El PP resucita una figura suprimida para intentar suspender la Ley del Aborto

El PP intenta resucitar la figura del recurso previo, suprimida en 1985, para que el Tribunal Constitucional suspenda la Ley del Aborto, en vigor desde el lunes, hasta que se resuelva el recurso interpuesto contra ocho preceptos.

Así, lo recoge la Abogacía del Estado en su escrito de alegaciones a la paralización de la norma, solicitada por el PP. Esta figura jurídica, anulada por las Cortes generales hace 25 años, permitía dejar en suspenso una ley hasta que se resolviera el recurso.

El PP ya intentó en febrero modificar este punto y registró en el Congreso una proposición de ley para que se modifique la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) con el objetivo de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía o las propuestas de reforma de los mismos.

En la proposición, el PP recordaba que ya en 2006 el Consejo de Estado consideró que el control “a posteriori” no era “el más adecuado” y pidió que se considerara la conveniencia de reintroducir el recurso previo.

Sin embargo, actualmente el artículo 30 de dicha ley es contrario a la petición de la formación. Dice que “la admisión de un recurso no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley”, excepto en el caso que lo haga el Gobierno, a través del presidente, contra disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.

Con este precepto, el tribunal tiene muy poco margen de actuación. El propio abogado del Estado recuerda que la suspensión de una ley sólo se produce en casos “excepcionales”, y siempre y cuando haya sido solicitado por el Ejecutivo. La propia doctrina del tribunal señala que “tal suspensión sólo es posible cuando esté expresamente prevista, y ni la Constitución ni la Ley Orgánica de este Tribunal han atribuido a la interposición del recurso de inconstitucionalidad efecto suspensivo alguno cuando el recurso se dirige contra Leyes del Estado, ni han otorgado al Tribunal la facultad de acordar en este caso la suspensión de la Ley impugnada”.

La doctrina otorga eficacia a la Ley

El letrado enumera una serie de leyes que no han quedado en suspenso a pesar de haber sido solicitado, como la del Poder Judicial, la de Costas, el decreto de ley de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones o la Ley 21/2005, sobre la devolución a particulares del Archivo General de la Guerra Civil. Como bien dicen varias sentencias del órgano judicial, “la doctrina constitucional otorga una eficacia a la Ley, a cualquier Ley estatal, que no admite su debilitamiento hasta que recaiga sentencia”.

Con todos estos supuestos encima de la mesa, es complicado que salga adelante la pretensión del PP. Por tanto, los once magistrados deberán estudiar la inconstitucionalidad de los ocho preceptos recurridos mientras la norma se aplica en todo el Estado español. Ahí se verán las fuerzas de los dos bloques, que podría cambiar si un magistrado de lado progresista, Eugeni Gay, apoyara a los conservadores, teniendo en cuenta sus raíces profundamente católicas.

De todas maneras, hasta la próxima semana como pronto no se conocerá la decisión sobre la paralización de la ley. Según explican fuentes jurídicas, los magistrados están ultimando los votos particulares de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña y hasta que no finalicen con ellos no se pondrán con el otro asunto. Además, parece que el actual tribunal será lo único que haga con la actual Ley del Aborto. Probablemente esperen a que se renueve a los cuatro magistrados que están actualmente en funciones, entre ellos la presidenta María Emilia Casas, y que sea el nuevo tribunal el que aborde el asunto.