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La Generalitat de Cataluña paga. Eso es lo que afirman fuentes oficiales del Gobierno catalán, que aseguran que Convergència i Unió falta a la verdad al acusarles de no abonar las cantidades previstas a las residencias de ancianos y centros de día, además de enviar inspecciones a los que se quejaban, tal y como había manifestado el diputado convergente Josep Lluís Cleries a El Confidencial. Según este parlamentario, la formación nacionalista había detectado una deuda de 7 millones de euros a centros concertados. Cuatro o cinco de ellos, afirmaba Cleries, habían recibido la visita de los inspectores del Gobierno después de que hiciesen pública su queja.

Según fuentes oficiales del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, que dirige la republicana Carme Capdevila, “los inspectores se habían personado en los centros antes de las quejas públicas. En concreto, hubo tres centros que se quejaron. El primero, recibió la visita de los inspectores el 28 de diciembre; el segundo, el 19 de enero y el tercero, el 3 de febrero. Las quejas se plantearon el día 8 de febrero. Por tanto, es rotundamente falso que la Generalitat enviase a los inspectores como represalia”.

En el mismo sentido, se expresa el diputado de ERC Pere Bosch, que carga contra la formación convergente. Bosch lamenta que “CiU utilice las quejas de un reducido número de residencias sin contrastarlas y las utilice como arma política contra el Gobierno”. Y subraya que “las afirmaciones realizadas por el diputado Cleries son falsas”, al mismo tiempo que critica a la formación por “difundir falsedades”.

Las fuentes de la Administración admiten que durante al año pasado ha habido problemas técnicos para hacer efectivos algunos pagos. “No todos eran achacados a nosotros. Una de las residencias que protestó, por ejemplo, con sede en Collbató, no había presentado el alta de los abuelos que tenía, por lo que difícilmente se podría proceder al pago sin verificar los datos. Era imposible pagarle si no sabíamos cuántos residentes tenía. La información nos llegó durante el mes de enero, por lo que se procedió a su estudio y se continuó el trámite administrativo para solventar la deuda. Eso tarda unos días, no es automático, pero el tema ya está solucionado”.

Bosch reconoce también que las ayudas no llegan tan rápido como se desea, pero el problema radica en la actitud del Estado, “que no cumple con las dotaciones presupuestarias que ha de hacer con motivo de la ley de dependencia”. En este sentido, coincide con lo que el convergente Cleries manifestaba, ya que por cada euro que pone el Gobierno central, la Generalitat ha de sufragar 3,25 euros, cuando los gastos deberían repartirse al 50%.

Atrasos solventados

Un portavoz de Acción Social y Ciudadanía asegura a este diario que “todas las inspecciones realizadas por la consejería son ordinarias. Es nuestro trabajo enviar a los inspectores, ya que hemos de velar porque todas las residencias estén en condiciones óptimas, que en ellas haya una buena calidad de vida y que todo vaya bien. Pero jamás hubiésemos enviado una inspección como represalia porque eso sería una forma de actuar de mala gente”.

Los responsables del departamento de Capdevila afirman también que en las últimas semanas se han comenzado a pagar los atrasos, que en algunos casos llegan a los 10 meses. “En estos momentos, calculamos que ya hemos solventado el 90% de la deuda que teníamos”, añaden.

El Gobierno catalán, sin embargo, se queja de la actitud de CiU en este tema. “El diputado Josep Lluís Cleries ha mentido en sede parlamentaria al interponer una interpelación donde afirmaba que las inspecciones fueron posteriores a las quejas. Él sabía que no existía una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra, por lo que era consciente de que lo que estaba diciendo no se correspondía con la realidad. Ésta es una forma de actuar poco noble y ya veremos qué hacemos con el tema”.

Por su parte, el diputado Pere Bosch pide a Cleries “que se disculpe públicamente” cuando, en la próxima sesión del pleno del Parlamento, se vuelva a tratar el tema, puesto que se ha de abordar una moción subsiguiente a la interpelación que presentó CiU esta semana. Y critica “que algunos centros utilicen a los medios de comunicación de altavoz en vez de dirigirse a su interlocutor directo, en este caso la consejería de Acción Social y Ciudadanía”.

De momento, lo que quiere la consejera Capdevila es solventar definitivamente todos los problemas y controlar que los centros concertados “estén en condiciones”. En este sentido, las inspecciones continuarán su ritmo normal independientemente de los avatares que pudieran padecer las relaciones de la Generalitat con las residencias.