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El Observatorio de la Laicidad denunció la presencia de autoridades, del Ejército y de la Policía, así como el uso del himno nacional en las procesiones religiosas que han tenido lugar en diferentes lugares de España con motivo de la Semana Santa, puesto que, a su juicio, supone "una vulneración del principio de neutralidad del Estado", al poner evidencia una "confusión entre el Estado y una creencia particular, en detrimento de otras convicciones".

"El Estado parece apostar y privilegiar una determinada opción religiosa, olvidando que es la organización política de toda la ciudadanía", criticó el Observatorio de la Laicidad en un comunicado, en el que dijo rememorar con esta situación épocas medievales y del nacionalcatolicismo, "donde la confusión y unión del Estado con la Iglesia privilegiaba al catolicismo por encima de cualquier otra opción personal".

En este sentido, recordó que "las personas a título personal pueden y tienen derecho a manifestar sus convicciones sean religiosas o no, pero los funcionarios, las instituciones y las autoridades no". Por ello, considera que su presencia supone "atentar a la aconfesionalidad del Estado y su neutralidad ante las distintas opciones de conciencia que pueda tener la ciudadanía".

Asimismo, el Observatorio de la Laicidad denunció el uso del himno nacional en dichas procesiones, en contra de lo establecido legalmente en el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se regula su utilización. Además, argumentó que el Reglamento de Honores del Ejército mantiene el uso del himno nacional para el "santísimo sacramento".

Por ello, propone "eliminar la presencia del Ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional en procesiones y actos religiosos de cualquier tipo y confesión", así como "anular los nombramientos de carácter religioso a las Instituciones y Cuerpos del Estado".

Por otra parte, invitaron a "denunciar e impedir el uso del himno nacional en actos religiosos" y rechazaron la posibilidad de modificar el Reglamento de Honores Militares para permitirlo.

Por último, defendieron la necesidad de "regular la presencia de autoridades y funcionarios públicos, para que en cuanto tales no puedan asistir a ceremonias y actos religiosos", de tal modo que sólo puedan acudir "a título personal y no representativo del cargo o función que ostenten". A su juicio, así el Estado respetaría la libertad de conciencia del conjunto de la ciudadanía, "sin injerencias o privilegios hacia alguna de las opciones, con independencia del apoyo social que pueda tener cada una".