Pablo Soto: el informático que plantó cara y venció a la industria discográfica

En junio de 2008, Promusicae (la asociación que representa a la industria discográfica española) y las discográficas Universal, Warner, Sony y EMI demandaron a Pablo Soto, creador de programas P2P como Blubster, Piolet o Manolito P2P. En ese momento comenzó el infierno para este programador madrileño de 28 años [por entonces], que, aunque esperaba la noticia, se encontró con una demanda eterna, una petición de indemnización por valor de 13 millones de euros y una presión psicológica que casi nadie habría soportado.

No debe de ser nada fácil enfrentarse a una demanda millonaria por parte de las empresas discográficas más poderosas del mundo sin sentir ganas de abandonar, pero Pablo decidió intentarlo. Para ello, reclutó a David Bravo y Javier de la Cueva, dos de los mejores abogados de España en lo que se refiere a propiedad intelectual, y se lanzó a la aventura de plantarle cara a un conglomerado de empresas que, hasta ahora, vienen marcando las pautas de la mayoría de leyes que están intentando prohibir el compartimento de archivos en todo el mundo.

El juicio

El 20 de mayo de 2009, Pablo y sus abogados (escudados, además, por el también letrado José Ignacio Aguilar) acudieron a uno de los juicios más importantes relacionados con el P2P, tan sólo comparable al litigio que marcó el principio del fin de Napster (la primera red P2P mundialmente conocida). La demanda, que las discográficas interpusieron por la vía civil (ya que por lo penal era imposible que ganasen), acusaba a Pablo de crear "un software de intercambio ilegal entre particulares de música protegida", de infringir la propiedad intelectual e incluso de ejercer una competencia desleal con la industria.

Fueron tres días de un juicio larguísimo, con mucha tensión y con algo de juego sucio. El propio Pablo reconoce que el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, le hacía burla para que se desconcentrase ante la prensa en las declaraciones previas. Durante la vista, Guisasola también acaparó protagonismo desde el público cuando, a voces, llamó "macarra" a Javier de la Cueva. También Sánchez Álvarez (Universal) decidió comerse una bolsa de kikos justo cuando hablaban los abogados de Pablo. Fueron tres días de un juicio que, al margen de las anécdotas, acaparó la atención de medio mundo: el compartimento de archivos -del tipo que fuesen- estaba en peligro. Y la responsabilidad de los creadores de los programas, también.

La interminable espera

Si el juicio ya fue un duro trago para todos, lo que vino después no se quedó muy lejos. Más de dos años de tensión, de interminable espera y de una agotadora lucha que aún no se sabía si serviría para algo. Tres años de no saber si la industria se ha vuelto loca, si el juez también lo hará o si en realidad eres un delincuente que merece pagar 13 millones de euros por los terribles daños que has causado. Tras el revuelo inicial, los apoyos unánimes y la increíble cobertura mediática, Pablo se quedaba solo con sus abogados, esperando una sentencia que no llegaba ni a tiros. Y, de fondo, la pregunta de siempre: ¿Es un programador responsable del uso que se hace de la tecnología que ha creado?

Pues va a ser que no. Este lunes se hacía pública la sentencia que absuelve a Pablo Soto de todos los cargos que la demanda le imputaba. En el auto, el juez asegura que el software desarrollado por el demandado tiene una "función técnica totalmente neutra, estableciendo una red de comunicaciones que conecte a los usuarios a fin de poder intercambiar datos de audio (P2P)". Este hecho quedó patente en el interrogatorio que David Bravo y Javier de la Cueva realizaron al perito de la acusación:

La sentencia incluso alude a otras demandas contra webs de descargas, que siempre han sido absueltas, y defiende que en este tipo de plataformas "no existe infracción de propiedad intelectual". De hecho, y aunque los internautas que hacen uso de ellas sí infringiesen la ley, "el hecho de facilitarla [la infracción] no es una actividad prohibida en nuestra legislación". 

El juez también desestima que pueda haber cualquier tipo de competencia desleal. Esta acusación "no resulta acreditada en forma alguna", ya que "ni unos [los programas desarrollados por Pablo Soto] participan en los mercados de la producción y comercialización de fonogramas, ni los demandantes participan del negocio de la explotación de portales P2P a cambio de los ingresos que puedan obtener de la publicidad o la venta de las versiones premium de los programas".

Así pues, y tras las deliberaciones, el juez no sólo ha absuelto a Pablo Soto del pago de los 13 millones de euros, sino que además ha instado a las empresas demandantes a asumir todos los costes del litigio.

¿Y ahora, qué?

La sentencia del juez ha sido publicada en primera instancia, con lo que los demandantes pueden recurrir. De hecho, desde Promusicae ya han confirmado que lo harán. No obstante, la pregunta a posteriori que conviene hacerse no es sólo ésa, sino otra: ¿Qué perjuicio han ocasionado los demandantes al demandado? Cuando llegó la demanda, la empresa de Pablo contaba con ocho ingenieros que ya no están. Ni que decir tiene que, durante estos tres años y medio de lucha, a Pablo le ha resultado tácitamente imposible conseguir inversores para su empresa, con lo que el bloqueo al crecimiento empresarial de MP2P Technologies ha sido evidente. Queda en el aire, por tanto, la posibilidad de demandar a las discográficas por estos daños.

Pero ahora no es el momento. Tras más de tres años de dolor de cabeza, a Pablo le ha llegado el momento de celebrar una victoria a la vez que lee una y mil veces una frase que, seguro, ya ha memorizado: "Que, desestimando la demanda interpuesta por Promusicae, Universal Music Spain SL, Warner Music Spain SA, Sony BMG Music Entertaiment Spain SA y Emi Music Spain SA, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra, con expresa condena en costas a la actora".

Por el momento, los 13 millones de euros seguirán siendo #13millonesmiscojones.