"El martillo de Welch". "El gran inquisidor".
Oliver Bretz, del despacho de abogados
Clifford Chance, lo describió como "el poder detrás del trono", en una clara referencia a
Mario Monti. Dicen de él que es capaz de hacer insostenibles los argumentos más convincentes y las malas lenguas aseguran incluso que se lleva a su equipo de vacaciones, con su familia.
Francisco Enrique González Díaz fue, hace años, el principal promotor de los vetos a fusiones gigantescas tales como la de General Electric-Honeywell o Volvo-Scania. Hasta tal punto llegó su fama que The Wall Street Journal publicó en portada un perfil suyo bajo el título "Por si Mario Monti no asustaba lo suficiente". Ahora, este abogado español licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, es el encargado de proteger la libertad de expresión de Google en un caso que, de no ganarlo, puede poner patas arriba internet.
Todo comenzó en 1998, cuando el diario
La Vanguardia publicó, en su edición de papel y a instancias del Ministerio de Trabajo, una
relación de subastas judiciales públicas derivadas de distintos embargos, entre las que figuraba el nombre de
Mario Costeja González. Cuando el periódico digitalizó su hemeroteca, esta información apareció en Google. Costeja denunció los hechos alegando el derecho a la protección y cancelación de datos pero los de Mountain View no retiraron ningún enlace, aduciendo que el buscador tan solo es un intermediario y que, en todo caso, la responsabilidad es de los editores del medio de comunicación.
El caso llegó a la Agencia de Protección de Datos, después a la Audiencia Nacional y ahora, en un proceso sin precedentes, ha aterrizado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Luxemburgo. Las respuestas de este órgano son vinculantes porque es la instancia última en materia de Derecho Europeo. En ocasiones, son tan precisas que prácticamente resuelven el litigio. Y hay mucho en juego.
Fuentes vinculadas al caso han reconocido a Teknautas que "de dar la razón a la parte acusadora (Mario Costeja González), cabría la posibilidad de que a partir de ahora, cualquier usuario molesto con algún tipo de información tuviese la opción de que Google la retirase de los resultados de búsquedas. Es decir, que decidiese qué sale en los medios de comunicación y qué en los buscadores".
"¿Se dan cuenta de lo que podría suponer?", han añadido. "Mucha información podría desaparecer de los buscadores".
La pesadilla de Jack Welch
El caso tiene tanta trascendencia que Google lo ha dejado en manos de Francisco Enrique González Díaz. ¿Casualidad? No lo crean. El español era uno de los funcionarios con mejor preparación de los servicios dependientes de Mario Monti. Participó en la investigación de la fusión AOL-Time Warner, que fue admitida tras aceptar unas severas condiciones; en la de Volvo-Scania, que fue prohibida, o la de Mannesmann-Vodafone, aprobada bajo estrictas cláusulas. También echó por tierra la fusión entre General Electric y Honeywell (una operación valorada en más de 40.000 millones de euros), arruinando de esta forma el último sueño profesional del magnate Jack Welch que incluso le dedicó unas líneas en sus memorias, recordando con acritud sus duros interrogatorios.
"Un abogado español lleva la voz cantante en la investigación de algunas de las mayores fusiones que pasan por Bruselas", decía por aquellos días The Wall Street Journal.
González Díaz también trabajó para el juez
García Valdecasas, en el Tribunal Europeo. Después, fue miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea en el área de lo contencioso durante seis años y, finalmente,
fue contratado por el despacho de abogados Cleary Gottlieb, donde siguió desempeñando sus funciones en distintos casos. Ahora, este español que además habla inglés y francés perfectamente, tiene el futuro de Google en sus manos.
"Muy pocos letrados tienen tanto conocimiento del funcionamiento del Tribunal de Justicia", han asegurado a Teknautas colegas suyos de profesión. "Por lo que no es de extrañar que Google le haya contratado para este caso", han añadido.
El abogado no ha podido hablar de aspectos relevantes del litigio ya que todavía está abierto, pero sí ha comentado a Teknautas el hecho de que el gigante de internet haya apostado por él. "Mi perfil le ha debido de parecer satisfactorio a Google para llevar este caso", nos ha reconocido. "Para nosotros es un cliente muy importante y esperamos que el tribunal identifique los intereses que hay en juego y lo importante que puede ser para la sociedad de la información".
David contra Goliat
En frente del todopoderoso despacho internacional
Cleary Gottlieb se encuentra
Abanlex, un bufete pequeño ubicado en Madrid, que por hacer se ha hecho hasta
su propia página web y está fundado por tan solo dos jóvenes emprendedores:
Joaquín Muñoz y
Pablo Fernández Burgueño.
Muñoz, de tan solo 31 años, ha explicado a Teknautas cómo es enfrentarse a alguien tan importante: "Somos un despacho pequeño pero muy especializado en internet y en las nuevas tecnologías, algo que no suele ocurrir en los grandes. Por supuesto que causa respeto enfrentarte a Francisco Enrique González Díaz. Te exige ser muy riguroso y contar con una gran solidez jurídica. Fue nuestra primera vez en el Tribunal de Luxemburgo pero estuvimos muy tranquilos".
Y respecto a la fama del abogado de Cleary Gottlieb en los medios de comunicación norteamericanos, lo tiene claro: "A nosotros nos ha sacado The Washington Post, aunque fue gracias a este caso".
Sobre el litigio en cuestión, Muñoz ha añadido que: "En este caso, por un lado, el editor realiza el tratamiento de una información, y eso es lícito. Pero Google recoge esa información, la organiza y la muestra. Ese tratamiento es lo que está en duda. Nuestro objetivo es que la información se publique solo en La Vanguardia, pero no en otros sitios. Reclamamos un derecho de cancelación de datos, porque toda persona tiene derecho a decidir dónde aparecen sus datos”.
España se desmarca de Europa
De una forma u otra, lo cierto es que, de momento, todas las agencias europeas de protección de datos están de acuerdo con Google y la española es la única que se ha apartado de sus homólogos en este sentido. En nuestro país son ya 180 las personas que mantienen un proceso similar con el buscador, esperando que se les reconozca este derecho de cancelación. "Este es un conflicto que se está dando solo en España", han asegurado a Teknautas desde el departamento de comunicación de Google.
El gigante tecnológico se muestra firme en su postura, considerando que lo único que hace el buscador es hacerse eco de la información que se publica en internet. En ese sentido, traslada la responsabilidad a los editores de los medios de comunicación y critica las decisiones de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyas resoluciones ha recurrido.
"Hablamos de información lícita. Lo que ha hecho la Agencia de Protección de Datos es permitir que el periódico siga publicando ese dato, es decir, avala que es correcto; pero en cambio prohíbe a Google, como buscador, que indexe esa información, pidiéndole que retire el enlace", han argumentado.
"La mayoría de periódicos están implementando medidas no para retirar la información de sus páginas, sino para que no aparezca indexada en Google. El editor tiene control sobre lo que aparece en el buscador. Es él el que puede ordenar qué se rastrea y qué no", han añadido.
19/03/2013
(06:00)
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