Cinco tecnologías que el próximo presidente del Gobierno tendrá que regular

Sea quien finalmente sea, al próximo presidente del Gobierno le van a caer muchos marrones: el paro, la economía, la corrupción, las políticas de recuperación... pero no son los únicos.

Prácticamente todos los sectores productivos de nuestro país se enfrentarán durante los próximos cuatro años a innovaciones de todo tipo. Y seguramente la tecnología y todo lo que tiene que ver con la economía digital será uno de los más sujetos a estos cambios.

Y es que el sector tecnológico no para de cambiar en todo el mundo, y nuestro país no va a ser una excepción. Por eso, existe una variedad de sectores y subsectores en los que el próximo presidente del Gobierno tendrá que aplicar una inédita legislación o renovar la existente. Son algunos de los siguientes.

1.- Coche compartido/car sharing

Muchos lo engloban dentro de la autodenominada economía colaborativa (de la que hablaremos después), pero lo cierto es que la compartición de coche ha acabado constituyendo, de un modo u otro, un subsector en sí mismo.

De hecho, 2015 ha sido el año en el que más se ha debatido en nuestro país sobre las tres aplicaciones más usadas y polémicas en este sentido: Uber, que fue cerrada cautelarmente y sigue en espera de juicio; Cabify, que por ahora sigue abierta pero tiene una causa abierta; y Blablacar, cuya lucha legal con la patronal de autobuses también permanece activa.

¿Empresas de transporte? ¿Agencias de viajes?

Estas tres aplicaciones (y todas las del estilo) se rigen por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), pero dicha ley plantea algunas dudas en cada caso: ¿son Uber, Blablacar o Cabify empresas de transportes? ¿O sólo simples intermediarios tecnológicos entre conductor y pasajero? ¿Puede alguna ser en realidad una mera agencia de viajes, como se autodefine Cabify?

Con tantas causas judiciales abiertas, parece evidente que en todos estos casos la LOTT no parece una ley lo suficientemente completa, con lo que el partido que gobierne se verá obligado por dichos agentes sociales a implantar una legislación clara que acabe con tanta duda.

2.- Fintech

Está claro que la financiación alternativa aún no es una amenaza real para el sistema financiero tradicional, pero no es menos evidente que cada vez son más los bancos que empiezan a verle las orejas al lobo y a preguntarse si toda esta tecnología aplicada a las finanzas no les acabará comiendo terreno.

De hecho, en España los bancos ya están moviendo ficha: BBVA, Santander, La Caixa... todos se han puesto manos a la obra y ya están desarrollando o comprando soluciones tecnológicas aplicadas tanto a las finanzas globales como a la economía familiar del día a día.

Un complejo andamiaje legal

En nuestro país, las compañías que se dedican a este tipo de tecnologías (que van desde el pago móvil a la gestión de los ahorros, el equity crowdfunding o el crowdlending) no están experimentado excesivas complicaciones legales (excepto en el caso del crowdfunding), aunque también es cierto que el ojo vigilante de la CNMV siempre les acecha.

Y es que parte de los problemas de este tipo de compañías es que muchas de ellas ni siquiera saben como qué tipo de empresa registrarse ni a qué ley concreta someterse, ya que en casi todos estos casos las leyes concurrentes no previeron que internet pudiera ser un nuevo espacio de batalla.

Si a ello le sumamos el hecho de que el uso este tipo de soluciones tecnológicas no para de crecer en todo el mundo, el resultado está claro: se hace necesario desarrollar legilación específica para estos casos.

3.- Economía colaborativa

Es casi la pregunta del siglo: ¿qué demonios se supone que es exactamente la economía colaborativa? ¿Qué no es? En apenas dos años se ha convertido en el término de moda, sobre todo debido al indudable carácter simpático de la semántica que entraña.

Sin embargo, no son pocas las voces que consideran que el término puede acabar siendo un claro refugio de economía sumergida. Por ello, parece necesario separar el grano de la paja cuanto antes.

Trabajadores autónomos, dinero negro...

Porque vamos a ver: si entro en una web en la que encuentro a personas que me limpian la casa, me sacan al perro o me traen la compra por un precio concreto, ¿deben esas personas estar dadas de alta como autónomas? ¿O lo insignificante de sus ingresos no merece que se les obligue a cotizar?

Webs de este tipo hay por todas partes: de recados, de limpiadores, de servicios a domicilio... ¿Es eso economía colaborativa? E independientemente de que lo sea o no, ¿hay que cotizar por esos ingresos? ¿De qué manera se hará? Hay muchas preguntas, pero muy pocas respuestas.

4.- Drones

Uno de los aparatos tecnológicos más fascinantes del momento, qué duda cabe, pero con una legislación hecha deprisa y corriendo. De hecho, hasta hace muy pocos meses su uso era casi totalmente ilegal en nuestro país.

Fue a principios de julio cuando el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Ley urgente para legislar de forma somera los drones, cuyo uso quedó casi reducido a las prácticas industriales y empresariales bajo unos requisitos muy concretos, lo que está cortando las alas a un sector emergente con bastantes posibilidades.

¿Dron para uso recreativo?

Pero, ¿qué se puede hacer (y qué no) con un dron en España? Los pocos colectivos que actúan a modo de lobby en este sentido ya están pidiendo una nueva legislación, más reposada, que amplíe los usos de estos aparatos.

Pero no se queda ahí la cosa, ya que el uso recreativo de los drones (es decir, que cualquier ciudadano se compre uno y lo ponga a volar) está muy restringido. Y no son aparatos de masas, evidentemente, pero su popularización va en aumento, con lo que esta legislatura tendrá que aprobarse una nueva ley que reglamente su funcionamiento.

5.- Crowdfunding de recompensas

2015 fue el año en que el Gobierno se decidió a legislar el equity crowdfunding (financiación colectiva de una empresa a cambio de acciones) y el crowdlending (financiación o préstamos entre personas), pero todo el proceso se vio rodeado de varias polémicas y debates debido a la improvisación de la ley.

Y es que, aunque la ley que actualmente regula el crowdfunding ha acabado contentando medianamente a los agentes sociales implicados, el primer documento propuesto presentaba varios errores de concepto que hicieron que las propias plataformas exigieran un sinfín de cambios. Sin embargo, y a pesar del momentáneo bienestar, las plataformas ya han asegurado que más pronto que tarde habrá que ampliar los límites.

¿Y el crowdfunding de recompensas?

Pero no será esa la única ampliación que habrá de hacerse a corto plazo. Y es que la ley actual optó por dejar fuera el crowdfunding de recompensas, el que todos conocemos, una práctica a la que cada vez recurren más músicos que quieren financiar su disco, directores de cine que buscar editar sus obras o escritores que quieren que sus libros vean la luz.

Por ello, esta será la legislatura en la que el Gobierno español, sea el que sea, deberá acabar con las dudas sobre el crowdfunding de recompensas (que actualmente se mueve entre la alegalidad y la economía sumergida) y plantear un marco regulatorio para esta actividad.