Ikea descarta vender paneles solares en España por el descontrol jurídico

Los paneles solares de Ikea no se venderán en España. Al menos no con la ley actual. El minorista lleva desde 2013 coqueteando con introducir el producto en España, donde tiene mucho más recorrido que en otros mercados donde ya se vende como Reino Unido, Países Bajos o Suiza, pero el real decreto de autoconsumo aprobado el pasado 12 de octubre no ha satisfecho su expectativa. La compañía, que ha demostrado su compromiso con la inversión de más de 15 millones para lograr la independencia energética en sus tiendas de Málaga, Sevilla o Jerez, no ve clara la situación de los pequeños consumidores.

España es el único país donde @IKEA no puede vender placas solares por la legislación actual cuando somos el país del Sol #VotaMundoJusto

Los paneles deberían haber comenzado a venderse justo después del cambio en el marco legal, si bien desde Ikea matizan que no se cumplen los requisitos que esperaban: "Para llegar a España es indispensable que las personas puedan instalarlos en sus hogares, bajo una legislación energética de autoconsumo que sea clara y a largo plazo". Se consuma así el enésimo mazazo sobre los autoconsumidores españoles, que estaban a un paso de conseguir una instalación integral en casa por poco más de 5.000 euros.

Así, mientras el gobierno suizo subvenciona más del 60% del precio de estas instalaciones, en España el proceso de instalación es una ratonera burocrática que solo busca garantizar la posición de las eléctricas. Si usted aspira al autoabastecimiento, aun en el ámbito doméstico, necesita presentar una memoria técnica del diseño, solicitar un permiso a su proveedor de electricidad, instalar un segundo contador, pagar los derechos de acometida y enganche e inscribirse en un registro específico.

Multas y gastos añadidos

"Todo el proceso conlleva un año de papeleos en el mejor de los casos, además del pago de 1.000 ó 1.200 euros en trabas administrativas. Solo con esto se consigue que la mayoría desista", explica Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y miembro de Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Si se incumple alguno de estos trámites el ciudadano se expone a multas que van entre los 6 y los 60 millones de euros, "más del doble de lo que la CNMC le impuso hace unas semanas a Iberdorla por manipular precios", remata Morales de Labra. El Consejo de Estado ya advirtió al Gobierno de la posible anticonstitucionalidad de estas sanciones sin que haya obtenido respuesta.

El Gobierno desincentiva el autoconsumo con burocracia e incertidumbre jurídica

El consumidor que logra salir de la montaña de papeleo con éxito se encuentra en otra encrucijada, que se resume básicamente en pagar o pagar. Si instala una batería para acumular energía durante el día y usarla por la noche, y eso le sirve para rebajar la potencia que tiene contratada, se encontrará con una tarifa fija que sirve para "sufragar los costes del sistema", también conocida como el impuesto al sol.

Si, por contra, opta por no comprar baterías y aprovechar los paneles solo durante el día, entonces la energía excedente -la que no emplee pero tampoco pueda almecenar- tendrá que regalársela a la empresa eléctrica. "Si quieres vendérsela a la eléctrica, aunque solo sea para compensar el gasto, tienes que convertirte en empresario, hacer declaraciones trimestrales de impuestos, declarar los rendimiento en la Declaración de la Renta e incluso ofertar al mercador mayorista, como si el consumidor fuese una central nuclear", detalla Morales de Labra.

Queda, por último, el impuesto general al sol, que en principio no afecta a particulares: "Es cierto que se ha eximido del pago a los usuarios de menos de 10 kW, pero también que se trata de una medida temporal y que incluso el texto legal refleja las cuotas para este caso... ¿quién se va a meter en un proyecto de ahorro a 25 años con semejante incertidumbre?", dice el experto.

Ikea y su frustración con España

No es la primera vez que la normativa española da al traste con una línea de negocio de Ikea. Hace ahora un año, la multinacional sueca optó por entregar las llaves a su acreedor, el banco Santander, de una planta fotovoltaica que construyó en Cuenca en 2007. Tras siete años de vaivenes jurídicos, primero con Miguel Sebastián como titular de Industria y más tarde con José Manuel Soria, las pérdidas se acumularon en la cuenta de Ikea, cuyo plan de negocios se fue por el sumidero con la limitación de las primas.

La posición de Ikea con respecto a España y las renovables es, por tanto, más que escéptica. Fuentes no oficiales de la compañía apuntan a que no se moverá un dedo hasta que se asiente un texto legal con apoyo de la sociedad y que sirva, además, para fomentar una de las mayores riquezas potenciales de nuestro país. Por el camino, parece que poco o nada veremos del paquete de 600 millones que los suecos tienen pensado invertir a nivel europeo en energía verde durante los próximos años.