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Tras años de retraso, la Agencia de Investigación llega a días de las elecciones
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Tras años de retraso, la Agencia de Investigación llega a días de las elecciones

Este organismo debería haber visto la luz en 2012, y su creación era una recomendación firme por parte de la Comisión Europea. Algunos expertos critican las formas de su organización

Foto: El ministro de Economía, Luis de Guindos
El ministro de Economía, Luis de Guindos

La Ley de Ciencia aprobada en 2011 estipulaba que debía crearse una Agencia Estatal de Investigación en menos de un año. El parto ha sido largo, pues no ha sido hasta esta semana que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a su nacimiento. Su objetivo: agilizar el proceso de financiación y gestión de las ayudas del sistema científico español.

La necesidad de este organismo era clara: en 2014, un grupo de expertos de la Comisión Europea publicaba un informe sobre la situación de la ciencia española. Una de las recomendaciones llevadas al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, era la creación de una agencia para la investigación. Hace unos meses, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, aseguraba confiar en que la agencia estuviera operativa este mismo año.

La Agencia Estatal de Investigación llevará a cabo, según fuentes ministeriales, un "control financiero permanente" de la investigación española. Además, podrán guardar fondos de un año para otro como remanentes, en lugar de tener que gastarlos obligatoriamente ante la alternativa de perder el dinero no utilizado.

El informe ERAC de la Comisión Europea recomendaba que la agencia fuera independiente del Ministerio

Recomendada desde la Comisión Europea y muy ansiada por los investigadores españoles, la Agencia Estatal de Investigación ha llegado, pero no exactamente como se esperaba. La principal pregunta tras el anuncio hacía referencia a la fecha del anuncio. Un organismo que debería estar creado desde 2012 es aprobado a menos de un mes de las elecciones. Desde la secretaría de Estado aseguran que el retraso está motivado por la "complejidad" del proyecto y que "no se trata de una cuestión de partido".

La oposición no parece muy convencida. La secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE, María González Veracruz, calificaba de "burla" que "un Gobierno prácticamente en funciones apruebe uno de los elementos principales del sistema científico a 25 días de las elecciones sin tener presente la opinión de la comunidad científica ni de las Comunidades Autónomas".

Falta de independencia

La medida no sólo ha sido calificada de populista, sino que no cumple las recomendaciones de la Comisión Europea. El informe European Research Area Committee (ERAC) peer review, solicitaba que la futura Agencia Estatal de Investigación fuera "independiente de los ministerios". Pero el nuevo organismo estará encuadrado en el Ministerio de Economía y Competitividad, mientras que la secretaría de Estado de I+D+i se hará más pequeña para hacer sitio a la Agencia.

Además, el director de la Agencia será designado por un Consejo Rector todavía no constituido, que será nombrado en los próximos 60 días por el Gobierno. Este nombramiento también podría haber sido independiente, como sucede en el European Research Council (ERC), donde existe un comité de científicos escogido por los propios investigadores. Es más: el máximo responsable de estas agencias es escogido por en un concurso internacional en países como Portugal, y así lo recomendaba el informe de la Comisión Europea.

Otra recomendación de ERAC es la independencia presupuestaria de la Agencia. Esta, sin embargo, se crea a coste cero con los fondos ya existentes de la secretaría de Estado de I+D+i. Por este motivo Veracruz considera que el nuevo organismo es "un cambio de rótulos de los despachos de la actual secretaría". España pronto tendría su agencia de investigación, pero no tendrá la autonomía que disfrutan sus homólogas británicas, francesas y alemanas.

La Ley de Ciencia aprobada en 2011 estipulaba que debía crearse una Agencia Estatal de Investigación en menos de un año. El parto ha sido largo, pues no ha sido hasta esta semana que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a su nacimiento. Su objetivo: agilizar el proceso de financiación y gestión de las ayudas del sistema científico español.

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