La Administración me debe dinero, pero hace años que cerré mi empresa

Desde que el Gobierno aprobase el plan por el que destinaba 35.000 millones de euros para que las administraciones pagasen a sus proveedores, la medida ha sido vista como un verdadero salvavidas, sobre todo, para autonomos y pymes. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Empresas que ya se han disuelto

Y es que, según el Servicio de Asesoramiento de Pago a Proveedores de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, hay varias circunstancias que podrían dificultar severamente los pagos. En primer lugar, según UPTA, existe "la posibilidad de que el titular de la factura haya desaparecido del mercado, bien por concurso de acreedores, bien por disolución de la sociedad, por lo que los acreedores de este titular no podrían cobrar sus derechos y tampoco reclamárselos al Ayuntamiento al no estar contemplada esta situación en el Real Decreto Ley".

Pero el hecho de que un proveedor presentase su factura en su momento y a día de hoy siga en activo tampoco es garantía absoluta de cobro: "Se teme que no estén todas las facturas existentes inscritas en el registro que los Ayuntamientos presentaron el pasado día 15", pero "lo más grave es que algunas podrían estar sin contabilizar, por lo que será difícil que en cualquier caso pudieran presentarse mas adelante".

El IVA anticipado

Por otro lado, el ya tradicional asunto del IVA anticipado a Hacienda -aún sin resolver- también puede ser un problema a la hora de que un proveedor cobre, sobre todo si se trata de "aquellos autónomos que, tras esperar un largo plazo a cobrar sus facturas, han solicitado su devolución de IVA y o bien están esperando resolución o bien la han cobrado ya, por lo que deberían devolver el importe de IVA que cobren nuevamente. Más grave resultará en el caso de que la factura adeudada todavía esté gravada por el anterior tipo impositivo de IVA".

Otros asuntos que preocupan -y mucho- a UPTA son "la pérdida de los intereses de demora, incluyendo los reconocidos en sentencia judicial firme", o "qué va a ocurrir con las entidades locales del País Vasco y Navarra, que. por tener un sistema fiscal propio, no están incluidas en el Plan".

Una serie de problemas que amenazan con afectar seriamente a este plan de pagos, y para los que ATA ya propuso una guía de diez pasos para asegurarse el cobro. Sin embargo, parece evidente que serán muchas las empresas que no tendrán seguro el cobro de sus servicios.