El espionaje de los servicios secretos colombianos a ONGs españolas llega a Bruselas

Teléfonos pinchados, correos electrónicos invadidos y seguimientos de personas son las armas que los servicios secretos de Colombia han utilizado para controlar en España a las organizaciones no gubernamentales que colaboran con asociaciones del país sudamericano durante los últimos años. Al menos tres organizaciones españolas han estado en el punto de mira del Departamento de Administración y Seguridad (DAS) desde el año 2005, según desvelaron documentos judiciales en Bogotá. El DAS es el principal servicio de espionaje del país y depende directamente de la Presidencia de la República. “La fiscalía se puso en contacto con nosotros y nos informó que había algunos documentos que evidenciaban que podíamos ser víctimas de espionaje”, explica a El Confidencial Amaia García, secretaria técnica de la Taula Catalana per Colòmbia, una ONG que integran organizaciones como Associació Catalana per la Pau, Sindicalistes Solidaris-UGT, Fundació Pau i Solidaritat (CCOO), Fundació per la Pau o la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, entre otras.

Los documentos apuntan a otras dos organizaciones españolas de corte similar: Justicia por Colombia, de Madrid, y la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, que ya han acudido a los juzgados para denunciar el espionaje. Las demandas se dirigen contra el ex presidente Álvaro Uribe, contra el ex director del DAS dentre 2002 y 2006, Jorge Noguera, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán Villalba Chávez, aunque no se descarta ampliar la lista de acusados o los delitos imputados conforme los documentos que se vayan descubriendo. “La tarea desempeñada por estas ONGs, víctimas de tan censurables comportamientos, no podía ser objeto de seguimientos, verificaciones, interceptaciones de correos ni en Colombia ni en el exterior, pues no se trataba de investigar delitos ni temas de seguridad nacional y su fijación como ‘blancos’ del G-3 afectó sus derechos fundamentales y extendió el concierto para delinquir al continente europeo”, señala la providencia de la fiscalía, a la que tuvo acceso el diario colombiano El Espectador.

En Cataluña, los miembros de la Taula tienen constancia de que tanto los teléfonos de la oficina como los correos de la entidad fueron pinchados. Los papeles que obran en poder de los jueces de Bogotá demuestran que el espionaje empezó en el año 2005 y no tienen constancia de más acciones similares. “De momento -señala Amaia García- estamos abriendo una investigación para saber si ese delito se ha mantenido en el tiempo. Y cuando tengamos toda la información calibraremos si interponemos una demanda judicial contra los responsables”.

Preguntas al Consejo de la UE

El espionaje a las ONGs españolas se enmarca dentro de una denominada Operación Europa, que buscaba desprestigiar a instituciones de derechos humanos e incluso a la propia ONU. En realidad, el tema ya despertó la curiosidad de algunos eurodiputados el pasado mes de abril. El representante Raúl Romeva, de ICV, presentó un escrito el 21 de aquel mes para que se investigase el tema. En junio, varias organizaciones no gubernamentales pidieron también a las instituciones europeas que tomasen cartas en el asunto. Y ayer mismo, Romeva y otros diputados presentados una batería de preguntas sobre el espionaje del DAS en Europa. Todo ello en un momento en que se negocia el tratado de libre comercio de la UE con Colombia y Perú. “El tema es grave -declaró Raül Romeva a El Confidencial-, porque ahora han aparecido papeles con instrucciones y menciones específica” sobre cómo desvirtuar los trabajos de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento europeo”. De momento, según el eurodiputado, no ha habido una investigación oficial, aunque sí contactos extraoficiales sobre el particular. Desde Colombia, se ha asegurado a las instituciones de la Unión Europea que el espionaje se hizo a espaldas del presidente Álvaro Uribe y que las interferencias ilegales de comunicaciones y seguimientos fueron cometidos “a título particular” por algunos de los directivos del DAS, que ya fueron cesados.

El DAS se ha visto involucrado en los últimos dos años en varios escándalos de espionaje a opositores políticos, magistrados, periodistas, funcionarios y a ONGs colombianas. Uno de los denunciados, Jorge Noguera, fue destituido en noviembre del 2007, después de filtrarse que trabajaba para grupos paramilitares con presencia en el país. A principios de este mes, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, lo mismo que el ex secretario general de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno. La Cámara de Representantes decidió también el pasado día 12 abrir una investigación al ex presidente colombiano por el tema de las escuchas ilegales. La fiscalía también investiga a Noguera por los rumores sobre su sospechoso enriquecimiento y sobre su presunta conexión con bandas de narcotraficantes.

Uno de los hombres clave, sin embargo, es Villalba Chávez, que estuvo destinado en Italia y era la principal antena de los servicios secretos colombianos en Europa. Este agente, que en junio del año 2006 fue nombrado por Uribe “personal operativo grado 22” del DAS, integraba el denominado Grupo Especial de Inteligencia G3, que se encarga de seguir a los activistas de Derechos Humanos. Según relata el fiscal en uno de los procesos judiciales iniciados en Colombia, los agentes actuaban mediante “operaciones de seguimiento, recolección de información sobre asuntos de carácter personal y privado, información financiera, interceptación de líneas telefónicas, correspondencia surtida mediante correos electrónicos y conformación de expedientes sobre sus actividades privadas y personales” de opositores y miembros de ONGs críticos con el Gobierno.