Cazadores de ofensas en la red: ¿cuál es el precio de una injuria?

El hombre es un lobo para el hombre, también en internet. Teniendo en cuenta que 6 millones de españoles se mantienen conectados a las redes sociales 24 horas al día, según indica el último estudio de la Sociedad de la Información en España, no parece raro que los delitos por insultos, calumnias y revelación de secretos en la red se propaguen como una nueva epidemia. El ser humano vive en internet, luego también insulta en internet. Y hacerlo empieza a salir caro: al menos tanto como en la vida real. Además, es más fácil de demostrar.

En 2012, la Policía Nacional detuvo a 750 personas por este tipo de delitos virtuales, el triple que el año anterior. Los casos con que se encuentran las autoridades en España son heterogéneos, desde los simples 'prontos' y ‘calentones’ típicos del carácter español hasta los ejemplos más graves: las amenazas directas de muerte y agresión o los delitos de ‘ciberacoso’ y chantaje, por ejemplo cuando alguien coacciona a una segunda persona con publicar fotos comprometidas.

“Es normal que aumenten, estamos viviendo un 'boom' de las redes sociales. Los insultos no son más que una parte de la vida, y lo que hay en la calle lo encontramos en internet. Pero no hay que asustarse por los datos”, explica a Teknautas el abogado Jorge Campanillas, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información.

El volumen de insultos en la red es muchísimo mayor que esa cifra (750), pero la Policía sólo puede actuar si existe una denuncia previa; y sucede que la mayoría de personas agredidas en internet se conforma, en general, con la eliminación del ‘escarnio público’ apelando a la política de privacidad de la web donde se ha producido el insulto, por ejemplo en Facebook o Twitter.

Cuando alguien denuncia una ofensa en internet, la Policía deriva el caso directamente al Juzgado, y a partir de ese punto ya es decisión del magistrado de turno decidir si los hechos alcanzan la categoría de injuria o calumnia grave, caso en que el autor será investigado y finalmente detenido; o si los considera simplemente una simple falta. En general, nadie va a la cárcel, aunque depende de otros factores, como la reincidencia.

La Policía sólo está capacitada para actuar de oficio si se trata de una injuria a un funcionario público. Justamente en este punto es donde se produce el choque entre la libertad de expresión y el derecho al honor. 

Las corrientes más libertarias de internet creen que a los cargos públicos les va en el sueldo, y que los ciudadanos tienen derecho a expresarse en los términos más duros, sin llegar a la amenaza directa. Las más restrictivas, abogan por una persecución rotunda de las injurias.

"Me preocupa mucho que los gobiernos quieran regular demasiado, dando la sensación de que internet es impune. Que limiten las libertades puede ser preocupante, esperemos que no llegue a eso", apunta Jorge Campanillas.

Uno de los últimos casos más notorios en España ha terminado en una multa de 200 € al individuo que llamó “fascista, hija de puta” a la lideresa de UPyD, Rosa Díez. La política socialista Elena Valenciano también decidió recientemente retirarse de Twitter ante la presión de los insultos y la persecución a su familia.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, blanco habitual de los insultos en Twitter, ha usado muchas veces una táctica distinta a la denuncia. Retuitea los mensajes más duros incluyendo la cuenta de la Policía Nacional en su mensaje, por si pudiera interesarles. Una estrategia similar a la que recurre la periodista Isabel San Sebastián.

En internet no hacen falta testigos porque la propia red es un Gran Hermano infalible, y en ese sentido los delitos por injurias y calumnias son son mucho más sencillos de demostrar incluso que en la vida real.

Acostumbrados a tratar con ‘hackers’ más peligrosos, la Policía Nacional no se encuentra con demasiados problemas a la hora de encontrar a los autores de las insultos en la red. Además, en la mayoría de ocasiones los artífices de las ofensas no se molestan en ocultarse. Y casi nadie se va a un locutorio a insultar.

Pero ni siquiera cuando se trata de perfiles anónimos es difícil hallar el rastro. En este caso, el procedimiento principal de la investigación, cuando se trata de redes sociales, consiste en pedir a las compañías los datos técnicos precisos, una información que después debe rastrearse en el mundo real.