Denuncian al Gobierno ante la UE por la LPI y piden su anulación

Diversas asociaciones españolas de usuarios de internet y técnicos de informática han denunciado al Gobierno español ante la Unión Europea por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que entró en vigor el uno de enero. El motivo de la denuncia argumentado en los documentos es la falta de notificación de la LPI a la UE, su incompatibilidad con diferentes directivas y la inseguridad jurídica que está generando.

La denuncia (texto completo aquí) ha sido interpuesta por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de Internautas (AI), la Internet Society Spain (ISOC-ES), la Asociación de Técnicos de Informática (ATI) y la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP). Todas han presentado ante la UE una denuncia conjunta exigiendo al Gobierno de España la anulación de la reforma de la LPI aprobada en el pleno del Congreso de los Diputados el 30 de octubre del año pasado.

Las asociaciones, mediante su plataforma DerechosenInternet.org, piden la retirada de esta reforma de la que aún no se conoce su reglamento, lo que, según ellas, está generando una situación de inseguridad jurídica. “Hemos decidido interponer una denuncia para frenar esta incomprensible reforma de la LPI. Consideramos que toda ella es un ataque a los derechos de los usuarios, a la libertad de información y a la innovación en Internet”, declaró Víctor Domingo, Presidente de la Asociación de Internautas.

Ausencia de notificación adecuada a la UE

La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) recuerda que España no notificó a la Comisión Europea los cambios en la ley, como el del artículo 32.2 de la LPI, más conocido como ‘Canon AEDE’. La reforma ha tenido un efecto inmediato al producir la salida del mercado español de varios agregadores de noticias, principalmente Google News, NiagaraRank y SystemAdmin. Estos servicios cerraron sus versiones españolas al exigir que se hiciera el pago de una “compensación equitativa” por el contenido que enlazaban.

Consideramos que la reforma de la LPI es un ataque a los derechos de los usuarios, a la libertad de información y a la innovación en Internet

Según Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI, "el hecho de que España notificara una versión inicial del Proyecto de Ley no exime de la obligación de notificar el artículo más relevante de esta reforma de la LPI [el 32.2], tal y como ha reconocido la Comisión".

Los demandantes declaran que esta reforma supone una restricción injustificada de la libertad de prestación de servicios, en contra del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del principio general de proporcionalidad y de la Directiva sobre Derechos de Autor.