Google responde al derecho al olvido de Europa con una web para borrar datos

Ha tardado poco en reaccionar a la justicia. Pocos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara el derecho a la cancelación de datos de los usuarios de internet defendido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y obligara a los motores de búsqueda a retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que perjudican a un ciudadano y no son pertinentes, Google ha respondido con un formulario web que permite solicitar directamente la eliminación de resultados de búsqueda.

El formulario (al que se puede acceder desde este enlace) trata de facilitar el camino hasta lo que se conoce como el "derecho al olvido". A través de él los usuarios pueden introducir los enlaces que creen que les están afectando y explicar las razones por las cuales deberían retirarse.

Hay que tener en cuenta en este sentido que el TJUE señaló que hay que encontrar un equilibrio entre el "interés legítimo" de los internautas que pueden estar interesados en la información en cuestión y los derechos fundamentales del afectado. Es decir, que no todos los casos valen y ni mucho menos se retirarán todos los enlaces.

Google está trabajando en la formación de un comité de expertos en Europa para solucionar los posibles problemas que se puedan plantear. Entre los miembros de ese grupo hay un español: José Luis Piñar, exdirector de la AEPD

Según ha aclarado Google España a Teknautas, los encargados de resolver cada solicitud que llegue a través de esta herramienta serán el propio buscador y la AEPD.

El propio Larry Page ha reconocido que la tecnológica ya está trabajando en la formación de un comité de expertos en Europa para solucionar los posibles problemas que se puedan plantear en un futuro. Según ha revelado Google España a este periódico, entre los miembros de ese grupo hay un español: José Luis Piñar, exdirector de la AEPD.

El periódico Financial Times destaca a otros miembros como el presidente de Google, Eric Schmidt, el consejero general David Drummond, y Jimmy Wales, fundador de Wikipedia.

Criterios que se tendrán en cuenta para cada solicitud

Según explica Google en su página, entre los los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de valorar la retirada o no de un enlace está el de si los resultados incluyen información obsoleta sobre el usuario, así como si existe interés público por esa información (por ejemplo, información sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del gobierno).

El TJUE explicó tras su sentencia que para solicitar la retirada de enlaces a los buscadores se tendría en consideración:

1. La naturaleza de la información que se trate.

2. Si esa información es de carácter sensible o no para la vida privada del particular.

3. El interés público en disponer de dicha información. Es decir, si por razón de la persona o la materia sobre la que versa lo publicado, sigue vigente el derecho a la información.

4. Que la información que se pretende no indexar sea: a) inadecuada, b) no pertinente o fue pertinente en su momento pero ya no lo es, o c) excesiva en relación con los fines del tratamiento en cuestión.

No pueden solicitar el derecho a la cancelación de datos aquellas personas que por razones concretas desempeñen funciones en la vida pública

Según ha explicado a Teknautas Joaquín Muñoz, abogado del español que ganó el caso contra Google, Mario Costeja, "no pueden solicitar el derecho a la cancelación de datos aquellas personas que por razones concretas desempeñen funciones en la vida pública", como puede ser por ejemplo el caso de políticos o funcionarios públicos, ya que según la sentencia "la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener acceso a la información de que se trate".

En relación con el formulario web lanzado por Google, la AEPD ha expresado que "analizará detenidamente el procedimiento conjuntamente con las autoridades de protección de datos europeas y velará porque la solución propuesta garantice efectivamente el respeto de los derechos de los ciudadanos a la vida privada y a la protección de sus datos personales”.