantación de una tecnología cuya arquitectura permita tal intromisión del Poder Ejecutivo en los datos privados de las personas cuyos datos no deben salir del ámbito del órgano judicial donde se hace justicia sobre su asunto".

Pero no se ha quedado ahí la cosa: además, el abogado ha redactado una plantilla de denuncia [ZIP] para que cualquier ciudadano que quiera sumarse a la causa –y esté participando en algún tipo de litigio– pueda hacerlo.

Y ahora, a esperar. Según el reglamento de la Comisión Europea, en un plazo máximo de 12 meses (o 18 si el tema se torna más complejo de lo esperado), De la Cueva debería recibir una respuesta acerca de si la UE decide abrir un procedimiento formal de infracción contra España.

"Hay que aprobarlo sí o sí, ya veremos lo de la separación de poderes"

Y los partidos, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué visión tienen de Lexnet los grupos parlamentarios que se encargaron de aprobarlo y los que tienen ahora la oportunidad de decidir sobre este sistema?

En cuanto a PP y PSOE, la reacción es lógica (o al menos esperable): están a favor de Lexnet. No es para menos: son los dos partidos responsables de su implantación, ya que su obligatoriedad para 2016 fue aprobada por el PP, pero los primeros pasos de este sistema tuvieron lugar en la última legislatura de José María Aznar y continuaron en el Gobierno de Zapatero.

En este sentido, Javier de la Cueva recuerda una anécdota: "En 2007 me reuní con un alto cargo del Ministerio de Justicia y le dije que, con la entrada de Lexnet, iban a vulnerar la separación de poderes. Me respondió que lo suyo era un problema político, que había que sacar adelante Lexnet sí o sí. Y que luego ya verían lo de la separación de poderes".

Sus conclusiones tras aquella reunión no podían ser más desesperanzadoras: "Salí de ahí llevándome las manos a la cabeza: hemos vulnerado un principio sagrado (el de la independencia judicial) por una voluntad política".

"Lo peor es que no sabemos ni quién lo ha hecho"

De la Cueva y Muelas no son las únicas personas críticas con Lexnet dentro del entorno judicial. Otra de ellas es José Carlos Sánchez Alfonso, secretario judicial de los Juzgados de Violencia de Género de Elche y miembro de la Comisión Nacional de Justicia de Ciudadanos. Sánchez coincide en gran parte de las críticas hacia Lexnet, aunque muestra reservas ante la posible alteración de la seaparación de poderes.

"No acabo de estar de acuerdo con esa visión", nos aclara: "Por eso, he efectuado una solicitud de información y auditoría técnica y económica a través del Portal de Transparencia".

Para él, los problemas de Lexnet son muy numerosos, aunque irían por derroteros medianamente distintos: "El problema de Lexnet es que está obsoleto, es lento, no sabemos quién lo ha hecho, no sabemos cuánto se ha pagado por él, no tenemos acceso al código fuente para ver si es seguro... El problema es que todo se ha llevado con secretismo y no podemos auditar la tecnología", asegura.

Podemos y Ciudadanos, los únicos partidos en contra de Lexnet

¿Y los partidos emergentes? ¿Qué opina la nueva política acerca de Lexnet? Lo cierto es que sus posiciones, con ciertos matices, son mayoritariamente contrarias a este sistema. De hecho, Podemos y Ciudadanos han sido los únicos partidos en intentar acabar con este sistema o al menos aplazar su obligatoriedad.

El primer paso llegó el pasado 29 de febrero, cuando Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en la que pedía una moratoria de la obligatoriedad de Lexnet ante los incumplimientos causados por su complejidad. Sin embargo, el partido de Albert Rivera no tuvo suerte: tras las intervenciones, su PNL obtuvo el apoyo de Ciudadanos y Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero la negativa de PP y PSOE.

Aquel mismo día, Podemos-En Comú Podem-En Marea fue más allá y propuso una enmienda en la que citaba a Javier de la Cueva e incidía en su misma queja: la injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial y, por tanto, la separación de poderes que marca la Constitución. Sin embargo, esta enmienda no tuvo apoyos más allá del propio grupo parlamentario.

Por otro lado, y una vez derribada su PNL, Ciudadanos ha llevado a cabo dos nuevas iniciativas en este sentido: una ocurrió el pasado 14 de abril, cuando solicitó al Ministerio de Justicia un "informe de los contratos suscritos con empresas públicas y privadas desde el año 2000 en orden al análisis, diseño, desarrollo, construcción, implantación, mejora o mantenimiento de Lexnet".

La segunda tuvo lugar el pasado 20 de abril, cuando el grupo parlamentario de Albert Rivera solicitó al Ministerio de Justicia acceder al código fuente de Lexnet para comprobar, analizar y evaluar su funcionamiento.