Tres prácticas ilegales a las que nos someten las 'telecos'

Según el balance anual de Facua el sector de las telecomunicaciones continúa siendo el más denunciado por los consumidores, con más de un tercio del total de reclamaciones (37,6%), seguido por la banca (17,4%) y la energía (10,7%). La organizaciónha denunciado en repetidas ocasiones la pasividad de los ministerios competentes en materia de protección al consumidor y telecomunicaciones (Sanidad e Industria)y las autoridades autonómicas ante las frecuentes irregularidades. Y no le falta razón.

Los motivos principales de las denuncias son los incumplimientos de las ofertas comerciales, altas en servicios no solicitados o el cobro de llamadas no realizadas. Pero al margen de estas irregularidades que las propias compañías suelen enmendarnada más ser denunciadas, existen otras no tan evidentes y que según la normativa vigente también deberían cumplir.

Este es el caso de los cobros por el envío de los recibos en papel, las penalizaciones a aquellos usuarios que se han dado de baja al incumplir la operadora una obligación contractual o el hecho de que no liberen el móvil.

Penalizaciones ilegales

Son muchos losconsumidores que han sido víctimas de penalizaciones ilegales por parte de las operadoras. Un ejemplo lo tenemos en Movistar.Desde el pasado 1 de octubre los de Alierta comenzaron a cobrar a todos sus clientes de telecomunicaciones fijas por el servicio de contestador. Desde entonces, la compañia aplica a los usuarios una nueva tarifa de 6,05 céntimos por cada vez que escuchen sus mensajes del buzón de voz. Este cambio en las condiciones contractuales permite anular los contratos de permanencia anteriores sin que esto conlleve ninguna penalización. Algo que según Facua no está ocurriendo.

Y es que los compromisos de permanenciano sólo obligan a los usuarios a permanecer dados de alta durante un determinado periodo, sino también a las compañías a mantener las mismas condiciones tarifarias y de calidad de servicio.

Pero existen otros muchos casos de penalizaciones ilegales. "Durante las contrataciones por teléfono es frecuente que no se informe de alguna cláusula. En estos casos no te aclaran cuál es la penalización que te pueden cobrar por darte de baja de forma anticipada. Se suelen grabar las conversaciones pero cuando el usuario solicita la grabación en algunos casos se niegan a enviarla. Esto también es ilegal porque el usuario tiene derecho a acceder al contrato", ha añadido Sánchez.

Tienes derecho a que liberen tu móvil

Ha sido una de las grandes batallas que poco a poco han ido ganando los usuarios. Sin embargo, a día de hoy todavía existen reclamacionesdonde se denuncia la reticencia de alguna telecos a hacerlo en algunos casos determinados. Hablamos de la obligación por parte de las operadoras a liberar los teléfonos móviles.

En enero de 2012el Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades autonómicas de protección al consumidor emitieron un informe en el que concluyeron que la venta de móviles no liberados es una práctica ilegal, al incurrir en cláusulas abusivas prohibidas por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Desde hace tiempo han sido varias las compañías que comenzaron a liberarlos casi a regañadientes. De esta forma Orange, Vodafone y Movistar ya lo hacenaunque con algunas incidencias según ha denunciado Facua.

Según la organización de consumidores Yoigo ha dejado de venderlos bloqueados pero es la única de los cuatro grandes que sigue sin liberar los que tiene vendidos. Desde la operadora han asegurado a este periódico que sí lo hacen. De cualquier forma, al usuario le conviene saber que sea cual sea la compañía tiene derecho a que le liberen el dispositivo.

Cobrar por el envío de los recibos en papel

Cobrar por el envío de los recibos en papeles una práctica también ilegal y por la que han sido denunciadas varias compañías de telecomunicaciones.

El pasado2014 entró en vigor la última modificación de la Ley General para laDefensa de los Consumidores y Usuarios cuyo artículo 63.3 se dedica expresamente a esta práctica abusiva:

"En los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la factura en papel. En su caso, la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor. La solicitud del consentimiento deberá precisar la forma en la que se procederá a recibir la factura electrónica, así como la posibilidad de que el destinatario que haya dado su consentimiento pueda revocarlo y la forma en la que podrá realizarse dicha revocación. El derecho del consumidor y usuario a recibir la factura en papel no podrá quedar condicionado al pago de cantidad económica alguna".

A día de hoy ninguna operadora debería cobrarlo.En caso contrario Adicae pone a disposición de los consumidores un modelo de reclamación para solicitar a las operadoras el dinero indebidamente cobrado, además de aconsejar a los ciudadanos que revisen sus facturas para ver qué conceptos de cobro vienen reflejados.