Está claro que los autónomos españoles se están convirtiendo en los mejores financiadores de las administraciones públicas de nuestro país, incluida la propia Hacienda. Si hace poco sabíamos que en la primera mitad de este año habían adelantado 390 millones en concepto de IVA de unas facturas no cobradas, ahora hemos sabido que las administraciones ya han contraído en 2012 unas deudas con los autónomos cercana a los 4.873 millones de euros, según un estudio de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Incumplimiento sistemático de la Ley de Morosidad

Los constantes retrasos en los pagos no solo suponen una clara falta de liquidez en autónomos y pymes, sino que, además, constituyen un incumplimiento sistemático de la Ley de Morosidad. Esta ley, que entró en vigor el 6 de julio de 2010, marcaba los límites que pueden marcarse las instituciones públicas y privadas a la hora de pagar a sus proveedores.

En el caso de las administraciones públicas, la ley marcaba un plazo máximo de 50 días para 2010, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.

Los autónomos cobran a los 161 días

Sin embargo, estos plazos no se están cumpliendo en nuestro país. Según una encuesta de ATA, los autónomos españoles cobran las facturas atrasadas de instituciones en una media de 161 días, una cifra muy por encima de la media en la Unión Europea (79 días).

Tan solo Italia (185 días) y Grecia (177 días) superan a España en el periodo de pago, mientras que Dinamarca (37 días), Alemania y Suecia (ambas 34 días) y Finlandia son los países que menos tardan en pagar a sus proveedores.

El Plan de Pagos, un rescate insuficiente

A lo largo de este año, y con la intención de adelgazar la deuda, nació el Plan de Pago, al que se acogieron las administraciones para solventar una dramática deuda de 15.229 millones de euros. Sin embargo, esta medida, que en su momento supuso un alivio para autónomos y pymes, ha tardado poco en perder eficacia, ya que las administraciones han seguido endeudándose con los pequeños colectivos empresariales.

Así pues, tras la "inyección de liquidez y moral" de este Plan, la realidad ha vuelto a las administraciones públicas, que parecen amenazar con una situación en la que, según ATA, "la bola puede volver a crecer demasiado y enquistarse de nuevo".