CUESTIONAN LA LEGALIDAD DE LAS PLATAFORMAS

Guerra total de la industria contra el consumo colaborativo en España

Los sectores del transporte y la hostelería están abanderando una dura campaña contra webs como Blabacar o Airbnb, que están dañando su negocio
Foto: Guerra total de la industria contra el consumo colaborativo en España

Cuando el consumo colaborativo irrumpió en nuestras vidas hace aproximadamente un lustro, no es de extrañar que justo antes de la crisis financiera global, parecía un fenómeno inocente, una nueva tendencia henchida de buenismo, pero con poco recorrido. El tiempo ha demostrado lo contrario, sobre todo en dos sectores económicos clásicos: el alojamiento y el transporte, que están sufriendo en todo el mundo el auge de plataformas como Airbnb o Blablacar, paradigmas de este nuevo modelo de negocio.

En cada una de sus vertientes, el consumo colaborativo se basa en la dotación de determinados servicios entre particulares, sin intermediarios, saltándose gracias a internet los canales de las empresas que tradicionalmente se han encargado de proveerlos. Se trata de un movimiento nacido en la red, donde en los últimos años han surgido una serie de plataformas, algunas convertidas hoy en corporaciones de notable tamaño, que han canalizado la tendencia, explotándola al mismo tiempo a nivel comercial.

No se puede regular en contra de internet. Es más, exigimos la regulación porque hay muchas personas que llegan a fin de mes gracias a los alquileres y ahora mismo están angustiadas, en el sentido de que no saben si están haciendo algo ilegal. Se precisa es una regulación inclusivaTécnicamente, el consumo colaborativo se apoya en el peer to peer, protocolo más conocido por representar uno de los máximos problemas para la industria en el ámbito de la lucha contra la piratería. En ese sentido, esta tecnología se está convirtiendo en parte fundamental en la transformación de negocios tradicionales, incluso la banca: en España, una de las startups del momento es Kantox, especializada en transferencia de divisas mediante P2P.

El caso Blablacar en España

Es un hecho que el consumo colaborativo está hurtando clientes en determinados sectores, por eso ahora la industria establecida acusa a las plataformas que lo auspician de competencia desleal, argumentando que no están sometidos al mismo régimen fiscal, ni al mismo sistema de licencias, ni siquiera a los mismos filtros de calidad.

A nivel global, se está produciendo en la actualidad un intenso debate sobre el tipo de regulación que es necesario implementar para poner puertas al campo del consumo colaborativo. En España, la guerra también está servida, con un reciente y delicado precedente: la imposición de límites al crowdfunding

En este caso, el asunto todavía no ha llegado al Consejo de Ministros, pero el último capítulo de la contienda ha tenido como protagonistas a Fenebús (Federación de Nacional Empresarial de Transporte en Autobús) y Blablacar, la red social que conecta conductores con asientos libres con pasajeros que quieren hacer el mismo viaje. Se trata de una startup de origen francés que está teniendo un éxito inusitado en España. En total, más de un millón de personas viajan en Europa mediante este servicio.

Fenebús ha pedido el cierre de Blablacar argumentando que no paga impuestos y, en ese sentido, ejerce una actividad ilegal que atenta contra la actividad de las empresas de transporte legalmente establecidas, autorizadas para ejercer ese servicio mediante un sistema de licenciasFenebús ha pedido el cierre de Blablacar argumentando que no paga impuestos y, en ese sentido, ejerce una actividad ilegal que atenta contra la actividad de las empresas de transporte legalmente establecidas, autorizadas para ejercer ese servicio mediante un sistema de licencias. Sobre esta circunstancia, los responsables de la plataforma indican que, en efecto, no tributan, porque la reserva de un asiento en un vehículo es gratuita, mientras que el intercambio monetario se produce, mano a mano, entre usuarios particulares que se ponen de acuerdo en un precio, que generalmente se paga en efectivo.

De momento, Fenebús ha denunciado la situación en tres instancias: Ministerio de Fomento, Defensor del Pueblo y Dirección General de Tráfico, aunque los últimos han asegurado que no tienen competencias. La federación de empresarios también se propone presentar una reclamación por competencia desleal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Guerra legislativa

En el caso del alojamiento entre particulares el escenario no es menos delicado. En España, la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permitía este tipo de negocios, aunque tras su última reforma se han transferido una serie de competencias a las autonomías, muchas de las cuales, como Baleares -donde se han planteado multas entre 40.000 y 400.000 euros- están a favor de prohibir el negocio del alquiler entre particulares, aludiendo a que no cuentan con los requisitos necesarios, como puede ser el servicio de limpieza.

Mientras en las principales capitales del mundo se están adoptando una serie de medidas restrictivas -en Nueva York y San Francisco se ha estipulado en un mes la estancia mínima de un alquiler; en París en siete días-, en España han sido la Comunidad Valenciana y Cataluña las pioneras en la regulación de la cuestión, aunque según la industria ambas legislaciones son demasiado laxas: la regulación sólo obliga a los anfitriones a darse de alta en un registro, como parte de un código de buenas prácticas.

La Gran Vía madrileña (Ayuntamiento de Madrid)
La Gran Vía madrileña (Ayuntamiento de Madrid)

Ahora, llega el turno del País Vasco y la Comunidad de Madrid, región estratégica desde el punto de vista del debate, teniendo en cuenta que la capital es uno de los mayores destinos turísticos de Europa. Si el gobierno vasco ya ha anunciado que su próxima Ley de Turismo regulará esta actividad económica, en Madrid existe un borrador que actualmente se encuentra en proceso de revisión de alegaciones.

