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Zanahoria y palo. Es lo que parece desprenderse de la actuación de la Generalitat de Cataluña respecto a las residencias y centros de día: un puñado de centros que se quejaron públicamente de que la Generalitat no les pagaba recibieron en los siguientes días sendas inspecciones de la consejería de Acción Social y Ciudadanía, que dirige la republicana Carme Capdevila. “Hemos detectado impagos de la Generalitat a las residencias por un importe de 7 millones de euros -explicó a El Confidencial Josep Lluís Cleries, diputado de Convergència i Unió (CiU)-. Cuatro o cinco de ellas se quejaron públicamente hace tres semanas y la respuesta fue que la consejería de Acción Social y Ciudadanía les envió inmediatamente a sus inspectores”.

CiU presentó ayer una interpelación sobre la Ley de Dependencia que incluía, entre sus puntos, el tema de los impagos y la respuesta del Gobierno catalán. “No se puede utilizar un servicio de inspección como medida represora”, subraya Cleries. Algunos centros concertados esperan todavía más de 200.000 euros de los fondos públicos. Estos centros acogen a personas dependientes.

Tras la promulgación de la Ley de Dependencia, el mayor peso de los costes recae sobre las arcas públicas, ya que un pensionista que percibe 500 euros mensuales no podría costearse estos servicios. De este modo, si la tarifa media de costes es de unos 1.800 euros, el Estado se hace cargo de una parte importante, dependiendo de la pensión que tenga el paciente.

“Cuando tuvimos noticias de que había residencias con apuros, nos interesamos por el tema y descubrimos una deuda de 5 millones de euros. Dos días después, la deuda ya había ascendido a 7 millones”, explica el diputado convergente. En un primer momento, el Departamento de Acción Social atribuyó los retrasos a “un problema informático”, aunque para la oposición esta explicación es insuficiente.

Se ha comenzado a pagar

Desde la consejería no se ha dado ninguna versión de estos hechos, aunque este diario intentó obtener una versión directa del problema que afecta al Departamento. Fuentes oficiosas reconocieron a este diario que el problema existe y que ya se han tomado medidas: desde la pasada semana, se comenzaron a habilitar partidas para abonar los atrasos, aunque no especificaron qué dinero se había destinado a tal menester. La propia consejera Capdevila, aparte de acusar a Cleries de “posicionarse a favor de la patronal”, reconoció que “si nos mantenemos estáticos, no pasarán estas cosas. Pero estamos en un momento en que los servicios están en un continuo cambio y ello produce errores en la gestión”. Y le recordó que “en estos momentos, se están produciendo 126.000 programas de atención. Por tanto, estamos hablando de cifras muy importantes”.

“Desde que se ha puesto en marcha la Ley de Dependencia, han comenzado los problemas. No es que no funcionen los ordenadores. Se trata de un problema de gestión. No puede ser que haya centros que lleven nueve o diez meses sin cobrar. En este sector, casi todos son pequeñas y medianas empresas y no pueden aguantar una situación similar. Esto pone en peligro a todo el sector y no solamente a los dueños de estas empresas, sino a los trabajadores que forman parte de las plantillas de los centros”, afirma Cleries a este diario.

El diputado convergente también se queja de que “la consejera no ha contestado a lo que le pregunté. Y no lo contesta porque sabe que su respuesta no se puede aguantar y que la realidad es la que es. Se ha utilizado a los inspectores para ir contra los centros que se han quejado”.

Cleries, no obstante, reconoce que “es cierto que la dotación de la Ley de Dependencia es mala. Los gastos debían sufragarse al 50% entre el Gobierno central y la Generalitat. Pero, en la actualidad, por cada euro que pone el Gobierno central, la Generalitat ha de poner 3,25 euros. Eso es un lastre y se ha de resolver. Pero ello no implica que, en el tema de las inspecciones, se utilice un servicio público como medida represora”.