esperan la ley definitiva desde hace dos años

El limbo de los drones: cómo España corta las alas a un sector naciente

El 4 de julio de 2014 el Consejo de Ministros aprobaba una ley para regular el uso de aeronaves no tripuladas, pero las empresas que basan su negocio en estos aparatos apenas pueden operar
Foto: Un dron vuela en el Parlamento Europeo.
Un dron vuela en el Parlamento Europeo.
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El 4 de julio de 2014 el Consejo de Ministros aprobaba una ley para regular el uso de aeronaves no tripuladas. Terminaba así la situación de alegalidad en la que se encontraban los cada vez más populares drones y se restringía su uso. En resumen: nada de volar estos aparatos sobre poblaciones urbanas o tomar imágenes de la gente. Hoy, estas limitaciones dificultan que las empresas que emplean este tipo de aparatos actúen de forma legal y obligan que este creciente sector se mantenga en punto muerto.

"En un año y medio la Agencia Estatal de Seguridad Aérea [AESA] ha dado de alta cerca de 700 empresas", asegura a Teknautas la CEO de Eurania, consultoría especializada en aeronáutica, Meritxell Codina. La experta subraya que el marco legal de 2014, "insuficiente desde que salió", iba a ser transitorio: "Desde el Gobierno aseguraron que enseguida saldría una normativa definitiva y mucho más completa". El problema es que, un año y medio después, las operadoras de drones aún esperan.

A grandes rasgos, la normativa actual obliga a que los operadores de cualquier empresa tengan un carnet de piloto especial. Los aparatos de más de 2 kg deben estar inscritos en el registro de aeronaves y está prohibido sobrevolar zonas urbanas con gran masificación sin el permiso explícito de AESA, así como tomar imágenes de grandes concentraciones de gente. Según Codina, "el marco es tan general que da lugar a muchas situaciones sin respuesta, por lo que el sector tiene las alas cortadas". 

Desde el Gobierno aseguraron que enseguida saldría una normativa definitiva y mucho más completa, pero un año y medio después todavía esperamos

Pongamos el ejemplo de una empresa especializada en tomar imágenes aéreas de eventos como, por ejemplo, una boda. Codina asegura que esta compañía no tendría, ahora mismo, ninguna posibilidad de hacerlo conforme a la normativa. "Sólo si no cumpliera la ley u operara desde la clandestinidad podría hacerlo". La experta añade que la demanda de este tipo de servicios por parte de lo clientes es alta, pero ignoran que sus peticiones no se pueden llevar a cabo.

Los operadores de drones no piden que se eliminen las restricciones sino que se complete una normativa, en su opinión, demasiado restrictiva. "Ahora mismo no se puede volar sobre núcleos urbanos, pero si el operador acredita que ha reducido el riesgo al máximo podrá ser autorizado en el futuro", explica Codina. Lo mismo sucederá con la toma de imágenes, que debe hacerse siempre "con la máxima prudencia".

Codina destaca el potencial del sector a la hora de generar empleos y riqueza. El problema, según la CEO, es que muchas operadoras nacieron pensando que el marco iba a ser transitorio: "Están declinando trabajos. Se encuentran en una situación vulnerable en la que no podrán mantenerse mucho tiempo". Un panorama "incongruente" si se tiene en cuenta que España "es la cuarta industria aeronáutica de Europa".

Los operadores de drones todavía esperan que la normativa transitoria deje de serlo, pero con las elecciones generales a la vuelta de la esquina parece probable que la situación se mantenga igual hasta 2016. "Se dijo que iba a ser algo rápido, pero ha pasado año y medio y no hay fecha para que esto se apruebe", comenta Codina. Desde AESA aseguran que "la máquina administrativa ya está en marcha" y que el resto ya no depende de ellos.

¿Y los particulares?

La situación legal de los drones españoles impide el despegue de todo un sector, pero también afecta a los aficionados. En el último año y medio la moda de estos vehículos ha crecido y no es difícil ver a algún vecino pilotando uno. Las restricciones no están claras: "No está muy bien regulado porque era muy minoritario hasta ahora, pero en teoría su uso está limitado a los campos de aeromodelismo", asegura Codina.

Las empresas no pueden volar sus drones sobre núcleos urbanos ni tomar fotografías, lo que restringe su trabajo

La mayoría de particulares desconoce la normativa, y una vez más la tecnología avanza más rápido que la legislación. El problema, según Codina, es que los cuerpos de seguridad de el Estado no están mucho mejor informados: "Es difícil que puedan hacer cumplir la normativa porque la desconocen".

Los drones españoles ya no están en ese limbo legal de 2014, pero se mantiene el desconocimiento de la ley por parte de particulares y la dificultad de las empresas para operar conforme a la ley. Un potencial desaprovechado para un sector que de momento lo tiene difícil para alzar el vuelo.

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