Las principales provienen de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), que ha explicado a Teknautas su posición a través de su presidente, Antonio Gil.

"Se trata de un nuevo nicho que esta siendo aprovechado por empresas dedicadas de forma exclusiva a este tipo de alquileres usando los medios que permite la informática. Se está intentando vestir esta actividad con el disfraz de 'consumo colaborativo', pero esto tiene poco que ver con la realidad. Su único objetivo es ofrecer un servicio como el de los hoteles, las pensiones, los hostales y los hostels, pero sin las exigencias legales de estos establecimientos", subraya Gil. "Estamos ante un negocio, se vista como se quiera vestir", añade.

Se está intentando vestir esta actividad con el disfraz de 'consumo colaborativo', pero esto tiene poco que ver con la realidad. Su único objetivo es ofrecer un servicio como el de los hoteles, las pensiones, los hostales y los hostels, pero sin las exigencias legales de estos establecimientos"Queremos que se les exija lo mismo que a los demás establecimientos para proteger al consumidor, las inversiones de los hoteleros y también a los vecinos. En Barcelona, en los barrios en los que se han extendido este tipo de viviendas para uso turístico los vecinos están saliendo a la calle: nadie quiere tener un hotel fuera de control al lado de su casa", continúa.

En ese sentido, entre las alegaciones que han presentado para que se lleve a cabo la modificación de un borrador que consideran "demasiado laxo, en la línea de la ley de Cataluña, donde se han limitado a solicitar una comunicación responsable en cuanto al alta de este tipo de viviendas y a la obligación de abonar la tasa turística", se encuentran las siguientes.

En primer lugar, la limitación de la estancia a un mínimo de siete noches, en la línea de París. En segundo lugar, la obligación de una licencia por uso turístico. Y por último: "Pediremos que los ayuntamientos regulen la concesión de estas licencias. Estamos convencidos que es una actividad 100% económica y hay empresas muy grandes detrás, como Airbnb. Confiamos todavía en que la Comunidad de Madrid se ponga de lado del sector hotelero. De lo contrario se fomentará una actividad económica sin control"

La versión del consumo colaborativo

Mientras tanto, la proliferación de startups basadas en el consumo colaborativo no deja de crecer. En España, dentro del sector del alojamiento, una de las más populares es Alterkeys. Chema González, su CEO, responde a Teknautas sobre las distintas cuestiones del debate.

Sobre la restricción de la estancia a un mínimo de siete días en una ciudad como Madrid afirma que "es absurdo, sería igual que prohibirlo, porque, por ejemplo, en Madrid, muy pocos turistas se quedan siete días, y la industria conoce perfectamente este dato, por eso quieren establecer este límite. Madrid tiene una de las estancias medias más bajas. En la Costa del Sol, por ejemplo, sería distinto", apunta.

En cuanto a la obligación de una licencia turística para los anfitriones, está de acuerdo con que exista "una regulación clara, con unos cánones y requisitos establecidos previamente, en la línea de la legislación puesta en marcha en Ámsterdam hace apenas un mes", subraya.

Chema González, CEO de Alterkeys
Chema González, CEO de Alterkeys

"Es un caso paradigmático, porque en un principio Ámsterdam había dado un 'no' rotundo a los alquileres vacacionales, pero ha cambiado de opinión. Ahora, los anfitriones deben darse de alta en un registro para que quede constancia. Además, deben pagar una pequeña cuota por persona y día. Además, como dueño, uno debe hacerse responsable de los riesgos que puedan derivarse de un determinado alquiler. En lugar de mirar hacia otro lado, han observado una necesidad y le han dado una cobertura legal acertada", agrega Chema González.

Alterkeys no solamente no fomentamos la economía sumergida, sino que hacemos todo lo posible para que la fiscalidad se cumpla. En nuestro caso, no hay ni un solo euro que no pase por los bancos. Hacienda puede trazar el rastro del dinero desde el origen hasta el final del procesoSobre las acusaciones de competencia desleal, refiriéndose a la propia Alterkeys, explica que "nosotros no solamente no fomentamos la economía sumergida, sino que hacemos todo lo posible para que la fiscalidad se cumpla. En nuestro caso, no hay ni un solo euro que no pase por los bancos. Hacienda puede trazar el rastro del dinero desde el origen hasta el final del proceso, desde nuestra cuenta hasta la del anfitrión. Hacienda puede ver cuánto ha ganado cada uno. Y a partir de ese punto, es la propia Hacienda quien establece una franja económica que obliga a las personas a pagar impuestos cuando se supera un determinado baremo".

En la misma línea, Rafael Martínez-Cortina, responsable del movimiento global Peers en España, defiende una regulación integradora del consumo colaborativo. "No se puede regular en contra de internet. Es más, exigimos la regulación porque hay muchas personas que llegan a fin de mes gracias a los alquileres y ahora mismo están angustiadas, en el sentido de que no saben si están haciendo algo ilegal. Se precisa es una regulación inclusiva", afirma.

En ese sentido, defensor de la idea de que el concepto del turismo ha cambiado, y los nuevos visitantes buscan una experiencia más humana, alejada de la frialdad de la habitación de hotel, su organización apuesta por la creación de la figura del anfitrión, de la que puedan beneficiarse tanto los hoteles como los particulares. "Los hosteleros han malinterpretado el consumo colaborativo. Piensan que ha surgido un nuevo competidor que les ha robado público objetivo, pero si ellos pudiesen incorporar el elemento humano diferenciador del consumo colaborativo, se generarían miles puestos de trabajo, personas que pagarían autónomos por ser los anfitriones de los turistas en una ciudad", propone.

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